Policía y Guardia Civil "chocan" ante la jueza Tardón: versiones opuestas sobre lo que se sabía antes de la avalancha en Ceuta

La investigación sobre la crisis de Ceuta ha abierto un nuevo frente que afecta directamente a lo que ocurrió antes de que más de 72.000 personas cruzaran desde Marruecos los días 30 y 31 de julio. Policía Nacional y Guardia Civil ofrecen dos versiones diferentes sobre las alertas previas a aquella entrada masiva. Por un lado, existen informes policiales fechados los días 28 y 29 que advertían de un riesgo elevado de entradas irregulares, señalaban expresamente el día 30 e incluso contemplaban la posibilidad de que fueran miles de personas. Por otro, la Guardia Civil acaba de trasladar a la Audiencia Nacional que los avisos que manejó no permitían anticipar una avalancha de semejantes dimensiones.

La última versión figura en el informe de la Jefatura del Servicio de Información de la Guardia Civil entregado a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón. El Instituto Armado ha respondido así a las cuestiones planteadas por la magistrada el pasado 5 de agosto para conocer, entre otras cosas, si los agentes desplegados en Ceuta habían recibido algún aviso antes de que comenzara la entrada masiva.

La Guardia Civil no ha negado que existiera información previa. Su informe menciona las comunicaciones recibidas a través de los canales habituales de cooperación sobre la concentración de personas en el lado marroquí. Lo que sostiene es que esos avisos no permitían vislumbrar el escenario que terminó produciéndose en la frontera, con decenas de miles de personas accediendo a Ceuta a nado o bordeando a pie el espigón.

Y es precisamente ahí donde aparece la contradicción con la información que manejaba la Policía Nacional.

Los informes policiales del 28 y 29 de julio

Nos vamos a esa documentación revelada por El Español y Código 10 y que tanto revuelo provocó del Centro Nacional de Inteligencia y Fronteras (CENIF), unidad de inteligencia de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, había elaborado dos informes los días 28 y 29 de julio, justo antes de que estallara la crisis.

Esos documentos advertían de un riesgo elevado de entrada irregular de inmigrantes en Ceuta durante el día 30 de julio. Y la información no se limitaba a señalar movimientos de personas al otro lado de la frontera: los informes apuntaban también a cómo podía producirse el acceso y contemplaban la posibilidad de que fueran miles de personas las que intentaran entrar en territorio español.

La diferencia entre ambas versiones es, por tanto, sustancial. La Guardia Civil ha explicado a la jueza que los avisos que recibió sobre concentraciones de personas en Marruecos no permitían anticipar el posterior colapso. Sin embargo, la inteligencia policial había puesto por escrito, con hasta dos días de antelación, un riesgo elevado de entradas precisamente para el 30 de julio y había manejado un escenario que podía involucrar a miles de personas.

Son dos conclusiones distintas que ahora quedan encima de la mesa de la Audiencia Nacional y que resultan especialmente relevantes después de las explicaciones ofrecidas por Pedro Sánchez en el Congreso.

La Fiscalía ya ha informado a favor de que sea la Audiencia Nacional la competente para investigar los hechos. Las diligencias tendrán ahora que esclarecer, entre otras cuestiones, una contradicción que afecta al corazón de la gestión previa de la crisis: mientras la Guardia Civil asegura que sus avisos no permitían prever la avalancha, la Policía había elaborado dos informes antes del 30 de julio que advertían del riesgo elevado de entradas irregulares y contemplaban expresamente un escenario de miles de personas.