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Frente común por Ceuta: 13 autonomías elevan la crisis a “cuestión de Estado” y presionan al Gobierno

Las comunidades gobernadas por el PP, junto a Ceuta y Melilla, han aprovechado el Consejo de Política Fiscal y Financiera para cerrar filas con la ciudad autónoma tras la crisis fronteriza de los días 30 y 31 de julio.

Abrazo entre el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas

Abrazo entre el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Ceuta, Juan Jesús VivasDavid Mudarra

Alejandro Ibáñez
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La crisis de Ceuta ha irrumpido también en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Los consejeros de Hacienda de las comunidades gobernadas por el PP, además de los representantes de Ceuta y Melilla, han aprovechado la reunión de este viernes para cerrar filas con la ciudad autónoma y elevar lo ocurrido en la frontera los pasados 30 y 31 de julio a la categoría de “cuestión de Estado”.

En concreto, los responsables de Hacienda de Comunitat Valenciana, Andalucía, Madrid, Murcia, Castilla y León, Galicia, Baleares, Cantabria, La Rioja, Extremadura y Aragón, junto a Ceuta y Melilla, han suscrito una declaración institucional en la que han mostrado su respaldo a la ciudad ceutí y han reclamado una mayor implicación del Estado ante las consecuencias de la crisis.

Según ha explicado el Gobierno de Ceuta en un comunicado, los firmantes consideran que lo sucedido “trasciende el ámbito migratorio” porque afecta directamente a una frontera española y europea. A su juicio, la situación compromete aspectos que van desde la integridad territorial y la seguridad hasta la convivencia y el funcionamiento ordinario de los servicios públicos.

La declaración ha puesto especialmente el foco en el impacto económico y presupuestario que la crisis ha tenido sobre Ceuta. Las comunidades firmantes han destacado el esfuerzo realizado por la ciudad para responder a una presión extraordinaria sobre sus servicios públicos, su economía y sus recursos y han defendido que Ceuta no puede asumir en solitario las consecuencias de una emergencia de esta magnitud.

Por ello, han reclamado al Estado que aporte los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para afrontar la emergencia y recuperar la normalidad. También han pedido que los costes extraordinarios provocados por la crisis no terminen perjudicando a la estabilidad presupuestaria de Ceuta ni repercutiendo sobre la prestación de los servicios públicos a sus ciudadanos.

Pero las exigencias no se limitan a afrontar las consecuencias inmediatas de lo ocurrido a finales de julio. Los firmantes han solicitado un refuerzo permanente de la presencia del Estado tanto en Ceuta como en Melilla, con especial atención a ámbitos como la seguridad, la Defensa, la Justicia, la Sanidad y la Educación.

A ello han añadido la necesidad de modernizar las infraestructuras fronterizas e incrementar los medios personales, materiales y tecnológicos destinados al control de la frontera. La declaración ha incidido en la singularidad de Ceuta y Melilla como las únicas fronteras terrestres de España y de la Unión Europea en el continente africano. Precisamente por esa condición, los consejeros han reclamado instrumentos específicos para ambas ciudades en materias como financiación, seguridad, desarrollo económico y cohesión social, además de un compromiso permanente por parte tanto de las instituciones españolas como de las europeas.

El documento ha concluido con una llamada a la unidad institucional alrededor de Ceuta. “Ceuta no está sola, la defensa de Ceuta, de su estabilidad y de su futuro es una responsabilidad compartida por todas las instituciones y por todos los territorios de España”, han señalado los firmantes.

La declaración remata esa posición común con otro mensaje dirigido a reforzar el carácter nacional de la crisis: “Proteger Ceuta es proteger España y la frontera de Ceuta es la frontera de todos”. De esta forma, las comunidades del PP han utilizado el escaparate del CPFF para aumentar la presión sobre el Gobierno y reclamar una respuesta estatal que vaya más allá de las medidas adoptadas durante la emergencia.

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