La gerente del PSOE señala a Cerdán por los contratos bajo sospecha y Oliver sitúa a Leire Díez como su contacto en Ferraz
Ana María Fuentes sostiene que el exsecretario de Organización decidía las contrataciones investigadas y le comunicaba después que los trabajos estaban hechos para tramitar los pagos.
Leíre Díez, Ana María Fuentes y Santos Cerdán
La gerente del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco, ha situado este miércoles a Santos Cerdán en el centro de las decisiones sobre varios contratos que investiga la Audiencia Nacional dentro del denominado caso Leire Díez.
Fuentes ha declarado como investigada ante el juez Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, y durante su comparecencia ha defendido que las decisiones sobre aquellas contrataciones no partían de ella, sino de la entonces Secretaría de Organización del partido.
Según las informaciones conocidas tras el interrogatorio, la gerente ha explicado que era Cerdán quien decidía qué profesionales debían ser contratados y quien le preguntaba previamente si existía disponibilidad económica para asumir esos trabajos. Posteriormente, siempre según su versión, el exsecretario de Organización le comunicaba que los servicios habían sido realizados para que pudiera procederse al pago.
La declaración resulta especialmente relevante porque la investigación trata de esclarecer si determinados trabajos de asesoría jurídica facturados al PSOE respondieron realmente a servicios prestados al partido o si sirvieron para canalizar dinero hacia el entorno de Leire Díez.
Fuentes ha negado haber participado conscientemente en la confección de facturas falsas y ha defendido que su función se limitaba a tramitar económicamente unos encargos que llegaban desde la Secretaría de Organización. También ha asegurado que no mantenía relación con Leire Díez.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ya había situado previamente a Santos Cerdán en el circuito de algunas de esas contrataciones. En sus informes, los agentes sostienen que determinadas notas de encargo vinculadas a los abogados investigados se habrían articulado bajo las directrices del entonces número tres del PSOE.
Uno de los focos de la investigación está en los pagos realizados al abogado Jacobo Teijelo, letrado de Cerdán, que recibió 125.000 euros procedentes del PSOE por servicios jurídicos. Los investigadores analizan si la documentación que sustentaba esos pagos respondía a trabajos reales o si se utilizó como cobertura para otros movimientos económicos.
También se examinan los pagos relacionados con el abogado Ismael Oliver, que ha declarado igualmente este miércoles ante Pedraz.
Oliver ha señalado a Leire Díez como su contacto con el PSOE y, según las informaciones difundidas tras su comparecencia, ha manifestado que fue ella quien le planteó la posibilidad de facturar al partido por trabajos de asesoría jurídica.
La UCO ya había localizado conversaciones entre Oliver y Díez en las que el abogado preguntaba qué conceptos debía incluir en determinadas facturas. Los agentes investigan además el recorrido posterior de parte de ese dinero y su eventual conexión con la propia Díez.
El conjunto de operaciones bajo sospecha asciende a 152.225 euros, correspondientes a pagos canalizados a través de los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver.
La tesis de los investigadores es que parte de esa facturación pudo utilizarse como soporte documental para justificar movimientos económicos que no responderían a los servicios jurídicos reflejados formalmente en las facturas.
La versión ofrecida ahora por Ana María Fuentes introduce un elemento especialmente comprometedor para Santos Cerdán: la responsable de las cuentas del PSOE sostiene ante el juez que era el entonces secretario de Organización quien tomaba las decisiones sobre los encargos, comprobaba si el partido podía asumirlos y daba posteriormente el visto bueno para que fueran abonados.
Pedraz deberá determinar ahora hasta qué punto esas contrataciones respondieron a trabajos reales y cuál fue el papel concreto de cada uno de los investigados en unos pagos que la Guardia Civil considera parte esencial de la estructura económica que rodeaba a Leire Díez.