Aldama encuentra un problema inesperado: dos socios clave contradicen la confesión que le evitó entrar en prisión

La confesión de Víctor de Aldama sobre las comisiones cobradas a cambio de contratos públicos durante la pandemia ha encontrado ahora una versión frontalmente distinta entre dos empresarios vinculados a aquel negocio. Juan Carlos Cueto e Íñigo Rotaeche han declarado este viernes ante la Audiencia Nacional y han negado tanto conocer como haber pagado esas mordidas.

Los dos empresarios han comparecido voluntariamente ante Ismael Moreno, magistrado de la Audiencia Nacional encargado de la parte del caso Koldo que quedó fuera del procedimiento juzgado por el Tribunal Supremo. Y sus explicaciones han situado de nuevo en el centro a Aldama, comisionista y expresidente del Zamora CF, porque ambos sí han reconocido que fue él quien puso sobre la mesa la propuesta empresarial que acabaría desembocando en los contratos de mascarillas.

Según sus relatos, se limitaron a aceptar aquella oportunidad de negocio planteada por Aldama, presentar las correspondientes ofertas y ejecutar unas operaciones que posteriormente resultaron adjudicatarias. Lo que han rechazado es que conocieran que detrás de aquellas adjudicaciones hubiera pagos de comisiones. Una versión que entra directamente en conflicto con lo que Aldama reconoció durante su colaboración con la Justicia y con lo establecido posteriormente por el Tribunal Supremo.

Los 6,6 millones que confesó Aldama

Aldama confesó el pago de comisiones dentro de su estrategia de colaboración con la Justicia. El Tribunal Supremo terminó considerando probado que el empresario recibió 6,6 millones de euros pagados por Soluciones de Gestión a cambio de conseguir contratos públicos para el suministro de mascarillas. En concreto, la empresa obtuvo contratos de Puertos del Estado por 20 millones de euros y de Adif por otros 12,5 millones.

El papel de los dos empresarios que han comparecido este viernes resulta especialmente relevante. Íñigo Rotaeche era el administrador único de Soluciones de Gestión, mientras que Juan Carlos Cueto es el empresario al que los investigadores atribuyen el control real de la compañía, extremo que él también ha negado durante su declaración.

Rotaeche ha comparecido por primera vez ante el magistrado, mientras que para Cueto ha sido su segunda declaración. Ambos habían solicitado voluntariamente acudir al juzgado y han contestado a las preguntas de la Fiscalía y de sus respectivas defensas.

Cueto ha rechazado además la tesis de los investigadores sobre su posición dentro de Soluciones de Gestión. Según ha explicado, su empresa únicamente prestaba servicios logísticos y el hecho de compartir sede con Soluciones de Gestión respondía a que utilizaban un mismo espacio de trabajo.

Admiten que la propuesta partió de Aldama

Pese a negar las comisiones, Cueto y Rotaeche sí han situado a Aldama en el origen del negocio. Los dos han sostenido que recibieron una propuesta del comisionista, la aceptaron y elaboraron las correspondientes ofertas, que finalmente consiguieron las adjudicaciones. También han coincidido al intentar aclarar otro de los elementos que ha llamado la atención de los investigadores: la existencia de contratos entre Soluciones de Gestión y el Grupo Cueto fechados el 16 de marzo de 2020, cuatro días antes de la orden ministerial del 20 de marzo que puso en marcha la adjudicación.

Los empresarios han atribuido esa circunstancia a un error de José Ángel Escorial, otro de los investigados en el procedimiento. Cueto ha pedido incluso aportar un informe pericial para acreditar cuáles serían las fechas reales, aunque el magistrado no ha permitido su incorporación en esta fase procesal. Además, los dos empresarios han situado un movimiento clave un día antes de la orden ministerial. Según su versión, Cueto y Aldama entregaron personalmente el 19 de marzo de 2020, en el exterior del Ministerio de Transportes, la oferta elaborada para Puertos del Estado.

El Supremo condenó a Aldama pero suspendió su entrada en prisión

La parte de la causa que ahora investiga Moreno procede del caso Koldo que no quedó incluida en el juicio celebrado ante el Tribunal Supremo. En aquel procedimiento, el exministro de Transportes José Luis Ábalos fue condenado a 24 años de prisión, mientras que Aldama recibió una condena de cuatro años y medio. En el caso del empresario, sin embargo, la ejecución de la pena quedó suspendida debido a su colaboración con la Justicia.

Precisamente esa colaboración es la que vuelve a cobrar protagonismo después de las declaraciones de Cueto y Rotaeche. Aldama admitió las comisiones; el Supremo consideró probado que recibió 6,6 millones por ese concepto; y ahora los empresarios vinculados a Soluciones de Gestión aseguran que ellos no conocían ni pagaron esas mordidas.

Estas declaraciones pueden convertirse ahora en un problema para Aldama porque afectan a uno de los pilares de su colaboración con la Justicia: su confesión sobre el pago de comisiones. Cueto y Rotaeche no son actores ajenos al negocio, sino dos empresarios directamente vinculados a Soluciones de Gestión que sostienen que desconocían esas mordidas y que se limitaron a aceptar una operación propuesta por el propio Aldama. 

Sus versiones no anulan lo que ya consideró probado el Tribunal Supremo ni implican por sí mismas que vaya a revisarse la situación del comisionista, pero sí introducen un elemento de contradicción sobre un relato cuya colaboración fue determinante para que la ejecución de su condena de cuatro años y medio quedara suspendida.