"El problema era el gazpacho": cuadruplica la tasa de alcohol y culpa al vinagre
La Policía Local de Castilleja de la Cuesta interceptó al conductor tras detectar una conducción irregular y acabó investigado por un presunto delito contra la seguridad vial.
Tes de alcoholemia
Una explicación difícil de olvidar fue la que recibió la Policía Local de Castilleja de la Cuesta, en Sevilla, después de interceptar a un conductor que terminó dando cuatro veces más de la tasa máxima de alcohol permitida. El hombre negó haber bebido y apuntó a otro posible culpable: el gazpacho.
Los agentes detectaron el vehículo después de observar que circulaba de forma anómala. Según la información difundida por la propia Policía Local, el conductor realizaba maniobras extrañas, viajaba sin llevar puesto el cinturón de seguridad y además utilizaba el teléfono móvil con la mano mientras conducía.
Una vez detenido el vehículo e identificado su ocupante, los policías apreciaron signos compatibles con una posible ingesta de alcohol, por lo que procedieron a realizarle las correspondientes pruebas de alcoholemia.
El resultado fue de 1 miligramo de alcohol por litro de aire espirado, una cifra que multiplica por cuatro el límite general de 0,25 mg/l y que supera ampliamente los 0,60 mg/l a partir de los cuales la conducta puede tener consecuencias penales.
El vinagre como explicación
Fue entonces cuando llegó la particular versión del conductor. Al ser informado del resultado, aseguró a los agentes que no había consumido alcohol y sostuvo que únicamente había tomado gazpacho.
Según su explicación, el elevado resultado podía deberse al vinagre utilizado en la elaboración del plato, al considerar que este ingrediente habría podido alterar la prueba de alcoholemia.
La justificación no evitó que los agentes continuaran con las actuaciones. El conductor fue informado de sus derechos en calidad de investigado no detenido por un presunto delito contra la seguridad vial.
Pendiente de un juicio rápido
El caso deberá resolverse ahora mediante un juicio rápido. La legislación establece para este tipo de delitos penas que pueden ir desde tres a seis meses de prisión, multas de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de entre 31 y 90 días.
A ello se puede sumar la retirada del permiso de conducir por un periodo de entre uno y cuatro años, en función de lo que determine finalmente el juzgado.