El juez Calama pone rumbo al banquillo a la trama de los 185 millones: diez procesados y penas de hasta 18 años
La causa entra en su recta final con más de 3.000 perjudicados, diez procesados y una cifra investigada que supera los 185 millones de euros.
El juez José Luis Calama
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dado por concluida la investigación sobre la estructura levantada en torno a Álvaro Romillo, conocido en redes como ‘Cryptospain’, y ha enviado la causa a la Sala de lo Penal, que deberá decidir ahora sobre la apertura de juicio oral.
La dimensión del procedimiento es considerable. La investigación contabiliza más de 3.000 perjudicados y sitúa en al menos 185 millones de euros el dinero presuntamente captado, aunque las acusaciones sostienen que el volumen real podría superar los 260 millones.
Calama considera agotadas las diligencias y ha cerrado el sumario después de meses de investigación. Junto a Romillo aparecen procesadas otras nueve personas: Borja Lara Varas, Alejandro Pérez Frías, Pedro Estanislao Bris García, Domingo Romillo Iriarte, Mihaela Munteanu Manole, Daniel Alcázar Jiménez, Rosa María de Oliveira de Castro, Yolanda Nieto Galera y Juan José Moreno Ruiz.
El procedimiento gira alrededor de un posible delito continuado de estafa cualificada por su especial gravedad, considerado como “delito masa”. La resolución contempla que las penas puedan elevarse hasta un máximo de 18 años de prisión. Además, el juez no descartó la posible existencia de un delito de organización criminal, mientras la investigación por blanqueo de capitales continúa abierta en una pieza separada.
El entramado ofrecía a sus clientes inversiones en activos muy distintos, desde criptomonedas hasta inmuebles, vehículos de lujo, arte digital o whisky. Las rentabilidades prometidas llegaron a moverse, según la documentación de la causa, entre el 20% y el 53% anual.
La investigación judicial arrancó tras las denuncias presentadas contra Romillo y su entorno por posibles delitos de estafa agravada, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental. En el transcurso de las pesquisas también se puso el foco sobre un importante patrimonio, entre el que figuraban fincas, plazas de garaje, un chalet en Boadilla del Monte y un punto de atraque en Alicante.
A ello se sumó el yate Omnia, valorado en unos 23 millones de euros y localizado en Dubái, cuya propiedad llegó a reconocer el propio Romillo.
Romillo permanece en prisión provisional desde noviembre de 2025. Fue detenido por la Guardia Civil dentro de la operación PONEI después de que se localizara una cuenta en Singapur con 29 millones de euros. La resolución fijó además para los diez procesados una fianza solidaria superior a 247 millones de euros.
La causa también llegó a alcanzar el terreno político por la supuesta entrega de 100.000 euros de Romillo al eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez. Una asociación de afectados pidió remitir parte de la investigación al Tribunal Supremo, aunque el juzgado rechazó esa petición al considerar que no existían indicios suficientes para justificarlo.
Con el sumario ya cerrado, el procedimiento pasa ahora a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Será ese tribunal el que decida si abre juicio oral y cuándo se sentarán en el banquillo los diez procesados.