El "eso, a Vivas" de Sánchez es falso: el decreto del mando único obliga al Gobierno a ocuparse de los 'menas'

Pedro Sánchez ha optado por señalar directamente a Juan Jesús Vivas para quitarse de encima una de las muchas cuestiones todavía sin resolver de la crisis de Ceuta. Un feo gesto resumido en tres palabras al ser preguntado por los 1.000 menores (muchas estimaciones -entre ellos desde sindicatos policiales- apuntan a que podrían ser bastantes más) que todavía quedan en las calles de la ciudad autónoma tras el asalto masivo: "Eso a Vivas". Un desprecio público y pensado hacia el presidente de una ciudad que continúa afrontando las consecuencias de lo sucedido.

La jugada de Sánchez parece clara y evidente: echar la culpa de que los menores sigan en Ceuta en situación irregular a la ciudad autónoma. Y es que el Gobierno sostiene que la protección de los menores es competencia de Ceuta. Lo ha dejado bien claro el ministro Ángel Víctor Torres. Concretamente y con más cara que espalda, el también jefe del mando único ha defendido que como autoridad funcional de la emergencia no puede "despojar" a la ciudad autónoma de sus atribuciones. 

Cabe recordar que desde el 26 de agosto la emergencia está sometida a un mecanismo extraordinario de coordinación dirigido por el Gobierno y con Ángel Víctor Torres como autoridad funcional. Todo ello aprobado mediante un decreto que, efectivamente, establece que la declaración de interés para la Seguridad Nacional no modifica la titularidad de las competencias de las administraciones implicadas.

Sin embargo, el mismo decreto muestra que la gestión de la crisis es bastante más amplia que ese "Eso pregúntaselo a Vivas". El Real Decreto 681/2026 declara que la situación requiere una "coordinación reforzada" de las distintas administraciones "bajo la dirección del Gobierno" e incluye expresamente la protección de menores entre los ámbitos afectados por la emergencia.

Torres dirige y coordina los recursos de la emergencia

El decreto ha colocado precisamente a Ángel Víctor Torres como Autoridad Funcional para el "impulso y gestión coordinada" de las actuaciones. Sus atribuciones van mucho más allá de ejercer como mero interlocutor: le corresponde dirigir y coordinar los recursos previstos, determinar las prioridades de su asignación, establecer objetivos comunes para las administraciones implicadas e integrar las dimensiones humanitaria, asistencial, fronteriza, de seguridad y administrativa.

La norma también le atribuye la coordinación de las actuaciones necesarias para el retorno de las personas en situación irregular dentro del ordenamiento jurídico. Eso sí, el propio decreto establece un límite relevante: las directrices de Torres no modifican la titularidad de las competencias de cada Administración. Ceuta conserva, por tanto, sus atribuciones de protección de menores, pero las ejerce dentro de una emergencia cuya dirección y coordinación general corresponden al Estado.

Ahí está precisamente una de las claves. Ceuta conserva sus responsabilidades legales, sí, pero la cuestión es con qué medios puede ejercerlas ante una emergencia de semejante magnitud. Una ciudad de poco más de 80.000 habitantes ha tenido que afrontar en cuestión de días la entrada de decenas de miles de personas y todavía soporta la presencia de miles de inmigrantes, entre ellos más de 1.000 menores que siguen fuera de los recursos de acogida. 

El propio Ejecutivo ha reconocido en sus decretos que las capacidades ordinarias de Ceuta han quedado desbordadas y que son necesarios recursos extraordinarios. Por eso resulta difícil desligar la situación actual de la actuación del Estado: Vivas mantiene competencias, pero buena parte de los medios, la coordinación y varios de los pasos necesarios para sacar a esos menores de las calles dependen del Gobierno.

Y el reparto de tareas concretas vuelve a demostrar que el problema no puede reducirse únicamente a Vivas. El Ministerio del Interior dispone de los recursos destinados a extranjería, identificación y documentación, mientras Juventud e Infancia aporta recursos del sistema de protección de menores y capacidad de acogida. El Estado moviliza además medios de atención humanitaria, alojamiento, traslados e infraestructuras. Ceuta, por su parte, aporta dentro de sus competencias sus capacidades de protección y atención de menores, servicios sociales e instalaciones propias.

El Real Decreto-ley 22/2026, aprobado el 1 de septiembre, reconoce que el sistema ceutí estaba atendiendo aproximadamente a 1.500 menores, una cifra extraordinariamente superior a su capacidad ordinaria, y contempla recursos extraordinarios para mantener y ampliar los dispositivos de atención inmediata y acogida. Es decir, el propio Gobierno admite sobre el papel que Ceuta afronta una presión que desborda sus capacidades habituales y que necesita una intervención extraordinaria del Estado. A pesar de ello, sobre el terreno, la realidad es que no se avanza.

Por tanto, Ceuta mantiene competencias legales importantes sobre la protección y atención de los menores, pero el Estado dirige la coordinación de la emergencia y tiene en sus manos actuaciones determinantes relacionadas con identificación, extranjería, financiación, expedientes, traslados y eventuales retornos o reagrupaciones. Realmente solo la tutela legal está en manos de Ceuta y por lo tanto "de Vivas" con la situación que se vive actualmente.

Y hay una pregunta más que agrava el gesto de Sánchez: ¿cómo puede exigir responsabilidades a Vivas por la situación de los menores si ni siquiera mantiene contacto con el presidente de la ciudad autónoma desde que estalló la crisis? Según ha denunciado el propio Vivas, no ha vuelto a hablar con Sánchez desde la entrada masiva de finales de julio.

Ese reparto hace especialmente llamativo el gesto de Sánchez. En lugar de explicar qué está haciendo su Gobierno para resolver una situación en la que el Estado tiene responsabilidades y competencias concretas, el presidente ha preferido despachar la pregunta señalando a Vivas. Una forma de trasladar el foco al presidente ceutí que difícilmente resume la realidad competencial dibujada por los propios decretos aprobados por el Ejecutivo.