El Parlamento Europeo desoye el rechazo socialista y respalda a Ceuta: la resolución habla de una ciudad "invadida"
La Eurocámara aprueba por 339 votos frente a 225 una resolución que condena las entradas masivas desde Marruecos, exige responsabilidades a Rabat.

Asentamiento de migrantes en la playa El Trampolín, a 14 de septiembre de 2026, en Ceuta
Ceuta ha conseguido este jueves un respaldo expreso del Parlamento Europeo después de semanas marcadas por la crisis migratoria desencadenada a finales de julio. La Eurocámara ha aprobado una resolución que endurece el lenguaje empleado hasta ahora desde las instituciones comunitarias y llega a señalar que la ciudad autónoma «ha sido invadida».
La iniciativa ha salido adelante con 339 votos a favor y 225 en contra. El texto fue impulsado por el Partido Popular Europeo y obtuvo también el respaldo de ECR, Patriots for Europe —donde se integra Vox— y eurodiputados de otras formaciones. El grupo de Socialistas y Demócratas, al que pertenece el PSOE, se posicionó mayoritariamente en contra.
La resolución sitúa en primer plano lo ocurrido en la frontera española con Marruecos y considera prioritaria una respuesta europea que refuerce la protección tanto terrestre como marítima de Ceuta.
Uno de sus pasajes más contundentes describe la situación sufrida por una ciudad de alrededor de 84.500 habitantes, con los servicios de acogida, sanitarios y otras infraestructuras sometidos a una presión extraordinaria, y utiliza expresamente la consideración de que Ceuta «ha sido invadida».
El pronunciamiento de la Eurocámara no se limita a reclamar más medios para España. También dirige una advertencia explícita a Rabat. El Parlamento Europeo exige a las autoridades marroquíes que cumplan sus obligaciones como socio de la Unión Europea en materia de control de fronteras, cooperación migratoria y retorno de quienes no tengan derecho a permanecer en territorio comunitario. Además, establece que cualquier cuestionamiento de la soberanía española resulta incompatible con esa relación de cooperación.
La resolución condena igualmente los cruces irregulares masivos registrados desde Marruecos y menciona la utilización de los movimientos migratorios como posible instrumento de presión híbrida contra la integridad territorial de un Estado miembro.
El documento introduce además un elemento de especial repercusión para el Gobierno de Pedro Sánchez: la relación entre la crisis y la política de regularización migratoria desarrollada en España.
La resolución recuerda que 22 jefes de Estado y de Gobierno europeos firmaron el 1 de agosto una carta reclamando una reacción coordinada ante la situación y vinculando lo sucedido con la regularización de más de un millón de inmigrantes en España. Aquella carta advertía también de que una entrada irregular no debería convertirse posteriormente en una estancia legal.
El texto recoge también la existencia de advertencias previas de autoridades locales y servicios de seguridad e inteligencia sobre el incremento de la presión en la frontera. De esta forma, la Eurocámara incorpora al documento uno de los principales puntos de discusión política desde que estalló la crisis: qué información manejaba el Gobierno antes de la entrada masiva y cuándo la recibió.
El Servicio de Estudios del propio Parlamento Europeo ha cifrado en aproximadamente 80.000 personas las que cruzaron desde Marruecos durante los acontecimientos del 30 de julio. Su informe también recoge que España solicitó posteriormente apoyo europeo y que la crisis abrió un debate sobre la vulnerabilidad de una de las escasas fronteras terrestres de la UE con África.
La votación ha terminado además recomponiendo para esta resolución una mayoría que no estaba garantizada. El PPE consiguió sumar a ECR y Patriots for Europe pese a las diferencias que ambas familias políticas han mantenido durante los últimos meses. Ese respaldo, unido al de parte de los liberales y otros eurodiputados, permitió superar ampliamente los votos contrarios.
El resultado deja así una posición formal del Parlamento Europeo sobre la crisis de Ceuta: respaldo a la integridad territorial española, exigencia de mayor control de la frontera, impulso de los retornos y una llamada directa a Marruecos para que asuma sus responsabilidades en la gestión migratoria.