crisis en ceuta
La Audiencia Nacional da vía libre al macrocentro de inmigrantes en el Puerto de Ceuta pese al rechazo de la autoridad portuaria
El tribunal rechaza la medida cautelarísima solicitada por el SUP para paralizar la ocupación de 16.000 metros cuadrados, aunque no entra a valorar el fondo del recurso
El Gobierno asume el control del puerto de Ceuta para la "atención humanitaria" de inmigrantes en carpas y otros espacios
La Audiencia Nacional ha rechazado paralizar de urgencia la instalación de un dispositivo temporal para aproximadamente un millar de inmigrantes en el Puerto de Ceuta. El proyecto ocupará 16.000 metros cuadrados de la ampliación de Poniente y seguirá adelante pese a la oposición inicial de la propia Autoridad Portuaria, que advirtió de su incompatibilidad con la explotación normal de las instalaciones.
El auto, fechado este 17 de septiembre, desestima la medida cautelarísima solicitada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP). La organización reclamaba la suspensión inmediata del proyecto hasta que el Gobierno acreditase las condiciones de seguridad, protección portuaria, emergencias y prevención de riesgos laborales.
La decisión no resuelve todavía el fondo del recurso ni avala definitivamente la legalidad del macrocentro. Sin embargo, permite al Gobierno continuar con su puesta en marcha mientras se tramita el procedimiento judicial.
El Puerto de Ceuta se opuso al proyecto
La Secretaría de Estado de Migraciones solicitó el pasado 3 de septiembre la utilización de los terrenos hasta el 31 de diciembre de 2026, aunque con posibilidad de prórroga. El recinto contará con carpas, zonas de descanso, enfermería, dispensario, dependencias para la atención social, oficinas y una caseta de seguridad.
El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta rechazó la petición al considerar que la instalación resultaba incompatible con el funcionamiento normal del puerto. No obstante, Puertos del Estado emitió posteriormente un informe favorable y el Ministerio de Transportes autorizó la ocupación alegando razones de interés general vinculadas con la Seguridad Nacional y la crisis migratoria.
El SUP advirtió de que no constaban debidamente acreditados el título habilitante, la compatibilidad portuaria, la revisión de los planes de protección ni la evaluación de riesgos para los policías destinados al dispositivo. También puso el foco en la proximidad de instalaciones relacionadas con combustibles, energía eléctrica y otros servicios esenciales.
La seguridad queda en manos de Interior
La Audiencia Nacional reconoce la "especial urgencia" del caso ante la inminente ocupación de los terrenos, pero considera que no está justificada la paralización reclamada por el sindicato.
El tribunal sostiene que la resolución de Transportes se limita a autorizar temporalmente el uso del suelo y no determina las condiciones concretas en las que trabajarán los policías o serán atendidos los inmigrantes. Esa responsabilidad corresponderá al Ministerio del Interior, que deberá aportar los medios necesarios y establecer las medidas de seguridad.
El Gobierno obtiene así vía libre para desplegar el dispositivo en una zona estratégica de Ceuta pese a las dudas planteadas por los representantes policiales y al criterio contrario de la Autoridad Portuaria. Contra este auto no cabe recurso, aunque la batalla judicial continuará con el análisis del fondo del procedimiento.