Rebelión en Transportes: funcionarios e interventores se resisten a firmar órdenes de Puente

El Ministerio de Transportes de Óscar Puente tiene un problema que ya no circula únicamente por las vías del tren o por el resto de infraestructuras del Estado. La contestación comienza a crecer dentro del propio departamento, donde funcionarios, interventores y abogados del Estado estarían optando por marcharse o evitando poner su firma bajo determinadas instrucciones de sus superiores.

Según revela Vozpópuli, la gestión del Ministerio se encuentra prácticamente bloqueada ante las reticencias de empleados públicos que temen las eventuales consecuencias jurídicas de decisiones que consideran alejadas de criterios estrictamente profesionales.

La situación habría llegado hasta el extremo de que actualmente sólo permanece en Transportes un interventor ejerciendo esas funciones, el adscrito por Hacienda cuya presencia resulta preceptiva. Otros técnicos y funcionarios han solicitado el traslado a diferentes destinos de la Administración.

El malestar tiene detrás una profunda remodelación emprendida por Puente para borrar la herencia de José Luis Ábalos. El ministro reorganizó el departamento, eliminó la Unidad de Emergencias y Prevención de Accidentes y promocionó a personas de su confianza, algunas procedentes de su anterior etapa como alcalde de Valladolid.

Entre ellas figura Belén Villar, directora general de Organización e Inspección, mientras Rafael Guerra Posadas, que dirigió la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento vallisoletano durante la Alcaldía de Puente, sustituyó como subsecretario a José Manuel Gómez.

Las salidas tampoco son nuevas. La histórica interventora Angélica Martínez Ortega terminó recalando como directora de Recursos Humanos de Ineco. El abogado del Estado Rafael Domínguez pasó a Correos e Irene Bonet abandonó sus funciones en el Ministerio para convertirse en secretaria general de Adif.

El último precedente conocido añadió todavía más ruido. Puente cesó el pasado 9 de septiembre al abogado del Estado Alejandro Geronico como representante de Puertos del Estado en el consejo de la Autoridad Portuaria de Ceuta después de que éste planteara reticencias jurídicas a instalar el campamento de inmigrantes en terrenos portuarios.

Geronico terminó votando a favor de la cesión de las parcelas, aunque fuentes próximas al organismo aseguraron que lo hizo obligado. La Nueva Asociación de Abogados del Estado por el Estado de Derecho denunció posteriormente su destitución y defendió que un funcionario no puede ser apartado por expresar una opinión jurídica.

Puente llegó precisamente a Transportes con el objetivo declarado de limpiar un Ministerio sacudido por las investigaciones sobre la etapa de Ábalos. Ahora el problema parece estar dentro de casa: los funcionarios encargados de poner negro sobre blanco algunas decisiones empiezan, según la información publicada, a pensárselo dos veces antes de coger el bolígrafo.