Moncloa acusa a Peinado de "persecución judicial" contra Begoña Gómez y señala que el auto llega con Sánchez de viaje

La reacción de Presidencia ha sido especialmente dura contra la actuación del instructor. «Condenamos la decisión del Juez Peinado de decretar la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez», han trasladado fuentes de Moncloa, que defienden que durante la investigación habría quedado demostrada su inocencia.

«Durante toda la instrucción ha quedado clara y demostrada su inocencia y estamos seguros de que así quedará también demostrado en el juicio», señalan las mismas fuentes. El Gobierno añade que mantiene su «plena confianza» en que el jurado sea «ecuánime» e imparta justicia.

La posición de Moncloa contrasta con el paso procesal dado por Peinado y con lo resuelto anteriormente por la Audiencia Provincial de Madrid. La Audiencia confirmó que Gómez podía ser enviada a juicio por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, aunque corrigió parcialmente al instructor al dejar fuera otros delitos que habían formado parte de la causa.

El Gobierno va más allá y atribuye directamente una motivación política a la investigación. «Denunciamos que se trata de una instrucción arbitraria e injusta que solo responde a la persecución judicial contra Begoña Gómez por el hecho de ser la mujer del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez», sostienen fuentes de Moncloa. Se trata de una valoración del Ejecutivo sobre la actuación judicial, no de una conclusión establecida por el tribunal.

El auto de Peinado mantiene a Gómez camino del banquillo por dos delitos. Según recogió la Audiencia Provincial al revisar la causa, existen indicios relativos al posible tráfico de influencias tanto en la creación de la cátedra vinculada a Gómez como en una supuesta intermediación en favor del empresario Juan Carlos Barrabés. También apreció indicios relacionados con una posible malversación por el destino del software investigado y por la utilización para fines privados de su asistente personal.

Junto a Gómez será juzgada su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, aunque únicamente por el presunto delito de malversación. El empresario Juan Carlos Barrabés quedó fuera de este procedimiento con jurado y la investigación respecto a él continúa por separado en lo referente a la legalidad de las adjudicaciones de contratos públicos.

Moncloa también cuestiona el momento en el que se ha conocido la resolución. «Es intolerable que, una vez más, se notifique un auto de esta causa coincidiendo con un viaje internacional del Presidente del Gobierno», afirman las fuentes gubernamentales.

Presidencia añade otra acusación contra la forma en que ha trascendido la decisión judicial: denuncia que el contenido se habría hecho público antes de ser notificado a las partes. La coincidencia temporal con el viaje de Sánchez es utilizada por Moncloa para insistir en su tesis sobre la existencia de una actuación dirigida contra Gómez.

«Son incuestionables la intención política, el acoso y la deshumanización que han marcado toda esta instrucción», concluyen las fuentes de Moncloa. De nuevo, estas expresiones forman parte de la respuesta política del Ejecutivo a la actuación de Peinado.

La apertura de juicio oral supone que la causa entra ahora en una nueva fase. La Audiencia Provincial de Madrid deberá continuar la tramitación hasta la celebración de la vista ante el jurado popular.

La acusación popular liderada por Hazte Oír solicita para Gómez una pena de 13 años de prisión, mientras que para Cristina Álvarez reclama seis años. Tanto la Fiscalía como las defensas solicitan la absolución de las acusadas.

Peinado no ha impuesto nuevas medidas cautelares ni una fianza a Gómez, aunque ha ordenado recabar sus cinco últimas declaraciones de la renta para conocer su capacidad económica ante las eventuales responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse del procedimiento