El precedente que pone el foco sobre Elma Saiz: políticos reprendidos por intentar influir en un jurado popular

Las palabras de Elma Saiz sobre el futuro jurado popular que deberá juzgar a Begoña Gómez han abierto una cuestión poco habitual en España: hasta dónde puede llegar un miembro del Gobierno cuando señala públicamente cuál considera que debe ser el resultado de un procedimiento judicial.

La ministra portavoz no se limitó a recordar la presunción de inocencia de la mujer de Pedro Sánchez. Después del Consejo de Ministros afirmó que el Ejecutivo confiaba en que un jurado “ecuánime” hiciera justicia y añadió cuál debía ser, a juicio del Gobierno, ese resultado: “declarar a Begoña Gómez inocente”.

La declaración cobra especial relevancia porque el jurado todavía no se ha constituido y serán los ciudadanos seleccionados quienes tendrán que escuchar a las partes, valorar las pruebas practicadas durante el juicio y pronunciarse después sobre los hechos que se sometan a su consideración. Saiz, además, introdujo su respuesta utilizando expresamente la fórmula “como Gobierno”, vinculando así sus palabras a la posición del Ejecutivo.

Aunque resulta difícil encontrar un precedente exactamente idéntico, sí existen casos internacionales en los que declaraciones de responsables políticos sobre procedimientos sometidos a jurado terminaron provocando una reacción expresa de los tribunales.

Uno de los más conocidos se produjo en Reino Unido en 2014 y tuvo como protagonista al entonces primer ministro británico, David Cameron. Andy Coulson, que había sido director de Comunicación de su Gobierno y anteriormente había dirigido el periódico News of the World, estaba siendo juzgado en Londres por el escándalo de las escuchas telefónicas. El jurado ya había alcanzado un veredicto sobre uno de los cargos, pero continuaba deliberando sobre otras acusaciones cuando Cameron realizó una intervención televisada en la que habló sobre su antiguo colaborador.

Aquellas palabras provocaron la reacción del juez John Saunders, encargado del procedimiento. El magistrado consideró que la intervención del jefe del Gobierno podía introducir públicamente elementos capaces de afectar a la percepción que los jurados tenían de Coulson y calificó la actuación de Cameron de “insatisfactoria” desde el punto de vista de la justicia y del Estado de Derecho. Downing Street tuvo incluso que ofrecer explicaciones sobre lo sucedido y la defensa de Coulson llegó a utilizar las declaraciones del primer ministro para intentar que se pusiera fin a la parte pendiente del proceso, aunque el juez rechazó finalmente esa petición.

No era la primera vez que el entonces jefe del Gobierno británico recibía una advertencia de este tipo. Durante otro proceso judicial relacionado con dos antiguas asistentes de la conocida chef Nigella Lawson, Cameron realizó comentarios públicos favorables sobre ella cuando su credibilidad tenía importancia dentro del juicio. El juez Robin Johnson calificó de “lamentable” que personalidades públicas efectuaran comentarios sobre personas implicadas en un procedimiento y recordó al jurado que debía ignorar cualquier declaración externa y decidir únicamente a partir de las pruebas escuchadas en la sala.

Otro precedente aún más próximo al debate generado por las palabras de Saiz se produjo en Gales en 2021. Helen Mary Jones, entonces miembro del Parlamento galés, difundió en redes sociales un mensaje relacionado con un juicio por asesinato cuando el jurado todavía estaba deliberando. La publicación expresaba abiertamente el deseo de que el acusado fuera declarado culpable.

El juez Paul Thomas consideró que aquel mensaje generaba un riesgo de influir sobre el jurado y afirmó que, en principio, podía constituir un desacato al tribunal. La política fue reprendida formalmente y el magistrado destacó además que su condición de representante pública incrementaba la capacidad de difusión y el posible impacto de sus palabras.

Las diferencias con el caso de Begoña Gómez son importantes. Tanto en el procedimiento de Coulson como en el caso galés, los jurados ya estaban constituidos e incluso deliberando. En España, el tribunal popular que deberá juzgar a Gómez todavía no ha sido seleccionado. Sin embargo, las palabras de Saiz presentan también una peculiaridad: la ministra no se limitó a opinar sobre la acusada, sino que relacionó expresamente un jurado “ecuánime” y la idea de “hacer justicia” con un resultado concreto, la declaración de inocencia.

La siguiente pregunta es si una declaración de estas características puede ser denunciada en España. La respuesta es que los hechos pueden ponerse en conocimiento de un juzgado mediante una denuncia o, si concurren los requisitos procesales, mediante una querella. 

El Código Penal contiene diferentes mecanismos dirigidos a proteger la Administración de Justicia y evitar presiones sobre quienes participan en los procedimientos. El artículo 464 castiga determinadas conductas encaminadas a influir directa o indirectamente sobre personas vinculadas a un proceso judicial, pero exige que exista violencia o intimidación. Ese requisito no aparece, al menos de manera evidente, en una declaración pública como la realizada por Saiz.

También existe el artículo 508.2 del Código Penal, que sanciona a la autoridad o funcionario que atente contra la independencia de jueces o magistrados mediante una “instrucción, orden o intimación” relacionada con una causa de la que estén conociendo. 

Los antecedentes internacionales muestran, en cualquier caso, que las palabras de responsables políticos sobre procedimientos sometidos a jurado han provocado en otros países advertencias, reprimendas judiciales e incluso intentos de las defensas de utilizar esas intervenciones para cuestionar la continuidad de un juicio. En España, el debate surge ahora antes incluso de que se elijan los ciudadanos que deberán decidir sobre Begoña Gómez y después de que la portavoz del Gobierno haya establecido públicamente qué resultado considera el Ejecutivo que equivaldría a “hacer justicia”.