Iustitia Europa planta cara al Gobierno y pide al Supremo mantener el freno a la ‘ley de nietos’
La organización defiende ante el Tribunal Supremo que la suspensión cautelar de nuevas inscripciones en el censo electoral protege la “integridad” del proceso y reclama que se mantenga hasta comprobar la trazabilidad de los expedientes.
El Presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo
Iustitia Europa ha pedido al Tribunal Supremo que mantenga la suspensión cautelar de nuevas actuaciones censales vinculadas a la denominada ‘ley de nietos’, en contra del recurso presentado por el Gobierno para que se levante la medida. La organización sostiene que paralizar temporalmente el voto y las nuevas inscripciones de nacionalizados —salvo los casos de exilio acreditado de familiares— supone una afectación menor que permitir que produzcan efectos electorales inscripciones cuya trazabilidad, a su juicio, no está plenamente garantizada.
En un escrito remitido a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, Iustitia Europa defiende que la medida cautelar adoptada por el alto tribunal permite preservar el equilibrio entre los derechos de los electores y el interés general en la regularidad del proceso electoral.
La organización sostiene que la suspensión es “limitada” y “temporal” y recuerda que los expedientes permanecen conservados y que existe la posibilidad de subsanar individualmente las incidencias que puedan detectarse.
Iustitia Europa reclama garantías sobre el censo
Uno de los principales argumentos de la asociación es que el interés general no puede identificarse únicamente con la continuidad de las altas en el censo o con la eficacia inmediata de las decisiones administrativas.
En este sentido, defiende que también existe un interés general en garantizar que la formación del censo electoral se realice mediante criterios “objetivos, homogéneos, verificables y suficientemente motivados”, de manera que las administraciones puedan acreditar posteriormente la regularidad de cada incorporación.
Iustitia Europa, cuyo recurso junto a otro presentado por Vox propició la decisión cautelar del Supremo, subraya además que la protección del derecho de sufragio debe contemplar tanto el derecho de quienes cumplen los requisitos legales para votar como la propia integridad del censo electoral.
“La adopción de medidas de comprobación y trazabilidad no desconoce el derecho de sufragio”, sostiene la organización, que considera que estas actuaciones buscan garantizar que cada inscripción responda a criterios legalmente verificables y que pueda ser revisada individualmente con las correspondientes garantías.
El Gobierno pide levantar la suspensión
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha recurrido la decisión del Supremo y ha reclamado que se dejen sin efecto las medidas cautelares adoptadas. La Abogacía del Estado sostiene que no existe un riesgo derivado del incremento del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) y considera que, incluso en el supuesto de que existiera algún riesgo, este sería insuficiente para justificar la limitación del derecho de voto de cientos de miles de personas.
En su recurso, el Gobierno recuerda además que “nadie puede predecir el sentido del voto” de las personas incorporadas al censo y rechaza que su inclusión pueda alterar un resultado electoral “por pura matemática”.
El Ejecutivo también ha advertido de las dificultades que afrontan algunos consulados para revisar todos los expedientes dentro de los plazos disponibles.
Frente a estos argumentos, Iustitia Europa mantiene que la cuestión no debe reducirse al número de personas afectadas ni al eventual impacto electoral de las nuevas incorporaciones. A su juicio, la prioridad es garantizar que el censo responda a criterios uniformes y que cada inscripción pueda ser acreditada y revisada.
La decisión sobre si mantiene o levanta la suspensión cautelar queda ahora en manos del Tribunal Supremo, que deberá ponderar los argumentos de ambas partes antes de resolver el recurso del Gobierno.