Iustitia Europa se presenta como el "partido de la sociedad civil" y pone su Contrato Electoral en el centro
La formación reivindica una financiación sin subvenciones públicas, préstamos bancarios ni lobbies y plantea reformas profundas en Justicia, sistema electoral, inmigración y gasto público.
Iustitia Europa ha iniciado este domingo la presentación pública de su proyecto político para las próximas elecciones generales reivindicándose como un partido nacido desde la sociedad civil y alejado de las estructuras tradicionales.
«Iustitia Europa es un partido reformista español nacido desde la sociedad civil», ha sido uno de los mensajes con los que la formación ha abierto un acto en el que presenta su candidatura, su equipo y el denominado Contrato Electoral, el documento sobre el que articula sus principales compromisos políticos.
La formación asegura que pretende impulsar una «reforma profunda del modelo político e institucional» para reforzar la separación de poderes, ampliar la participación ciudadana y reducir la influencia de los aparatos de los partidos sobre las instituciones.
El mensaje elegido para marcar distancias con las formaciones tradicionales ha sido directo: «No somos lo viejo tuneado».
Otro de los ejes del arranque de la presentación ha sido la financiación. Iustitia Europa asegura que no se financia mediante subvenciones públicas, préstamos bancarios ni aportaciones de lobbies, sino a través de sus afiliados y de ciudadanos.
«¿Quién nos financia? Tú», proclama la formación, que sostiene que este sistema busca garantizar su independencia respecto a entidades financieras, grandes grupos económicos y otras estructuras de poder.
El partido resume esa filosofía con otra de las frases utilizadas durante la presentación: «Nosotros actuamos como partido de la sociedad civil y tú nos haces libres».
Un Contrato Electoral con reformas de calado
Buena parte del proyecto queda recogido en su Contrato Electoral, dividido en 15 grandes bloques. Entre las medidas propuestas figura la elección directa del presidente del Gobierno, la introducción de referéndums vinculantes y una reforma del sistema electoral para sustituir las listas cerradas por mecanismos de elección más directa de diputados y senadores.
También propone acabar con los aforamientos y limitar los mandatos de determinados cargos políticos.
En materia judicial, Iustitia Europa plantea que los jueces tengan un mayor peso en la elección del Consejo General del Poder Judicial, además de reformas en el Tribunal Constitucional y en la Fiscalía General del Estado.
La lucha contra la corrupción ocupa igualmente un apartado específico. El partido quiere reforzar constitucionalmente la acción popular para facilitar que ciudadanos, asociaciones, organizaciones y partidos puedan intervenir en procedimientos relacionados con asuntos de interés general y posibles casos de corrupción.
Este punto enlaza directamente con la actividad desarrollada por Iustitia Europa durante los últimos años a través de su participación como acusación popular en distintos procedimientos judiciales.
Inmigración, gasto público y referéndums
El Contrato Electoral también incluye una reforma de la Ley de Extranjería, un refuerzo de las fronteras de Ceuta y Melilla y un mayor papel de las Fuerzas Armadas en determinadas tareas de vigilancia fronteriza.
En el terreno económico, propone reducir el gasto político y administrativo, revisar las subvenciones públicas y establecer medidas de apoyo a los autónomos.
Además, plantea celebrar referéndums sobre cuestiones de especial relevancia, entre ellas la permanencia de España en determinadas organizaciones internacionales.
El programa incorpora asimismo propuestas en educación, sanidad, energía, Justicia, seguridad y sector primario, además de su rechazo a la Agenda 2030 y al Pacto Verde Europeo.
Con esta presentación, Iustitia Europa intenta dar el salto definitivo desde su actividad en la sociedad civil y los tribunales al terreno electoral, utilizando como principal carta de presentación un Contrato Electoral con compromisos concretos y una financiación que asegura depender exclusivamente de los ciudadanos.