La Fiscalía se vuelca con Begoña Gómez: pide su absolución y niega cualquier beneficio económico

La Fiscalía Provincial de Madrid ha movido ficha ante el juicio a Begoña Gómez y lo ha hecho con una posición inequívoca: reclama su absolución. El Ministerio Público considera que los hechos por los que la esposa de Pedro Sánchez deberá responder ante un jurado popular no constituyen delito y resume su planteamiento con una frase rotunda: "Sin delito, no hay autor".

La postura de la Fiscalía choca con el recorrido judicial de una causa que, después de una larga instrucción dirigida por el juez Juan Carlos Peinado, ha terminado llegando a juicio por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. La Audiencia Provincial de Madrid mantuvo en julio la tramitación por jurado popular respecto de esos dos delitos.

En sus conclusiones, el Ministerio Público descarta que Gómez se haya lucrado con la actividad desarrollada en la Universidad Complutense de Madrid. Uno de los argumentos que vuelve a poner sobre la mesa es que la esposa del presidente no percibió remuneración por la codirección de la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva. La Fiscalía ya había cifrado esa remuneración en "0 euros" en su anterior escrito presentado al término de la instrucción.

También rechaza que la presencia de Gómez en la Complutense pueda vincularse exclusivamente con la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa. Según expone el Ministerio Público, su relación con la Universidad se remonta a 2012, seis años antes de que Sánchez alcanzara la Presidencia del Gobierno. La Fiscalía utiliza ese dato para negar que su posición académica naciera como consecuencia directa de la condición política de su marido.

Otro de los puntos centrales del escrito es el supuesto perjuicio causado a la Universidad. La Fiscalía no aprecia que la Complutense sufriera un quebranto económico como consecuencia de las actuaciones investigadas ni considera acreditado que Gómez consiguiera una ventaja patrimonial ilícita. Asimismo, sostiene que las cátedras extraordinarias permiten la captación de financiación privada y que no se ha demostrado que las empresas vinculadas a esos proyectos recibieran contraprestaciones indebidas.

La petición absolutoria alcanza igualmente a Cristina Álvarez, la asistente de Begoña Gómez en Moncloa. Una parte de la investigación se ha centrado precisamente en determinar si Álvarez empleó su condición de trabajadora pública para atender actividades privadas relacionadas con la esposa del presidente.

La Fiscalía descarta esa tesis. Mantiene que Álvarez desempeñó labores compatibles con las funciones asignadas al personal de confianza que asiste al cónyuge del presidente del Gobierno y que no existe perjuicio para la Administración que permita sostener una malversación.

La posición del Ministerio Público no es nueva. A lo largo del procedimiento ha pedido en distintas ocasiones el archivo o la absolución de los investigados. En abril ya recurrió para intentar cerrar la causa al considerar, entre otros argumentos, que la mera relación matrimonial con Pedro Sánchez no podía convertirse por sí sola en un instrumento de influencia.

Sin embargo, la investigación siguió adelante y la causa ha terminado superando esa fase. Gómez afrontará ahora un juicio con jurado popular por tráfico de influencias y malversación, después de que otros delitos examinados durante la instrucción quedaran fuera de esta fase del procedimiento.

La Fiscalía y las acusaciones llegan, por tanto, al juicio desde posiciones enfrentadas. Mientras el Ministerio Público sostiene que no existe infracción penal y pide una sentencia absolutoria, las acusaciones populares mantienen que los hechos investigados sí tienen relevancia penal y reclamarán condena.La última palabra no corresponde a la Fiscalía. Su escrito fija la posición que defenderá durante el procedimiento,