Sánchez se agarra a Maricarmen para salvar su legislatura tras ocho años de dejadez con la vivienda
El presidente pide ahora a sus socios un "último esfuerzo" para aprobar una norma que llevaba meses encallada, mientras la hemeroteca devuelve sus compromisos para acabar con los desalojos y garantizar una alternativa habitacional
Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados
En 2015, Pedro Sánchez prometía una España "sin desahucios". En 2019, tras el desalojo de Pepi, una mujer vulnerable de 65 años, aseguró que aquello no podía repetirse. En 2023 llegó la Ley de Vivienda y, en 2026, después de ocho años en La Moncloa, otra anciana desahuciada vuelve a obligarle a correr como un desesperado mientras murmulla cada vez que puede aquello del "escudo social"
Esta vez el detonador de la crisis de vivienda se llama Maricarmen Abascal, tiene 87 años y llevaba siete décadas viviendo en la misma casa. Su desalojo ha provocado una tormenta política que Sánchez intenta aprovechar para desbloquear una de las asignaturas pendientes de su legislatura: un nuevo decreto de vivienda para el que hasta ahora no tenía mayoría parlamentaria. Por algo sería.
"Maricarmen, tengo un mensaje para ti", proclamó Sánchez este domingo en Getafe. El Gobierno, aseguró, trabaja "contrarreloj" para llevar el martes la norma al Consejo de Ministros. Después pidió a los grupos parlamentarios un "último esfuerzo" para convalidarla "por Maricarmen y por los millones de españoles" afectados por la crisis habitacional.
La intervención llega cuatro días después de que el presidente calificara el desahucio como una "tragedia social que no podemos aceptar" y anunciara desde Nueva York una nueva iniciativa urgente. Sánchez dirigió entonces sus críticas hacia el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, a los que atribuyó competencias en la atención de personas vulnerables. Maricarmen no pensaba lo mismo.
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La promesa de una España "sin desahucios"
El problema para Sánchez es, como siempre, la hemeroteca. En marzo de 2015, todavía candidato a La Moncloa, prometió que con un Gobierno socialista no habría más desahucios y planteó garantizar alternativas habitacionales para las familias afectadas. Tres años después alcanzó la Presidencia, pero los lanzamientos nunca desaparecieron.
Eso no significa que durante estos ocho años el Gobierno no haya tomado medidas. En 2023 aprobó la primera Ley estatal de Vivienda, aumentó el presupuesto destinado a esta materia e introdujo zonas tensionadas, límites en determinados alquileres y nuevas protecciones para hogares vulnerables. El problema es que, lejos de solucionar algo, la crisis ha continuado agravándose.
El propio Sánchez utiliza ahora una expresión que retrata la magnitud del problema: "emergencia habitacional". Este domingo reconoció que afecta a colectivos vulnerables, personas mayores y "millones de españoles". Una situación que contrasta inevitablemente con aquella promesa formulada once años atrás de construir un país donde nadie perdiera su casa sin disponer de una alternativa.
Y Maricarmen tampoco es el primer rostro que obliga a Moncloa a reaccionar. En 2019, el desahucio en Madrid de Pepi, una mujer vulnerable de 65 años, provocó otro terremoto en la opinión pública. Sánchez aseguró entonces que situaciones semejantes no podían repetirse. Hace siete años. Con un Gobierno que él preside.
Un decreto que ya estaba en un cajón
La protagonista ha cambiado pero la discusión continúa. El denominado "decreto Maricarmen" tampoco nació tras las imágenes de la semana pasada. El Gobierno llevaba meses negociando una reforma mucho más amplia sobre alquileres, protección frente a desahucios y otras medidas de vivienda, sin reunir los apoyos parlamentarios necesarios para aprobarla.
El desalojo de la mujer de 87 años ha servido ahora para intentar acelerar unas conversaciones que estaban bloqueadas. Sánchez ha convertido incluso su nombre en el principal argumento para reclamar públicamente a sus socios que cedan y permitan sacar adelante el texto: "No es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad".
La fotografía política persigue ahora al presidente. Sánchez lleva ocho años gobernando España, aprobó su gran Ley de Vivienda hace tres y todavía necesita otro decreto urgente para combatir una situación que su propio Ejecutivo define como emergencia y que millones de ciudadanos sufren, especialmente en las grandes ciudades.
Once años separan así dos fotografías del mismo dirigente. En la primera aparece un candidato prometiendo una España "sin desahucios". En la segunda, un presidente con ocho años de Gobierno a sus espaldas pide a sus socios que aprueben "contrarreloj" otra reforma para evitar que haya más Maricarmen. Ocho años tirados por el retrete. Sánchez no es, precisamente, un velocirráptor.