Bomba a Zapatero desde Bolivia: puede acabar imputado por tráfico de influencias en varios países

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no sólo tiene problemas judiciales en España, sino que además afronta una nueva investigación por sus actividades en Bolivia. El abogado Cristian Pablo Mina Aguilar ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General boliviana por un presunto delito de tráfico de influencias relacionado con el litigio entre FANCESA y SOBOCE, del Grupo Gloria, en los que el dirigente socialista hizo de mediador ante las autoridades bolivianas a cambio de una comisión. 

La Fiscalía de Bolivia ya ha abierto dos investigaciones preliminares sobre el denominado 'caso Zapatero', una a raíz de esta denuncia y otra iniciada de oficio. La denuncia reclama además cooperación judicial con España para incorporar el informe de la UDEF del 22 de junio de 2026 y las conversaciones extraídas del teléfono de la secretaria, Gertrudis Alcázar, además de documentación sobre sus viajes, reuniones y contactos con autoridades bolivianas.

Según el informe de la UDEF, Zapatero recibió 200.000 euros en tres transferencias: 100.000 euros en julio de 2024 y otros dos pagos de 50.000 euros en junio de 2025. La Policía sostiene que esos pagos estarían relacionados con gestiones realizadas a favor del Grupo Gloria ante autoridades de Bolivia y apunta a indicios de una posible actividad de intermediación e influencias. La defensa del expresidente sostiene que se trató de trabajos de consultoría legal y ha cuestionado las conclusiones policiales.

Mientras la Fiscalía de Bolivia investiga, un grupo de senadores bolivianos impulsa una comisión de investigación denominada 'caso Zapatero'. Su promotor, el senador de Alianza Libre, José Manuel Ormaechea, ha advertido de que quieren revisar todas las actividades del expresidente en Bolivia. "Todo está sobre la mesa. No se debe descartar nada en cuanto a Zapatero. Hay que empezar analizando desde el día 1 de su mandato", ha afirmado. Por ahora, el expresidente no ha sido condenado por estos hechos. Lo que existe son investigaciones preliminares en Bolivia y las pesquisas abiertas en España, pero el caso da un nuevo salto internacional al reclamar las autoridades bolivianas precisamente las pruebas que obran en la Audiencia Nacional.