El 'decreto Maricarmen' se le rompe a Sánchez: Junts denuncia que ampara okupas y Sumar amenaza con plantarse

Pedro Sánchez quería llegar este martes al Consejo de Ministros con una respuesta política al desahucio de Maricarmen. Sin embargo, el denominado decreto Maricarmen alcanza el día señalado por el propio Gobierno convertido en otro quebradero de cabeza para una mayoría parlamentaria cada vez más difícil de cuadrar.

El Ejecutivo mantenía hasta este lunes su intención de aprobar hoy el real decreto-ley pese a reconocer que las negociaciones seguían abiertas. Sánchez había reclamado públicamente a sus socios un "último esfuerzo" para sacar adelante unas medidas que Moncloa presentó como respuesta urgente a la emergencia habitacional.

El problema es que ese esfuerzo tiene significados prácticamente opuestos para quienes después deberán convalidar la norma. Sumar considera insuficientes las propuestas del PSOE y amenaza incluso con plantarse, mientras Junts denuncia que las últimas modificaciones introducidas por el Gobierno vuelven a proteger situaciones de okupación que rechaza frontalmente.

Junts se baja del último borrador

La formación de Carles Puigdemont asegura que durante las negociaciones había llegado a estar "mayoritariamente de acuerdo" con una propuesta de consenso. Pero sostiene que las modificaciones posteriores, realizadas tras las presiones de los socios situados a la izquierda del PSOE, han vuelto a alejar las posiciones.

Junts rechaza especialmente cualquier fórmula que considere una protección de la okupación y reclama diferenciar entre grandes fondos de inversión y pequeños propietarios. Entre sus propuestas figuran limitar las compras de viviendas por fondos buitre, suspender determinados desahucios cuando estos sean propietarios e introducir incentivos fiscales en el mercado del alquiler.

La formación independentista considera que el último borrador recupera elementos que ya contribuyeron al fracaso de anteriores intentos legislativos. El aviso retumba en Moncloa: sus siete diputados vuelven a ser determinantes cuando el decreto llegue al Congreso y necesite ser convalidado.

Sumar amenaza desde dentro del Gobierno

Al otro lado de la negociación, Sumar considera que el PSOE está haciendo precisamente lo contrario: rebajar demasiado el decreto para conseguir el respaldo de Junts. El socio minoritario del Gobierno advertía este lunes de que el acuerdo continuaba "muy lejos" y reclamaba medidas considerablemente más intervencionistas.

Entre las demandas planteadas desde la izquierda figuran prorrogar contratos de alquiler, reforzar las limitaciones de precios, impedir determinados desahucios y endurecer las restricciones sobre los grandes tenedores. Sumar también ha defendido mecanismos de expropiación, aunque dentro del propio Ejecutivo existen importantes diferencias sobre su alcance y coste.

La presión ha llegado hasta el Consejo de Ministros. Los ministros de Sumar avisaron de que podrían "plantarse si hace falta" si el decreto que llega a la mesa no contiene medidas que consideren suficientes. El PSOE intenta ahora encontrar un punto intermedio entre dos socios imprescindibles que reclaman soluciones difícilmente compatibles.

Ha llegado la fecha prometida y Moncloa sigue intentando resolver una ecuación parlamentaria endiablada. Sumar presiona desde dentro del Ejecutivo para endurecer el texto; Podemos exige todavía más; ERC y Bildu plantean sus propias condiciones y Junts amenaza con retirarle un respaldo imprescindible.

Y aprobar el decreto en el Consejo de Ministros sólo resolvería la primera mitad del problema. Al tratarse de un real decreto-ley, el Gobierno tendrá después que conseguir su convalidación en el Congreso, precisamente donde anteriores medidas de vivienda ya terminaron estrellándose por falta de apoyos.