Bolaños no puede con Peinado: el juez jubilado se pasa a la abogacía y seguirá atormentando al Gobierno

Félix Bolaños no ha conseguido cerrar el largo pulso que mantuvo con Juan Carlos Peinado con una sanción disciplinaria contra el magistrado. Después de meses de quejas, ampliaciones y recursos ante el Consejo General del Poder Judicial, el instructor del caso Begoña Gómez ha alcanzado la jubilación forzosa sin que el órgano de gobierno de los jueces haya abierto contra él el expediente que reclamaba el ministro.

El último revés para Bolaños llegó el 22 de septiembre. La Comisión Permanente del CGPJ rechazó por cinco votos frente a dos el recurso que había presentado contra el archivo de sus reclamaciones. El Consejo mantuvo así la decisión de no expedientar ni sancionar a Peinado y consideró que los hechos denunciados no tenían la relevancia disciplinaria que sostenía el titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

La resolución se produjo cuando el tiempo prácticamente se había agotado. Peinado cumplió 72 años el 27 de septiembre, edad que determinó su jubilación forzosa después de haber permanecido en activo hasta el límite legal. La decisión fue publicada oficialmente un día antes y puso fin a su trayectoria dentro de la carrera judicial.

El salto a la abogacía 

Sin embargo, este no sería el final de la trayectoria pública de Juan Carlos Peinado en el mundo jucial. Los rumores más certeros hablan de un futuro despacho de abogados con el juez retirado al frente. 

Por el momento, Juan Carlos Peinado no aparece inscrito en el Colegio de Abogados de Madrid. Sin embargo, distintas fuentes apuntan a que el magistrado podría dejar atrás la toga para incorporarse de nuevo al ejercicio de la abogacía. Estaría valorando la posibilidad de crear un despacho y ofrecer servicios de asesoramiento jurídico.

La posibilidad todavía no está confirmada. Personas conocedoras del proyecto aseguran que se trata de una opción que continúa en fase de análisis, mientras que su entorno niega que exista un movimiento inmediato en esa dirección. En cambio, otras fuentes consultadas por El Confidencial afirman que los planes estarían más avanzados.

Según estas informaciones, Peinado ya habría contactado con, al menos, una abogada para incorporarla al eventual despacho y contaría con una lista de potenciales clientes a los que podría prestar asesoramiento de manera estable. El magistrado jubilado habría comentado esta posibilidad con personas de su círculo de confianza mientras analiza los posibles beneficios y riesgos de emprender esta nueva etapa. Por ahora, no figura su alta en el Colegio de Abogados de Madrid.

La larga guerra con Bolaños

El enfrentamiento entre ambos había comenzado a raíz de la declaración de Bolaños como testigo dentro de la investigación sobre Begoña Gómez. Peinado lo había citado por cuestiones vinculadas a la contratación de Cristina Álvarez, asesora de la esposa del presidente del Gobierno. El ministro pretendía prestar declaración por escrito, mientras que el juez entendió que debía hacerlo personalmente al considerar que los hechos se referían a su etapa como secretario general de la Presidencia.

Peinado acabó trasladándose a La Moncloa para tomarle declaración. A partir de aquel interrogatorio, Bolaños inició una sucesión de reclamaciones ante el CGPJ en las que puso en cuestión tanto la forma en la que había sido tratado como distintas decisiones adoptadas por el magistrado durante la comparecencia.

El ministro sostuvo que algunas preguntas y comentarios habían sobrepasado los límites que debía respetar un juez durante una declaración y pidió que el Consejo examinara si la conducta de Peinado merecía una respuesta disciplinaria. El procedimiento fue ampliándose a medida que Bolaños remitía nuevos escritos, lo que obligaba a solicitar nuevos informes al magistrado antes de que el órgano pudiera pronunciarse definitivamente. El propio CGPJ recordó posteriormente esta circunstancia cuando el ministro reprochó la lentitud de la tramitación.

La relación se deterioró todavía más después de que Peinado remitiera al Tribunal Supremo una exposición razonada para que valorara la posible existencia de responsabilidad penal por parte de Bolaños. El Supremo acabó archivando esa iniciativa, pero el episodio se convirtió en otro de los elementos utilizados por el ministro para reforzar sus quejas contra el instructor.

Bolaños trató también de vincular aquella actuación con las reclamaciones que ya había presentado contra Peinado, mientras el magistrado continuaba al frente de una de las investigaciones judiciales más incómodas para el Gobierno: la causa que afecta a Begoña Gómez.

El CGPJ no asumió la tesis del ministro. Primero respaldó el archivo de las quejas y después rechazó el recurso de alzada. La mayoría de la Comisión Permanente entendió que buena parte de las actuaciones cuestionadas por Bolaños estaban relacionadas con decisiones adoptadas por Peinado en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales y que, por tanto, no podían ser revisadas a través de la vía disciplinaria del Consejo.

Dos vocales discreparon de esa conclusión y defendieron que algunas de las actuaciones del magistrado deberían haberse estudiado conjuntamente, pero su posición quedó en minoría frente a los cinco integrantes de la Permanente que respaldaron el archivo.

Bolaños conocía además que el calendario jugaba en su contra. La fecha de jubilación de Peinado estaba fijada y el ministro había mostrado públicamente su malestar por el ritmo con el que el CGPJ estaba resolviendo sus reclamaciones. Sin embargo, cuando el Consejo adoptó su decisión definitiva, faltaban únicamente cinco días para que el magistrado dejara de pertenecer a la carrera judicial.

La jubilación de Peinado pone fin a esa batalla disciplinaria, pero no borra las decisiones que adoptó mientras estuvo al frente de la instrucción. Su salida de los tribunales tampoco supone por sí misma la desaparición de las resoluciones dictadas durante la investigación ni de los procedimientos judiciales que continúen su curso.