El PP avisa del "desastre jurídico" de los decretos de Sánchez: "4.000 viviendas ya han salido del mercado en un día"

El Partido Popular ha confirmado este jueves que votará en contra de los dos decretos de vivienda del Gobierno. Juan Bravo y Ester Muñoz han explicado en un briefing celebrado en la sede nacional del partido, en Génova, que las medidas no solucionan, a su juicio, el problema de acceso a la vivienda y pueden terminar reduciendo todavía más la oferta.

"Nuestro voto va a ser no a los dos decretos", ha señalado Bravo, que ha defendido que el objetivo del PP es proteger a los inquilinos y a los arrendatarios y ha acusado al Gobierno de aprobar medidas que no ayudan a resolver el problema sino que pueden agravarlo.

El dirigente popular ha reprochado al Ejecutivo que lleve ocho años prometiendo vivienda sin afrontar, según ha señalado, la raíz del problema. Bravo ha destacado que en la propia exposición de motivos de los decretos se reconoce varias veces la existencia de dificultades en materia de vivienda, pero ha criticado que no se incluyan medidas para aumentar la construcción o reducir los plazos.

También ha señalado que el Gobierno alude al componente demográfico y al aumento de población derivado de la inmigración como uno de los factores que incrementan la presión sobre la vivienda.

Bravo ha criticado además que el Ejecutivo no haya contado con las comunidades autónomas para elaborar las medidas y ha advertido de la existencia de "conceptos jurídicos indeterminados" que pueden complicar su aplicación.

El PP reivindica su ofensiva legislativa en vivienda

El PP reivindica que su alternativa en vivienda no se limita a un programa de intenciones y recuerda que durante los últimos cuatro años ha mantenido más de 50 reuniones con el sector, jóvenes y otros agentes afectados, además de presentar hace dos años un Plan de Vivienda con más de 30 medidas. A ello suma su ofensiva legislativa en las Cortes. 

Los populares señalan tres leyes que ya han impulsado: una Ley de Medidas para el Desarrollo Urbano y la Vivienda, que incluye una reforma de la Ley del Suelo; una Ley Antiokupa destinada a agilizar los desalojos en un plazo de entre 24 y 48 horas; y una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para permitir juntas de vecinos telemáticas. También recuerdan que la primera Ley Feijóo contra la okupación salió adelante en el Senado en febrero de 2024, pero permanece congelada en el Congreso tras acumular más de un centenar de prórrogas. 

En marzo de 2025, el Senado aprobó además la propuesta popular de reforma de la Ley del Suelo, que incluía la derogación de algunos de los elementos más controvertidos de la Ley de Vivienda, el fin de las zonas tensionadas y del índice de precios de referencia de los alquileres, aunque también continúa bloqueada en la Cámara Baja. A estas iniciativas se añaden propuestas para ceder suelo público destinado a vivienda asequible, rebajar el IVA de la primera vivienda, introducir ventajas fiscales para jóvenes, simplificar y digitalizar licencias urbanísticas y reforzar las medidas contra la ocupación ilegal. Los populares también han registrado una petición para fiscalizar la empresa pública Casa47 y conocer el resultado del traspaso de activos entre esta sociedad y la Sareb.

4.000 las viviendas retiradas de los portales en un solo día desde el anuncio del Decreto

Uno de los datos que Juan Bravo ha puesto sobre la mesa durante el briefing es la retirada de unas 4.000 viviendas de los portales inmobiliarios durante la jornada de ayer, tras la publicación del primer decreto.

El PP utiliza esta cifra para sostener que las nuevas medidas pueden provocar una reducción de la oferta. Bravo ha señalado además que 300.000 viviendas públicas han desaparecido del mercado y ha insistido en que el Gobierno no está generando más vivienda disponible, sino introduciendo nuevas restricciones.

"Europa nos ha dicho que España tiene un déficit estructural de oferta y que hay que facilitar suelo", ha señalado Bravo, que ha defendido que la solución pasa por aumentar el número de viviendas y agilizar los procesos necesarios para construirlas.

El PP ha querido también dejar claro cuáles son sus propias propuestas para evitar que el Gobierno pueda acusarle de limitarse a rechazar los decretos.

Bravo ha recordado que su partido presentó ya en 2023 un plan para afrontar el problema de la vivienda y ha reivindicado el compromiso de Alberto Núñez Feijóo de construir un millón de viviendas.

Entre las medidas planteadas por los populares se encuentran reducir los trámites burocráticos, poner en valor el suelo disponible, impulsar avales del 20% para los jóvenes durante los primeros años y rebajar el IVA de la vivienda del 10% al 4%.

También plantean facilitar determinados pagos al ritmo de la hipoteca y agilizar las declaraciones responsables en los ayuntamientos. Bravo ha destacado que la edad media de compra de vivienda se sitúa actualmente en los 40 años.

Ester Muñoz ha centrado buena parte de sus críticas en la elaboración jurídica de los dos textos y ha definido el proceso como una "chapuza legislativa y jurídica".

La portavoz popular ha asegurado que la división en dos decretos refleja las diferencias internas dentro del Ejecutivo y ha hablado de "dos gobiernos", uno de Sánchez y otro de Sumar.

Muñoz ha señalado además que inicialmente solo uno de los textos había llegado al BOE y ha afirmado que la ministra de Vivienda desconocía en ese momento el contenido del segundo decreto.

Según ha advertido, la entrada en vigor de ambos textos puede provocar dudas sobre qué norma deben aplicar los ciudadanos en determinados casos. "Van a generar más lío del que había", ha resumido.

El PP llevará su rechazo al Congreso

El Partido Popular trasladará ahora esta posición al debate parlamentario de los dos decretos. Juan Bravo será el encargado de defender la postura de los populares frente al primero de los textos, mientras que Sergio Sayas asumirá la intervención correspondiente al segundo.

Los populares llegarán al Congreso con el voto en contra ya decidido y con la intención de confrontar las medidas del Gobierno con su propia batería de propuestas en materia de vivienda.

La formación pretende así que el debate no quede únicamente en el rechazo a los decretos, sino también en mostrar qué alternativas plantea frente a un problema que considera agravado por años de falta de construcción y exceso de trabas administrativas.