Sánchez se queda solo en Europa y se retrata a sí mismo: España, único país que rechaza endurecer las expulsiones de inmigrantes

El Gobierno español se ha quedado solo en Europa ante el nuevo endurecimiento de la política migratoria comunitaria. Los Veintisiete han dado este jueves el visto bueno definitivo al 'Reglamento de Retornos', diseñado para acelerar las expulsiones de quienes no tienen derecho a permanecer en la Unión Europea y permitir la creación de centros de retorno en terceros países. España ha sido el único Estado miembro que ha votado en contra. Bélgica se ha abstenido y el resto ha respaldado la normativa.

La votación, celebrada en el Consejo de ministros europeos de Interior, evidencia la distancia que separa al Ejecutivo español de la posición adoptada por la inmensa mayoría de sus socios comunitarios en materia migratoria. El nuevo reglamento establece procedimientos comunes para hacer más efectivos los retornos y contempla que los Estados puedan alcanzar acuerdos con terceros países para instalar centros a los que enviar a personas sobre las que pese una decisión de expulsión.

El Consejo de la UE ha explicado que alrededor de dos de cada tres personas que reciben una orden para abandonar territorio comunitario finalmente no lo hacen. Con las nuevas reglas, Bruselas pretende disponer de procedimientos más rápidos y eficaces y reforzar las obligaciones de quienes no tienen derecho legal a permanecer en territorio europeo.

España rechaza los centros de retorno

El Gobierno ha explicado en una declaración los motivos por los que se ha desmarcado del resto de socios. Su principal objeción está en los denominados centros de retorno situados fuera de las fronteras de la UE. España ha expresado su "enorme preocupación" ante la posibilidad de que generen "inseguridad jurídica" y desprotección para los inmigrantes y sus familias.

El Ejecutivo considera que estos centros no permiten garantizar suficientemente el respeto de los derechos y obligaciones de las personas trasladadas a terceros países y sostiene que los Estados asumirían "una gran responsabilidad y un riesgo inaceptable", especialmente ante posibles litigios relacionados con el principio internacional de no devolución.

El reglamento aprobado por la UE establece, no obstante, que estos acuerdos únicamente podrán cerrarse con terceros países que respeten los estándares internacionales de derechos humanos y el Derecho internacional, incluido precisamente el principio de no devolución. Los menores no acompañados, además, quedan excluidos de este mecanismo.

España también ha advertido de que este tipo de acuerdos podría afectar a las relaciones exteriores con los países que acepten albergar esos centros y a las propias relaciones bilaterales de los Estados miembros.

El Gobierno critica también el sistema de expulsiones

La segunda discrepancia española afecta al reconocimiento de las decisiones de retorno adoptadas por otros países. El Ejecutivo considera que Europa ha perdido la oportunidad de implantar un reconocimiento automático y obligatorio de las órdenes de expulsión en toda la Unión.

El texto finalmente aprobado crea una Orden Europea de Retorno que facilitará que un Estado reconozca y ejecute una decisión dictada por otro, pero ese reconocimiento seguirá siendo voluntario inicialmente. La cuestión volverá a evaluarse tres años después de la entrada en vigor del reglamento y la Comisión podrá entonces proponer que pase a ser obligatorio. España considera que, en lugar de avanzar hacia un sistema plenamente común, se han introducido mecanismos que pueden acabar trasladando personas entre Estados miembros y perjudicando la armonización de la política europea de retornos.

El Gobierno también ha planteado dudas sobre la "legalidad y proporcionalidad" de algunas medidas relativas al internamiento. Entre sus críticas figura la posibilidad de prolongar la privación de libertad hasta 24 meses y, en determinados supuestos vinculados a riesgos para la seguridad, incluso durante más tiempo.

Ceuta, argumento contra el reglamento

El Ejecutivo ha recurrido además a la reciente crisis migratoria de Ceuta para justificar su voto negativo. España ha defendido que los acontecimientos registrados en la ciudad autónoma han demostrado la necesidad de contar con mecanismos específicos que permitan ejecutar retornos de forma eficaz cuando se producen entradas masivas en las fronteras exteriores de la Unión.

Según el Gobierno, el reglamento aprobado este jueves no proporciona una respuesta suficiente para este tipo de episodios. La crisis ceutí ha provocado precisamente que varios socios europeos reclamen durante las últimas semanas un refuerzo de las fronteras exteriores y políticas más eficaces de retorno.

El Reglamento de Retornos será publicado ahora en el Diario Oficial de la Unión Europea y entrará en vigor al día siguiente. Algunas disposiciones, entre ellas las relativas a los centros de retorno en terceros países, podrán aplicarse inmediatamente, mientras que otras necesitarán un periodo de preparación de doce meses.