El Supremo obliga al Gobierno a revelar el coste del rescate de Air Europa que salpica a Zapatero
El Alto Tribunal obliga al Ejecutivo a facilitar información sobre el rescate público de la compañçia aérea, una operación de 475 millones que vuelve a colocar bajo el foco las gestiones atribuidas al expresidente español alrededor de Globalia
Boeing 737 de Air Europa
El rescate público de Air Europa vuelve a abrirse paso por los tribunales. El Tribunal Supremo ha obligado al Gobierno a facilitar información sobre una operación financiada con dinero público que durante años ha acumulado preguntas políticas, procedimientos de transparencia y, más recientemente, revelaciones sobre las gestiones realizadas alrededor de Globalia.
La operación ascendió a 475 millones de euros y fue aprobada en noviembre de 2020 con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI. Air Europa recibió 240 millones mediante un préstamo participativo y otros 235 millones a través de un préstamo ordinario.
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La resolución del Supremo afecta a información que la Administración se había resistido a entregar. El pronunciamiento judicial refuerza el derecho de acceso a documentación sobre el empleo de fondos públicos y obliga a levantar parte de la opacidad que ha acompañado al expediente del rescate.
No se trata de que el Supremo haya descubierto ahora cuánto dinero recibió Air Europa. Los 475 millones son conocidos desde que el Consejo de Ministros autorizó la operación. Lo relevante es conocer la información reclamada sobre el coste y las condiciones económicas de aquella intervención pública y despejar datos que permanecían fuera del escrutinio público.
El papel de Zapatero
El asunto tiene además una derivada política que ESdiario viene siguiendo: el papel atribuido al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en gestiones relacionadas con Globalia y Air Europa. Su nombre ha aparecido en informaciones y testimonios incorporados al caudal de revelaciones surgidas alrededor del denominado caso Koldo.
Víctor de Aldama, antiguo asesor de Globalia y uno de los principales investigados en esa causa, ha situado a Zapatero en el entorno de aquellas gestiones. Entre sus afirmaciones figura la existencia de una supuesta comisión de diez millones de euros relacionada con el rescate, extremo que no constituye un hecho judicialmente acreditado.
ESdiario ha informado sobre esas acusaciones y sobre los contactos atribuidos al expresidente con responsables de Globalia. Son antecedentes que cobran nuevo interés ahora que una resolución judicial obliga a proporcionar información sobre una operación cuyo expediente económico ha estado sometido durante años a peticiones de transparencia.
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La apertura de información que hasta ahora permanecía en manos de la Administración puede permitir contrastar algunas de las cuestiones planteadas durante estos años. Fechas, condiciones financieras, informes y decisiones adoptadas durante la tramitación quedarán al descubierto y se podrán confrontar con la cronología de contactos y gestiones conocida posteriormente.
La documentación que el Gobierno tenga que facilitar será ahora la que permitirá saber si existen cifras adicionales. En un asunto rodeado durante años de acusaciones cruzadas, la diferencia la marcarán los papeles: qué dicen, qué no dicen y hasta dónde permiten reconstruir el rescate.