El auto judicial que puede llevar a Zapatero a prisión: así es el duro informe que hace temer lo peor en Ferraz

Pinta mal el futuro para José Luis Rodríguez Zapatero y eso, a su vez, sitúa de nuevo a Ferraz y el entorno más cercano de Pedro Sánchez en aprietos ya que Zapatero es -y así lo han defendido una y otra vez- uno de los grandes referentes del 'sanchismo'. El magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama Teixeira, sitúa al expresidente del Gobierno al frente de una estructura organizada y jerarquizada presuntamente dedicada al tráfico de influencias, que -entre otras cosas- actuó de manera decisiva para lograr la concesión de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) de la SEPI. Esa es la conclusión de las 85 páginas de documento de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) que ya ha salido a la luz.

Según el auto fechado el 18 de mayo de 2026, Zapatero no solo era el líder estratégico de la red, sino que su influencia se extendía directamente a altos cargos del Gobierno, incluyendo al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, a su mano derecha Koldo García Izaguirre, y en momentos concretos al ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá.

Otro punto demoledor del informe, quizás el que más: el juez subraya que no se trataba de una influencia genérica, sino de gestiones dirigidas específicamente a conseguir la aprobación y el desembolso de los 53 millones de euros para Plus Ultra, con posterior reparto de beneficios hacia el entorno de Zapatero. En concreto le atribuye el cobro irregular de cerca de dos millones de euros en comisiones procedentes de tres empresas vinculadas a dicho rescate.

Acceso a información privilegiada y contactos con el Gobierno: de Escrivá a Ábalos

Uno de los indicios más graves recogidos por el juez es que la red de Zapatero tuvo conocimiento de la concesión de la ayuda casi un mes antes de su aprobación definitiva por el Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2021. El 26 de febrero de 2021, Julio Martínez Martínez —principal colaborador del expresidente— ya comunicaba a Camilo Ibrahim Issa (accionista de Plus Ultra) que la ayuda estaba conseguida, cuando todavía no se había reunido el Consejo Gestor del FASEE.

La influencia se canalizaba especialmente hacia el Ministerio de Transportes. El auto detalla múltiples contactos con Koldo García Izaguirre, mano derecha de José Luis Ábalos, y con el propio secretario de Estado Pedro Saura. Tras una reunión con Saura en julio de 2020, uno de los investigados afirmaba que la aerolínea tenía el apoyo asegurado gracias a las “altas recomendaciones” recibidas.

Especialmente relevante es la reunión mantenida el 7 de septiembre de 2020 entre Zapatero y el ministro José Luis Escrivá en el Ministerio de Trabajo. Ese mismo día, la noticia del encuentro fue remitida urgentemente a Koldo García, quien a su vez la trasladó al ministro José Luis Ábalos.

La red y su operativa

El juez describe a Zapatero operando desde su oficina de Ferraz 35 en Madrid, centro neurálgico de la trama. Allí trabajaba María Gertrudis Alcázar Jiménez, su secretaria, encargada de ejecutar órdenes y dar cobertura formal a la documentación.

Julio Martínez Martínez actuaba como brazo ejecutor: interlocutor con los clientes, receptor directo de instrucciones de Zapatero y gestor de un entramado societario (Análisis Relevante, Idella Consulenza Strategica, Voli Analítica, etc.) que servía para facturar supuestos servicios de asesoramiento y canalizar los pagos. Por otro lado, Rodolfo Reyes sería, según el informe, quien lideró las gestiones para conseguir la ayuda pública de 53 millones de euros, manteniendo constantes conversaciones con Julio Martínez Sola, Roberto Roselli y el entorno de Zapatero para activar influencias políticas.

Los fondos se transferían mediante contratos de “asesoramiento” que, según el auto, servían como mera justificación documental. Destaca el contrato que preveía cobrar el 1% de la ayuda concedida (más de 640.000 euros). 

Whathefav SL, la sociedad cuyas administradoras formales son las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, jugó un papel clave como sociedad finalista dentro de la presunta trama. Según el auto judicial, esta empresa recibía fondos procedentes de clientes y de otras sociedades instrumentales de la red, emitía facturación genérica y servía para redistribuir los pagos hacia el propio entorno de Zapatero.

Su importancia radica en que actuaba como vehículo de destino final de los beneficios obtenidos por el tráfico de influencias, permitiendo canalizar y dar apariencia de legalidad a los fondos que presuntamente acababan beneficiando a la familia del expresidente.

Frases literales de las conversaciones: “Sí bro. Nuestro pana zapatero detrás”

Desde el principio, los implicados hablaban abiertamente de pagos. Julio Martínez Sola admitió: “Como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín”. Poco después, Rodolfo Reyes celebraba: “Acaba de hacerse el puente con ZP”, y confirmaba que Julio Martínez Sola había hablado “11 min” con Zapatero.

Algunos miembros de la presunta trama se referían a José Luis Rodríguez Zapatero con familiaridad como su “pana”. Así lo hizo Rodolfo Reyes, exdirectivo de Plus Ultra, quien tras una reunión en el Ministerio de Transportes escribió: “Sí bro. Nuestro pana Zapatero detrás”.

La investigación también revela pagos en efectivo de dudosa justificación. La Nochevieja de 2020, el empresario Felipe Baca encargó a “Palomero” dos entregas: 3.000 euros a “Alejandra” (a un número venezolano) y 2.000 euros a Jésica Rodríguez, expareja del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

El auto detalla cómo la red logró concertar una reunión en el Ministerio de Transportes en julio de 2020, a la que asistieron altos cargos del departamento de Ábalos y directivos de Plus Ultra. Tras el encuentro, los investigados relataron que habían sido recibidos por “altas recomendaciones” y que el papel del Ministerio sería “hablar bien de las compañías”.

Las conversaciones intervenidas muestran un tono de clara presión. Julio Martínez Sola le dijo a Rodolfo Reyes que al día siguiente se vería con Julio Martínez Martínez para presionarlo: “lo va a presionar para que él o Zapatero hablen con la SEPI y se comprometan a que la ayuda se va a conceder con un 100% de seguridad”. Reyes respondió: “Necesitamos ese empujón”.

El juez Calama también destaca que Julio Martínez Martínez eliminaba de forma sistemática algunos mensajes que enviaba directamente a Zapatero, aunque muchos de ellos se conservan porque los reenviaba a terceros. Entre ellos aparecen frases como: “Presidente, le reporto las novedades”, “Presidente, nos mantenemos atentos a sus indicaciones sobre este asunto” o “estamos totalmente de acuerdo, presidente”. Un empresario venezolano atribuyó incluso a Zapatero el mensaje: “Me alegro de esa relación con Delcy”.

En la fase final, el 2 de marzo de 2021, durante la comida de celebración, Julio Martínez Martínez comentó sobre los gastos: “la SEPI no aprueba esos gastos”. La respuesta fue: “tranquilo eso sale del 1%”, a lo que Martínez Martínez contestó: “entonces, aprobado”. Esa mención coincide con el contrato que preveía cobrar el 1% de la ayuda (más de 640.000 euros).

La carta al Santander en nombre de Zapatero

En plena primera ola de la pandemia del coronavirus, el 25 de mayo de 2020, Plus Ultra ya movía hilos invocando el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero para intentar obtener financiación pública. La aerolínea, presidida por Julio Martínez Sola, envió una carta al vicepresidente del Banco Santander, Juan Manuel Cendoya, solicitando su intervención para conseguir un crédito avalado por el ICO. La misiva comenzaba con una referencia explícita al expresidente:

"Siguiendo instrucciones del Presidente D. José Luis Rodríguez Zapatero, nos ponemos en contacto con usted, solicitando su ayuda referente a la obtención de un crédito ICO para nuestra compañía". En la carta, Martínez Sola explicaba que la aerolínea ya trabajaba con el Santander y otras entidades, pero atravesaba graves problemas de liquidez. Reconocía que la solicitud presentada en la sucursal de Conde Peñalver había recibido una respuesta poco favorable debido a la alta demanda de créditos ICO. Por eso pedía una ayuda directa desde las altas esferas del banco.

Esta gestión se produjo nueve meses antes de que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobara el rescate definitivo de 53 millones de euros a través de la SEPI, aunque este concreto crédito ICO solicitado al Santander nunca llegó a materializarse.

Calificación jurídica

Para el magistrado Calama, estos hechos encajan en el delito de tráfico de influencias (artículos 428 a 430 del Código Penal), al prevalerse de una relación personal o jerárquica con autoridades y funcionarios para obtener una resolución administrativa concreta en beneficio económico propio y de terceros.

El auto además autoriza la entrada y registro en la oficina de Zapatero en Ferraz 35, en sociedades vinculadas (incluida Whathefav SL, administrada formalmente por sus hijas, cuyo registro ha durado unas 6 horas) y ordena la intervención de los dispositivos de María Gertrudis Alcázar Jiménez. Además, Zapatero ha sido citado como investigado para declarar el próximo 2 de junio de 2026.