Dos de las trampas de Sánchez para ir a elecciones: Diputación Permanente y censo de 'Ley de nietos'

29 de noviembre. Este es el día D que tanto tiempo lleva anhelando gran parte de la ciudadanía española. El adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez para el último domingo del penúltimo mes del año abre un nuevo escenario que va mucho más allá de la campaña. Antes incluso de que los españoles acudan a las urnas, El todavía presidente del Gobierno -pronto en funciones- pretende jugar sus bazas.

Por un lado, la recuperación de los decretos de vivienda a través de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. 

Por otro, la composición del censo electoral de residentes en el extranjero, el CERA. Sobre todo, después de que el Tribunal Supremo haya suspendido cautelarmente los efectos electorales de determinadas inscripciones vinculadas a la llamada 'Ley de nietos'.

Son dos movimientos distintos, con protagonistas y consecuencias diferentes, pero que comparten una característica: ambos permiten al Ejecutivo maniobrar sobre terrenos que, tras la disolución de las Cortes, ya no están sometidos a la aritmética del Pleno ordinario del Congreso.

Consejo de Ministros para retorcer las normas

La primera treta se materializará en solo unas horas -este martes- en el Consejo de Ministros. El Ejecutivo tiene previsto seguir retorciendo las normas y aprobar de nuevo los dos reales decretos-ley de vivienda que fueron rechazados el pasado viernes por el Pleno del Congreso. Aquella votación dejó una fotografía política inequívoca: el primer decreto cayó por 172 votos a favor y 178 en contra, mientras que el segundo tampoco consiguió los apoyos necesarios de los 350 diputados de la Cámara Baja.

Pero la repetición de la operación no es exactamente una segunda oportunidad ante los mismos 350 parlamentarios. La clave está en que las Cortes han quedado disueltas y, en ese escenario, Pedro Sánchez recurre a la Diputación Permanente para que pueda salir a su rescate.

La Diputación Permanente está integrada por 69 miembros, incluida la presidenta de la Cámara. Su composición actual atribuye 27 puestos al PP, 24 al PSOE, seis a Vox, seis a Sumar y uno a cada uno de los grupos de ERC, Junts, EH Bildu, PNV y Mixto.

La consecuencia es relevante. La aritmética que provocó el viernes la derrota de los decretos no se reproduce automáticamente en la Diputación Permanente. De hecho, según el reparto de este órgano, el primer decreto -el que incluye medidas de protección frente a determinados desahucios y otras medidas sobre vivienda- podría alcanzar una mayoría mínima de 35 votos frente a 34. El segundo, sin embargo, mantiene una aritmética desfavorable: 34 frente a 35. 

La operación tiene, por tanto, un objetivo evidente: convertir una derrota parlamentaria en un argumento de campaña y, simultáneamente, intentar rescatar parte de su contenido mediante una institución que funciona con una aritmética diferente a la que se desprende de los representantes del Pleno del Congreso.

Tanto es así que el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha reaccionado asegurando: “Para una vez que se puede hackear el sistema desde dentro”. De esta manera, no solo Sánchez y sus socios reconocen el fraude, es que se jactan de ello. 

Votantes nacionalizados que no se pueden cotejar

El Tribunal Supremo acordó en septiembre suspender cautelarmente determinadas nuevas inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes -CERA- vinculadas a la adquisición de la nacionalidad, mediante la denominada 'Ley de nietos', así como los efectos electorales de determinadas inscripciones ya practicadas, con las excepciones contempladas en los autos judiciales. La decisión llegó después de los recursos promovidos, entre otros, por Iustitia Europa y Vox.

La importancia de la resolución judicial reside en que el Supremo no se limitó a discutir una cuestión administrativa sobre la inscripción de ciudadanos en el extranjero. La Sala apreció la existencia de un "peligro fundado, real y serio" de que el incremento extraordinario de electores pudiera afectar a la objetividad y transparencia del proceso electoral.

Y aquí aparece el problema que ahora reclama atención urgente. Con las elecciones fijadas para el 29 de noviembre, Iustitia Europa ha acudido nuevamente al Supremo para pedir que se concreten las actuaciones necesarias para garantizar que las medidas cautelares adoptadas por la Sala tengan plena eficacia en esos comicios. La organización sostiene que el censo de referencia para las elecciones es el cerrado el 1 de agosto, es decir, anterior a la suspensión cautelar acordada por el alto tribunal.

Es pertinente determinar si dentro del censo que se utilizará en las elecciones del 29-N existen inscripciones que podrían encontrarse afectadas por la suspensión cautelar del Supremo y, en ese caso, qué procedimiento debe seguir la Administración electoral para identificarlas y garantizar que no produzcan efectos electorales contrarios a la resolución judicial.

Iustitia Europa reclama precisamente que esa identificación y ejecución se produzca antes de que esas inscripciones puedan desplegar efectos en el procedimiento electoral. El asunto tiene especial trascendencia porque el voto exterior puede adquirir importancia en unas elecciones generales ajustadas. El CERA no decide por sí solo unas elecciones, pero sí forma parte del cuerpo electoral y, en determinadas circunscripciones, unos pocos miles de votos pueden tener consecuencias parlamentarias.

Por eso, resulta especialmente relevante que el propio Supremo justificara las medidas cautelares en la necesidad de preservar la objetividad y transparencia del proceso electoral.

En ambos casos, el Gobierno afronta una situación anómala -por decirlo sutilmente-. Ha perdido el respaldo del Pleno para sus decretos de vivienda y ya busca argucias para modificarlo. Por si fuera poco, Sánchez ha convocado unas elecciones cuyo censo exterior se encuentra bajo un escrutinio cautelar del Tribunal Supremo.

¿Qué más trampas ha colocado Sánchez camino del 29 de noviembre?