De Biedma a las hijas de Zapatero: el calendario judicial que se cruza en la campaña de Sánchez del 29-N

Pedro Sánchez ha fijado las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre y, desde ahora, la política española entra en una cuenta atrás electoral de menos de dos meses. Sin embargo, la campaña no discurrirá únicamente entre mítines, encuestas y debates. Varias investigaciones judiciales relacionadas con el PSOE, antiguos responsables públicos y personas del entorno político socialista continuarán avanzando durante las próximas semanas.

La primera fecha ya está marcada en rojo: el 8 de octubre. Ese día está citada a declarar ante el juez Santiago Pedraz la magistrada Beatriz Biedma, la jueza que instruyó la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

Pedraz ha aceptado la personación de Biedma como perjudicada en el denominado caso Leire Díez al apreciar, de manera indiciaria, que podría haber sido víctima al menos de un delito de calumnias. La exmilitante socialista Leire Díez ha recurrido esa decisión y sostiene que no existe base para atribuirle esas supuestas calumnias.

La magistrada ha aportado además más de 90 vídeos procedentes del canal de YouTube del exjuez Luis José Sáenz de Tejada, material con el que pretende acreditar los ataques que asegura haber sufrido mientras investigaba a David Sánchez. Según la documentación incorporada a la causa, el incremento de esas publicaciones se habría producido a partir del verano de 2024.

La investigación que dirige Pedraz trata de determinar si existió una estructura organizada para obtener información comprometedora sobre jueces, fiscales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad relacionados con procedimientos que afectaban al PSOE, al Gobierno o a su entorno. La causa continúa abierta y, por tanto, la declaración de Biedma del próximo jueves puede abrir nuevas líneas de investigación.

Otro de los focos estará en Ceuta. La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón continúa investigando qué ocurrió antes de la entrada masiva registrada los días 30 y 31 de julio y, sobre todo, qué información manejaban las autoridades españolas en las horas anteriores.

En ese procedimiento aparece el exdelegado del Gobierno Miguel Ángel Pérez Triano. Su antiguo jefe de gabinete, Gonzalo Sanz, declaró que trasladó al entonces delegado una alerta procedente del Centro Nacional de Inteligencia antes de la crisis fronteriza. Esa versión contradice la mantenida por Pérez Triano, que ha negado haber recibido ese aviso.

La documentación entregada a la magistrada incluye 19 mensajes intercambiados con un contacto del CNI y una llamada mantenida el 29 de julio, un día antes de la entrada masiva. Esas comunicaciones todavía no han sido desclasificadas y forman parte de las diligencias con las que Tardón intenta reconstruir qué información circuló entre las distintas autoridades antes de que se produjeran los acontecimientos.

La eventual citación de Pérez Triano como investigado todavía no tiene fecha pública, pero la causa seguirá avanzando en paralelo a la campaña electoral. La Fiscalía de Ceuta ya había pedido esclarecer si las decisiones o posibles omisiones del entonces delegado pudieron influir en el desarrollo de la crisis y qué margen de actuación existía a partir de la información disponible.

A estos dos procedimientos se suma Plus Ultra, una de las investigaciones que más directamente se cruzará con el calendario electoral.

El juez José Luis Calama mantiene abierta en la Audiencia Nacional la investigación sobre el rescate público de la aerolínea, que recibió 53 millones de euros de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Dentro de esa causa están previstas nuevas comparecencias durante noviembre, cuando la campaña estará ya plenamente en marcha.

Entre ellas figura la declaración de José Ángel Partearroyo, exdirector de Participadas de la SEPI, y de Félix Martín, exdirector financiero de Plus Ultra. Ambos están llamados a comparecer como testigos en relación con las circunstancias y operaciones vinculadas al rescate de la compañía.

Pero la fecha más próxima a las urnas llegará justo después de las elecciones.

Laura y Alba Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, están citadas como investigadas para el 30 de noviembre, apenas 24 horas después de la jornada electoral.

Calama investiga su papel como administradoras de Whathefav, una sociedad que aparece mencionada dentro del entramado empresarial analizado en la causa. Según el auto judicial recogido por distintos medios, la empresa habría recibido fondos y participado en operaciones cuyo destino y justificación forman parte de la investigación.

Las dos hermanas comparecerán para ejercer su derecho de defensa y ofrecer las explicaciones que consideren oportunas sobre las operaciones examinadas por el juzgado.

La investigación sobre Plus Ultra mantiene además otros frentes abiertos que afectan directamente a Zapatero. Calama ha ordenado nuevas diligencias relacionadas con las joyas intervenidas en su despacho, entre ellas una segunda pericial destinada a determinar su composición, antigüedad, procedencia y valoración.

El resultado de esos análisis todavía puede generar nuevas actuaciones judiciales si el magistrado considera necesario pedir aclaraciones adicionales o solicitar nueva documentación.

Mientras tanto, sigue abierta otra investigación especialmente sensible para el PSOE: la relativa a determinados pagos en efectivo realizados por el partido entre 2017 y 2024.

El procedimiento está dirigido por el juez Ismael Moreno y permanece bajo secreto. La Audiencia Nacional analiza documentación relacionada con esos movimientos de dinero y con otras piezas procedentes de investigaciones sobre contratos públicos y distintas personas vinculadas a ellas.

En esta causa ya ha declarado el empresario Víctor de Aldama y Anticorrupción ha reclamado la incorporación de documentación procedente de otros procedimientos. A diferencia de Biedma o de Plus Ultra, por ahora no existe una fecha pública que permita situar el próximo movimiento dentro de la campaña.

El adelanto electoral anunciado por Sánchez abre así una carrera hacia el 29 de noviembre en la que la política y los tribunales avanzarán en paralelo.

El 8 de octubre declarará Beatriz Biedma. La investigación sobre Ceuta continúa pendiente de nuevas decisiones de María Tardón y de las comunicaciones del CNI. En noviembre, Plus Ultra volverá a colocar a varios protagonistas ante el juez Calama. Y, solo un día después de las elecciones, Laura y Alba Rodríguez Espinosa deberán comparecer como investigadas.

Una secuencia judicial que acompañará al PSOE prácticamente desde el inicio de la campaña hasta después de que se hayan cerrado las urnas.