La nueva pista de la jueza Tardón que abre un escenario mucho más delicado en la causa de Ceuta
La magistrada ha abierto una línea especialmente sensible y ha reforzado la reserva sobre unas diligencias cuyo alcance todavía está por esclarecer.

Inmigrantes en chabolas, en la playa de Trampolín, a 19 de septiembre de 2026,
La investigación que dirige la jueza María Tardón sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta ha dado un nuevo salto. La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional ha incorporado a la causa una línea especialmente sensible después de que las diligencias practicadas hayan revelado conexiones que llevan la instrucción más allá de lo ocurrido sobre el terreno durante los días 30 y 31 de julio.
En su última resolución, Tardón recoge la existencia de relaciones con personas vinculadas a gobiernos extranjeros y menciona también la posible implicación de individuos que ocuparían "altas responsabilidades en instituciones públicas". Dos elementos que aparecen ahora dentro del material que maneja el juzgado y que han llevado a la magistrada a extremar la reserva sobre parte de las actuaciones.
La instrucción adquiere así una dimensión distinta. Hasta ahora, una parte importante de las pesquisas se había dirigido a identificar quién promovió la convocatoria, cómo se extendieron los llamamientos a través de redes sociales y qué actores participaron en la organización del movimiento hacia la frontera. La nueva resolución añade otro nivel: averiguar qué conexiones existían alrededor de quienes aparecen en esas diligencias y hasta dónde llegaban sus relaciones institucionales y exteriores.
Tardón ha considerado que la sensibilidad de esa información exige un régimen de reserva especialmente estricto. La magistrada ha ordenado que los agentes que actúan como Policía Judicial informen únicamente al juzgado y al Ministerio Fiscal sobre el contenido, evolución y resultado de determinadas diligencias. La instrucción alcanza incluso a sus mandos orgánicos cuando no estén directamente integrados en la investigación.
La propia resolución vincula esta decisión al riesgo de "interferencias externas". Por eso, determinados informes y actuaciones quedarán incorporados a una pieza separada secreta, fuera del circuito ordinario de conocimiento de la causa. La medida refuerza el control judicial directo sobre unas pesquisas que Tardón quiere mantener alejadas de cualquier filtración o injerencia.
Tardón amplía el foco de la investigación
La nueva pista encaja además con el diseño que la jueza viene dando a la investigación desde septiembre. Tardón ya había ordenado una batería de diligencias destinadas a reconstruir no solo lo sucedido en la frontera, sino también la organización previa de la movilización, sus posibles apoyos económicos y las conexiones nacionales e internacionales de quienes participaron en su difusión.
Una de las piezas centrales es la investigación tecnológica. La Audiencia Nacional ha reclamado a Meta, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, Google y Apple, entre otras plataformas, la conservación y entrega de datos vinculados a las cuentas desde las que se difundieron las convocatorias. El juzgado busca direcciones IP, teléfonos, correos electrónicos, dispositivos empleados, historiales de conexión y contenidos de grupos y canales utilizados entre el 1 de julio y el 15 de agosto. El objetivo expresamente fijado es identificar a promotores, coordinadores y responsables de la convocatoria, así como sus conexiones dentro y fuera de España.
La jueza también ha puesto el foco en la financiación. Tanto la UDEF de la Policía Nacional como la UCO de la Guardia Civil tienen el encargo de examinar movimientos económicos relacionados con la movilización, posibles sistemas informales de transferencia de fondos como la hawala, contrataciones de transporte y cualquier operación que pueda guardar relación con la logística necesaria para desplazar a miles de personas hacia la frontera.
A ello se suma la identificación de las personas que actuaron sobre el terreno. Las diligencias buscan esclarecer el papel de agentes marroquíes que aparecen en imágenes y documentos recabados durante la investigación y determinar si participaron en el guiado de grupos hacia Ceuta. La causa trata de reconstruir una eventual estructura en distintos niveles: desde quienes difundieron los llamamientos hasta quienes pudieron disponer de capacidad para coordinar, favorecer o dirigir el movimiento.
La magnitud de la investigación explica que Tardón haya recurrido también a mecanismos de cooperación internacional. El juzgado contempla comisiones rogatorias y órdenes europeas de investigación para obtener datos que se encuentran fuera de España, especialmente los vinculados a las plataformas tecnológicas empleadas para organizar y difundir la convocatoria.
En paralelo, la magistrada continúa reconstruyendo qué sabían las autoridades españolas antes de que se produjeran los hechos. La Audiencia Nacional ha requerido alertas, informes de riesgo e información sobre las comunicaciones previas y ha llamado a declarar como testigos a responsables públicos que pudieron disponer de datos sobre la evolución de la situación.
La instrucción ha ido creciendo así en varias direcciones: organización digital, financiación, actuaciones sobre el terreno, avisos previos, conexiones internacionales y ahora también la posible presencia en las diligencias de personas con elevadas responsabilidades institucionales.
La novedad del último auto está precisamente en ese punto. Tardón ya no trabaja únicamente sobre quién lanzó la convocatoria o cómo se organizó el desplazamiento. La investigación ha empezado a seguir las relaciones que aparecen alrededor de esas personas y que alcanzan a individuos vinculados con gobiernos extranjeros y a responsables situados en niveles institucionales elevados.
Ese nuevo escenario es el que ha llevado a la jueza a mantener una parte de las actuaciones bajo un régimen de absoluta reserva y a ordenar que la información circule por un canal directo entre los investigadores, la Fiscalía y su juzgado.
La causa de Ceuta entra así en una fase en la que la pregunta ya no se limita a cómo se produjo la entrada masiva, sino también a quiénes aparecen detrás de las conexiones que la Audiencia Nacional está empezando a reconstruir.