El juez Villegas desmonta la jugada del censo del 29N: "Nos toman por tontos"
El magistrado relaciona la convocatoria con los nuevos electores en el extranjero y rechaza que utilizar un censo anterior a las cautelares del Supremo permita esquivar sus efectos sobre el 29N
El juez Jesús Villegas
El juez Jesús Villegas ha puesto el foco sobre uno de los asuntos más delicados que deja la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre: qué ocurrirá con los nuevos electores incorporados al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) al amparo de la conocida como Ley de Nietos.
En un vídeo publicado este martes en su propio canal de YouTube, Villegas parte de una pregunta política. Se declara sorprendido por que Pedro Sánchez haya adelantado unas elecciones cuando la mayoría de las encuestas no le son favorables y plantea su propia explicación: el peso que podrían adquirir los nuevos votantes residentes fuera de España.
El magistrado habla de unos "500.000 nuevos electores" y sostiene que estadísticamente podrían resultar favorables al Gobierno. Los datos manejados en el procedimiento judicial distinguen, además, entre nacionalidades concedidas e incorporaciones efectivas al CERA. Antes de la vista de septiembre se contabilizaban 544.722 nacionalidades aprobadas y 306.000 inscritos como españoles, mientras el incremento total del censo exterior desde 2023 superaba los 400.000 electores.
El verdadero nudo jurídico aparece después. La LOREG establece que para unas elecciones se utiliza el censo cerrado el primer día del segundo mes anterior a la convocatoria. En el caso del 29N, la referencia conduce al 1 de agosto, antes de que el Supremo acordase en septiembre las medidas cautelares sobre las inscripciones vinculadas a la Ley de Nietos.
Villegas rechaza que esa diferencia temporal permita dejar sin efecto práctico la decisión judicial. "No sé si reír o llorar", afirma antes de sostener que utilizar las fechas para sortear la cautelar sería "simplemente ridículo". Su argumento es que el riesgo apreciado por el Supremo continúa existiendo independientemente de que se tome como referencia el censo de agosto.
Y ese riesgo no es una invención del magistrado. La Sala de lo Contencioso-Administrativo apreció en sus autos un "peligro fundado, real y serio" de afectación grave a la objetividad y transparencia del proceso electoral y suspendió determinados efectos electorales de las inscripciones afectadas, además de ordenar actuaciones para su identificación.
"El peligro existe tanto con el censo de agosto como con éste", sostiene Villegas en su vídeo. Y termina elevando considerablemente el tono contra cualquier intento de utilizar la fecha de cierre censal para eludir la resolución: "Si alguien cree en estos trucos, estas ridículas estratagemas, que alguien pudiera tragárselos, simplemente significa que nos toman por tontos".
La cuestión ya no es teórica. Con las elecciones convocadas, el Supremo tiene que determinar cómo se ejecutan sus cautelares sobre un censo cuya fecha de referencia es anterior a su resolución. Y esa respuesta decidirá qué efectos electorales tienen finalmente el 29N unas inscripciones que el propio Alto Tribunal ordenó cautelarmente controlar.