La carambola millonaria del 29-N que se esconde detrás del voto por correo

Las elecciones generales del próximo 29 de noviembre no sólo llegan con un calendario político alterado. También arrastran una derivada económica que, al revisar los datos de las últimas convocatorias, adquiere bastante más peso de lo que podría parecer a primera vista. El adelanto electoral modifica de lleno una de las partidas más costosas de cualquier cita con las urnas: el voto por correo.

Desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa en junio de 2018, España ha celebrado tres elecciones generales completas antes de esta nueva convocatoria. Las primeras fueron las del 28 de abril de 2019, seguidas apenas seis meses después por la repetición electoral del 10 de noviembre. La tercera llegó en julio de 2023. El análisis de sus presupuestos muestra una evolución bastante estable entre las dos citas de 2019 y un salto muy acusado cuatro años después.

Las elecciones del 28-A tuvieron un presupuesto próximo a los 139 millones de euros. Las del 10-N se situaron en torno a los 135,8 millones. Sin embargo, el 23-J elevó la factura hasta aproximadamente 220,87 millones. La diferencia con las generales de noviembre de 2019 ronda así los 85 millones de euros.

Esa subida no puede atribuirse a una sola causa. Entre una convocatoria y otra cambian los precios, la seguridad, los contratos tecnológicos, la impresión de papeletas, el transporte del material electoral y numerosos servicios asociados. Pero dentro de esa escalada hay una partida que destaca especialmente: Correos.

El verano disparó el voto a distancia

Las elecciones del 23 de julio de 2023 tuvieron una particularidad que no se había producido en las anteriores generales: se celebraron en pleno periodo vacacional. Millones de ciudadanos estaban fuera de su domicilio habitual y el voto por correo se convirtió en la alternativa para una parte muy relevante del electorado.

Correos recibió entonces 2.622.808 solicitudes de voto por correspondencia, una cifra récord. Finalmente se emitieron por esta vía cerca de 2,5 millones de votos, el mayor volumen registrado hasta ese momento en unas elecciones generales.

La comparación con 2019 permite medir la dimensión del incremento. En abril de aquel año se tramitaron alrededor de 1,3 millones de solicitudes. En noviembre, el volumen fue todavía menor y quedó por debajo del millón. Cuatro años después, en julio de 2023, la demanda prácticamente duplicó la registrada en las generales de abril de 2019 y multiplicó ampliamente la de noviembre.

El dispositivo necesario para absorber aquella avalancha también fue extraordinario. Correos amplió horarios, reforzó oficinas y contrató personal adicional. Sólo durante la jornada electoral movilizó a más de 14.000 empleados para completar la entrega de los votos a las mesas electorales.

El esfuerzo tuvo reflejo directo en el presupuesto. En las elecciones de noviembre de 2019, la partida vinculada a los servicios postales se situó en torno a los 56,5 millones de euros. En julio de 2023 escaló hasta aproximadamente 101,5 millones. Entre una convocatoria y otra hay, por tanto, una diferencia cercana a los 45 millones sólo en esta área.

Eso no significa que las vacaciones expliquen íntegramente esa brecha. Entre 2019 y 2023 hubo inflación, variaciones salariales y cambios en las condiciones de los contratos. Pero la coincidencia entre el aumento del gasto y el récord absoluto de solicitudes de voto postal es difícil de ignorar.

El 29N parte de un escenario completamente distinto

Las próximas elecciones se celebrarán a finales de noviembre, no en pleno verano. Esa diferencia elimina uno de los factores que más presión ejercieron sobre Correos en 2023: el desplazamiento masivo de ciudadanos fuera de su residencia habitual.

Todavía no es posible saber cuántos españoles solicitarán votar por correo el 29-N, pero las convocatorias anteriores permiten identificar patrones muy diferentes. En noviembre de 2019 las solicitudes se situaron por debajo del millón. En julio de 2023 superaron los 2,6 millones. 

El 29-N se acerca más al patrón de noviembre de 2019 que al registrado en julio de 2023, la presión económica sobre Correos podría ser sensiblemente menor.

 El cambio de fecha lleva a España a votar en un momento del año que, al menos según las referencias anteriores, exige una infraestructura postal más reducida que la desplegada durante las vacaciones estivales.

La comparación resulta aún más llamativa cuando se observa el coste global de las elecciones celebradas bajo los gobiernos de Sánchez. Las tres convocatorias anteriores acumulan presupuestos que rondan conjuntamente los 495 millones de euros. Las dos elecciones de 2019 permanecieron en una franja similar. El gran salto llegó con el 23-J, cuando la factura superó los 220 millones y el voto postal alcanzó niveles nunca vistos.

Un segundo efecto inesperado: el contrato de escrutinio

El voto por correo no es la única consecuencia económica imprevista que deja la convocatoria anticipada.

Interior había puesto en marcha recientemente un nuevo contrato para gestionar el escrutinio provisional, el tratamiento de los resultados, las aplicaciones informáticas, el apoyo a las juntas electorales y otros servicios asociados al proceso. La licitación fue publicada a finales de septiembre, apenas unos días antes del anuncio electoral, y su valor estimado supera los 46 millones de euros para varios procesos.

El problema es que el contrato no estará operativo a tiempo.

El calendario de la propia licitación prolonga el procedimiento más allá del 29-N, de forma que Interior tendrá que recurrir al marco contractual que ya tenía en vigor. También ahí aparece una diferencia económica. El acuerdo anterior contempla importes inferiores para un único proceso electoral respecto al nuevo esquema contractual preparado para los próximos años.

La factura real

Interior todavía no ha publicado una cifra global para estas nuevas elecciones y Correos tampoco conoce el número final de solicitudes que tendrá que gestionar. Además, la rapidez de la convocatoria puede generar nuevos gastos que compensen parte de cualquier ahorro derivado del calendario.

Organizar unas elecciones generales en pocas semanas implica movilizar ayuntamientos, juntas electorales, cuerpos de seguridad, personal administrativo, empresas de impresión, Correos y compañías tecnológicas en un periodo mucho más corto de lo habitual.

Lo que sí muestran los datos disponibles es una diferencia clara entre las dos últimas grandes referencias. El 23-J estuvo marcado por una cifra histórica de voto por correo, más de 2,6 millones de solicitudes, una partida postal que superó los 100 millones y un presupuesto electoral por encima de los 220 millones. El 29-N llega en un contexto radicalmente distinto: fuera de las vacaciones estivales y con un contrato de escrutinio antiguo todavía operativo.

La comparación histórica deja, por ahora, una pista clara: cada vez que el voto por correo se dispara, la factura electoral también acusa el golpe. Y el precedente más caro de los últimos años fue precisamente el de unas generales celebradas en pleno verano.