El PP pide imputar al PSOE por las cloacas: cohecho, malversación, blanqueo y financiación ilegal

El PSOE acaba de entrar en la precampaña de las elecciones del 29N con una amenaza judicial que afecta directamente a sus siglas. Apenas un día después de que Pedro Sánchez anunciara el adelanto electoral, el PP ha solicitado que el propio Partido Socialista sea citado como persona jurídica investigada en la causa de las cloacas por cinco delitos: cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, financiación ilegal y malversación de caudales públicos.

No es todavía una imputación: es la petición formulada por la acusación popular y corresponde al instructor decidir si la acepta. Pero el salto procesal que pretende el PP es trascendente. Hasta ahora el foco recaía sobre Santos Cerdán, Leire Díez y otros investigados. Ahora se pide determinar si Ferraz puede tener responsabilidad penal propia por una estructura que, según los indicios recogidos durante la instrucción, utilizó medios del partido.

El escrito se apoya especialmente en los informes 89/2026 y 98/2026 de la UCO. En uno de los pasajes que reproduce la acusación, la Guardia Civil concluye que "tanto los fondos utilizados para el pago de los gastos en los que incurrió el grupo, como las necesidades logísticas o de personal administrativo [...] provinieron de un mismo origen: el PSOE". El propio instructor ya apreció "serios indicios incriminatorios" de que Cerdán habría puesto la estructura socialista al servicio de la actividad investigada.

Y el rastro conduce a las cuentas. Zaño Sociedad Consultora, vinculada al también investigado Gaspar Zarrías, giró al PSOE entre agosto y noviembre de 2024 cuatro facturas de 7.500 euros más IVA cada una. Mientras, la consultora abonó cuatro mensualidades netas de 4.000 euros a Leire Díez. La acusación sostiene que ese mecanismo permitió retribuirla sin documentar directamente una relación entre ella y Ferraz.

Hay más. El PSOE abonó 125.000 euros a Jacobo Teijelo, también investigado en el procedimiento, mediante una hoja de encargo cuya operativa examina la causa. Y el escrito recuerda que el partido sufragó viajes, alquileres de vehículos y otros gastos de Leire Díez y miembros del grupo, además de contabilizarse hasta 22 visitas de Díez a Ferraz, 18 de ellas para reunirse con Cerdán.

El frente más comprometido afecta al dinero público. La acusación pone el foco en 18.125,80 euros pagados a Crónica Libre como publicidad de las europeas de 2024. Sostiene que ese desembolso fue declarado como gasto electoral y computado para la subvención pública, aunque los responsables de la agencia de medios declararon que nunca habrían recomendado aquel soporte y que no se aportó el informe final de impresiones solicitado. Sobre esa operación construye la petición de investigar al PSOE también por malversación, financiación ilegal y blanqueo.

La acusación añade otro elemento delicado para Ferraz: los controles internos. Personal administrativo declaró que los viajes se autorizaban porque "nos lo decía Santos", mientras la gerente federal, Ana María Fuentes Pacheco, reconoció que determinadas contrataciones respondieron a la voluntad del entonces secretario de Organización. Cristina Narbona declaró que Cerdán tenía entonces atribuciones para realizar "cualquier tipo de contratación".

Ahora tendrá que decidir el instructor si esos indicios bastan para dar el paso que reclama el PP y atribuir al PSOE la condición de persona jurídica investigada.

Para Sánchez, el calendario difícilmente podía ser peor. Disolvió las Cortes el lunes para pedir a los españoles una nueva mayoría y el martes su partido recibe una petición de imputación por cinco delitos, entre ellos financiación ilegal y malversación. La campaña acaba de empezar y Ferraz tiene una urna delante y a la UCO pisándole los talones.