El PP lleva al PSOE al borde de la imputación por las "cloacas": señala cinco delitos en Ferraz

El Partido Popular ha dado este martes un nuevo paso en la causa que investiga la Audiencia Nacional sobre las denominadas "cloacas socialistas". La formación, personada como acusación popular, ha solicitado al juez Santiago Pedraz que cite al PSOE como investigado por cinco delitos: cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, financiación ilegal de partidos políticos y malversación de caudales públicos.

La petición sitúa directamente al Partido Socialista en el centro de la investigación y no únicamente a algunos de sus antiguos o actuales responsables. El PP sostiene en su escrito que la estructura investigada habría utilizado medios humanos, económicos y logísticos del propio partido para desarrollar actuaciones destinadas, presuntamente, a proteger los intereses políticos del PSOE y del Gobierno frente a distintas investigaciones judiciales.

Según la acusación popular, ese entramado habría comenzado a desplegarse después de los cinco días de reflexión que Pedro Sánchez se tomó en abril de 2024. Los populares describen un "amplio catálogo de actuaciones delictivas" y mantienen que detrás de ellas existiría una organización dirigida presuntamente por Santos Cerdán cuando ocupaba la Secretaría de Organización socialista.

El escrito pone especialmente el foco en Ferraz. El PP sostiene que la estructura investigada no habría funcionado al margen del partido, sino que habría contado con recursos procedentes directamente de la organización socialista. En este punto señala a Cerdán y a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco, investigada en la causa, por las responsabilidades que desempeñaban dentro de la formación y por las facultades que tenían sobre su funcionamiento interno.

La tesis que el PP plantea ante Pedraz es que no se trataría únicamente de actuaciones individuales protagonizadas por dirigentes o colaboradores socialistas. La acusación sostiene que el propio partido habría asumido gastos vinculados con las actividades investigadas y que habría facilitado medios para su funcionamiento.

Los populares recuerdan además las declaraciones realizadas durante la instrucción sobre el peso interno que llegó a acumular Santos Cerdán dentro de Ferraz. Según el escrito, el entonces secretario de Organización habría dispuesto de una capacidad de decisión extraordinariamente amplia dentro del aparato socialista y habría dado instrucciones relacionadas con determinados gastos operativos y logísticos.

Uno de los puntos centrales de la petición de imputación está relacionado con los pagos efectuados a personas vinculadas a la investigación. El PP menciona expresamente a Leire Díez y cita también a Jacobo Teijelo e Ismael Oliver dentro de las relaciones económicas que, a su juicio, deben ser examinadas para determinar hasta dónde pudo llegar la implicación de la estructura del partido.

La acusación popular introduce igualmente en su escrito los pagos realizados a Crónica Libre. Su tesis es que este medio habría funcionado como una herramienta utilizada por el entramado investigado para canalizar retribuciones a personas relacionadas con él. El PP sostiene que algunos de esos pagos fueron contabilizados como gastos electorales y atribuye su autorización al entonces director de Comunicación del PSOE, Ion Antolín.

También aparece mencionada la consultora Zaño, vinculada al exdirigente socialista Gaspar Zarrías, igualmente investigado. Para el Partido Popular, todas estas operaciones deben analizarse conjuntamente porque podrían servir para determinar si recursos del PSOE terminaron sufragando actividades conectadas con la estructura que investiga la Audiencia Nacional.

El escrito amplía además el foco hacia los supuestos intentos de obtener información o condicionar investigaciones en marcha. El PP recuerda las actuaciones relacionadas con los fiscales José Grinda e Ignacio Stampa y con el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba.

En ese contexto, la acusación vuelve a señalar a Leire Díez y pone sobre la mesa su relación con Mercedes González, directora general de la Guardia Civil. Los populares sostienen que esa conexión habría podido ser utilizada para intentar conocer o interferir en determinadas actuaciones de la Unidad Central Operativa. Será la instrucción la que determine ahora qué alcance tuvieron realmente esos contactos y si tuvieron relevancia penal.

La estrategia judicial del PP consiste así en elevar la responsabilidad desde las personas físicas investigadas hasta la propia organización política. La formación sostiene que el PSOE no habría establecido controles suficientes para impedir las actuaciones que se investigan y considera que existen elementos para analizar su eventual responsabilidad como persona jurídica.

No es la primera vez que los populares intentan llevar al Partido Socialista al banquillo como organización. El PP recuerda que ya solicitó su imputación por presunta financiación ilegal dentro del caso Hidrocarburos, a raíz de las pesquisas sobre movimientos de dinero vinculados con Ferraz.

A esa investigación se unen las diligencias abiertas en torno al caso Koldo y ahora esta pieza de la Audiencia Nacional relacionada con Leire Díez y Santos Cerdán. El PP pretende que el juez determine si los recursos económicos y la estructura interna del partido fueron utilizados para financiar actividades que trascendían la actividad política ordinaria.

La petición llega además en un momento especialmente delicado para el PSOE por la acumulación de procedimientos judiciales que afectan a antiguos dirigentes y personas del entorno de Pedro Sánchez. José Luis Ábalos, Koldo García, Santos Cerdán, David Sánchez o Begoña Gómez aparecen en distintas causas que han ido elevando la presión judicial sobre el Gobierno y sobre la dirección socialista.