Iustitia Europa lleva al Supremo el agujero del CERA: el Estado admite que debe revisar 168.896 expedientes
El partido pide mantener intactas las cautelares sobre la "Ley de Nietos" y rechazar el recurso de la Abogacía del Estado ante la imposibilidad de identificar directamente qué inscripciones están afectadas.
El Presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo
Iustitia Europa ha vuelto a dirigirse al Tribunal Supremo para reclamar que mantenga íntegramente las medidas cautelares acordadas sobre el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) y los efectos electorales vinculados a la denominada "Ley de Nietos". La formación, que concurrirá por Madrid a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, solicita además que sea desestimado el recurso de reposición presentado por la Abogacía del Estado contra el auto dictado el pasado 10 de septiembre.
El nuevo movimiento se produce después de la providencia del Supremo del 6 de octubre y coloca en el centro del procedimiento un problema que Iustitia Europa considera determinante: la propia Administración reconoce que sus registros no permiten conocer de forma directa qué personas adquirieron la nacionalidad por la vía concreta que está siendo examinada judicialmente.
Según la documentación recogida en el escrito presentado ante la Sala Tercera, ni el Registro de Matrícula Consular ni el propio CERA contienen el dato necesario para determinar directamente la vía por la que cada persona obtuvo la nacionalidad española. Para averiguarlo, la Administración tendría que examinar individualmente 168.896 expedientes, comprobar cómo fue resuelto cada uno y cruzar después esa información con los registros consulares y censales.
Ese reconocimiento es precisamente el argumento que Iustitia Europa utiliza ahora contra el recurso de la Abogacía del Estado. La formación sostiene que una dificultad de identificación derivada de los propios sistemas administrativos no puede servir para dejar sin efecto unas cautelares ya acordadas judicialmente.
La batalla se traslada a la trazabilidad de los expedientes
El planteamiento jurídico de Iustitia Europa distingue entre dos cuestiones. Por una parte, el emplazamiento personal de quienes puedan resultar afectados por el procedimiento y, por otra, la propia vigencia de las medidas cautelares.
La formación invoca el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para defender que el emplazamiento individual depende de que la persona pueda ser efectivamente identificada. A partir de ahí sostiene que la imposibilidad de individualizar actualmente a todos los potenciales afectados no debería provocar automáticamente la caída de las cautelares.
Iustitia Europa considera, además, que corresponde materialmente a la Administración realizar esa identificación porque es quien conserva los expedientes de nacionalidad y dispone de los registros necesarios para cruzar la información.
Su presidente y letrado, Luis María Pardo, acusa al Gobierno de pretender trasladar al Tribunal Supremo las consecuencias de esa falta de trazabilidad administrativa. Pardo sostiene que los propios informes de la Administración revelan que sería necesario reconstruir prácticamente expediente por expediente para conocer el universo real de afectados.
En palabras del dirigente de Iustitia Europa, el Ejecutivo no puede utilizar una carencia de sus propios registros "como una ventaja procesal" para tratar de dejar sin efecto una resolución judicial. La formación reclama que se protejan los derechos de aquellas personas que puedan ser identificadas sin que ello implique levantar las medidas acordadas el pasado 10 de septiembre.
Con las elecciones del 29N ya convocadas
El asunto adquiere además una nueva dimensión desde esta semana. Las elecciones generales están oficialmente convocadas para el domingo 29 de noviembre de 2026, después de la publicación del Real Decreto 806/2026, de 5 de octubre, que disuelve el Congreso y el Senado.
Iustitia Europa, que concurrirá a esos comicios por la circunscripción de Madrid, sostiene que el inicio formal del proceso electoral incrementa la urgencia de una decisión del Supremo, puesto que las cautelares afectan a un censo ya cerrado y a unas elecciones que ya tienen fecha cierta.
Por ello, el partido solicita expresamente a la Sala Tercera que rechace el recurso de reposición de la Abogacía del Estado y confirme en todos sus términos el auto de 10 de septiembre.
La pelota vuelve así al tejado del Tribunal Supremo: deberá decidir si mantiene sin cambios unas medidas cautelares cuya aplicación se enfrenta ahora a una dificultad reconocida por la propia Administración, que admite que necesita revisar 168.896 expedientes individualmente para determinar quiénes están realmente afectados.