efemérides
La fecha que persigue a Irene Montero: entraba en vigor el "solo sí es sí"
La norma comenzó a aplicarse el 7 de octubre de 2022 y dejó al menos 1.233 rebajas de condena y 126 excarcelaciones antes de que el Código Penal fuera reformado.
El 7 de octubre de 2022 entraba en vigor la Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual, conocida como la ley del "solo sí es sí". Era una de las grandes apuestas legislativas del Ministerio de Igualdad dirigido entonces por Irene Montero y terminaría abriendo una de las mayores polémicas jurídicas y políticas de aquella legislatura.
La fecha consta expresamente en la propia norma. La ley había sido publicada un mes antes, el 7 de septiembre, y establecía su entrada en vigor treinta días después. Con ella se modificó la regulación de los delitos contra la libertad sexual y se unificaron bajo la figura de agresión sexual los anteriores delitos de abuso y agresión.
Las consecuencias comenzaron a aparecer poco después. La modificación de los marcos penales permitió que condenados por delitos sexuales reclamaran la aplicación retroactiva de la norma cuando esta resultaba más favorable para ellos, conforme al principio penal de aplicación de la ley más beneficiosa para el reo.
El balance oficial terminó poniendo cifras a aquella situación. El Consejo General del Poder Judicial comunicó en noviembre de 2023 que los tribunales habían acordado al menos 1.233 reducciones de pena como consecuencia de la aplicación de la Ley Orgánica 10/2022. Esas resoluciones habían supuesto, además, al menos 126 excarcelaciones. El propio CGPJ precisó que los datos contabilizaban las revisiones producidas desde la entrada en vigor de la norma, el 7 de octubre de 2022.
La sucesión de revisiones acabó provocando una nueva reforma del Código Penal apenas unos meses después. En abril de 2023 se aprobó la Ley Orgánica 4/2023, que volvió a modificar las penas aplicables a los delitos contra la libertad sexual.
El propio preámbulo de aquella reforma dejó por escrito que el objetivo era evitar el "efecto no deseado" derivado de la posible aplicación de las penas mínimas de los nuevos marcos penales. Al mismo tiempo, la nueva ley mantuvo la definición del consentimiento introducida por la norma anterior.
La rectificación legislativa llegó después de meses de enfrentamiento dentro del propio Gobierno de coalición sobre cómo responder a las rebajas de penas. El resultado fue que una de las leyes bandera de Igualdad terminó necesitando una modificación del Código Penal menos de siete meses después de haber comenzado a aplicarse.