efemérides
El día que Zapatero aseguró que su plan millonario para la banca no costaría dinero
En plena crisis económica de 2008, Zapatero puso en marcha una operación de hasta 50.000 millones de euros para la banca mientras Hacienda reconocía que elevaría la deuda pública.
El 8 de octubre de 2008, hace exactamente 18 años, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero defendía una de las operaciones financieras más importantes de su mandato. En medio de una crisis económica internacional que comenzaba a golpear con fuerza a España, el Ejecutivo socialista había anunciado la creación de un fondo público destinado a comprar activos de bancos y cajas de ahorros, con una dotación inicial de 30.000 millones de euros que podía ampliarse hasta los 50.000 millones. Sin embargo, lo que llamó especialmente la atención fueron las garantías ofrecidas por el entonces vicepresidente económico, Pedro Solbes, quien aseguró que aquella intervención no debía costar dinero a los contribuyentes.
La decisión había sido anunciada el 7 de octubre, apenas unas semanas después de la quiebra del banco estadounidense Lehman Brothers, un acontecimiento que agravó la desconfianza de los mercados financieros y provocó importantes restricciones en la concesión de crédito. El Ejecutivo de Zapatero justificó su intervención por la necesidad de facilitar liquidez a las entidades financieras para que pudieran seguir prestando dinero a familias y empresas.
El 8 de octubre, Solbes salió a defender públicamente el mecanismo diseñado por el Gobierno. El vicepresidente económico sostuvo que la operación no debía representar un coste definitivo para los ciudadanos porque el Estado no entregaría subvenciones a las entidades, sino que adquiriría activos financieros con la intención de recuperar posteriormente las cantidades invertidas.
Su afirmación fue especialmente categórica: "No debe costar un céntimo a los ciudadanos". Solbes también defendió que el impacto presupuestario de la medida sería "prácticamente nulo", al considerar que el Tesoro realizaría una operación financiera respaldada por activos de calidad y susceptibles de generar una rentabilidad.
Las declaraciones se produjeron cuando el Gobierno socialista trataba de trasladar confianza sobre la situación del sistema bancario español. El Ejecutivo insistía en que las entidades nacionales no presentaban, con carácter general, los mismos problemas de solvencia que estaban apareciendo en otros países europeos y en Estados Unidos. Según el diagnóstico que entonces defendía Economía, la principal dificultad era la falta de liquidez provocada por la paralización de los mercados internacionales.
Sin embargo, ese mismo 8 de octubre, el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, reconoció que la financiación del fondo tendría consecuencias sobre el endeudamiento público. Sus previsiones apuntaban a que la operación incrementaría la deuda del Estado para 2009 entre 2,7 y 2,8 puntos porcentuales del Producto Interior Bruto, hasta situarla por encima del 41%.
De este modo, mientras Solbes defendía que la intervención no supondría una pérdida para los contribuyentes, Hacienda admitía que sería necesario incrementar inicialmente el endeudamiento para financiar las compras. Ambas afirmaciones respondían a conceptos económicos diferentes: la emisión de deuda para obtener financiación y el resultado patrimonial final de las operaciones realizadas por el fondo.
La iniciativa adquirió forma jurídica el 10 de octubre de 2008, cuando el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 6/2008, por el que se creó el Fondo para la Adquisición de Activos Financieros. La norma autorizaba una dotación inicial de 30.000 millones de euros, ampliable hasta los 50.000 millones, y contemplaba expresamente la posibilidad de recurrir a emisiones de deuda pública para financiar el programa.
El mecanismo diseñado por el Gobierno de Zapatero permitía al Estado adquirir activos financieros de las entidades mediante procedimientos competitivos. El Ejecutivo sostenía que estas compras serían temporales y que las entidades podrían utilizar los recursos obtenidos para mantener la financiación de la economía española.
Las previsiones iniciales, no obstante, superaron ampliamente la cantidad que finalmente se utilizó. El fondo terminó movilizando aproximadamente 19.300 millones de euros y proporcionó financiación a 54 entidades de crédito. Las operaciones se desarrollaron fundamentalmente entre finales de 2008 y comienzos de 2009, mediante la adquisición de activos de elevada calidad crediticia.
En marzo de 2012, el Consejo de Ministros aprobó el inicio de su liquidación. Posteriormente, el Ministerio de Economía informó de que las operaciones habían generado un beneficio aproximado de 650 millones de euros para el Estado. El resultado correspondía específicamente a este fondo y no al conjunto de las ayudas públicas destinadas al sector financiero durante los años de la crisis.
Aquella intervención fue anterior a la profunda reestructuración del sistema bancario español, marcada por los problemas de numerosas cajas de ahorros, las necesidades de recapitalización y la posterior asistencia financiera europea de 2012. Se trató de mecanismos distintos, aunque todos estuvieron relacionados con las consecuencias de la crisis financiera.
La jornada del 8 de octubre de 2008 quedó marcada por dos mensajes simultáneos del Ejecutivo socialista. Por un lado, Pedro Solbes garantizaba que la compra de activos no supondría un coste definitivo para los ciudadanos. Por otro, el propio Ministerio de Hacienda reconocía que financiar la intervención obligaría a incrementar la deuda pública prevista para el ejercicio siguiente, mientras España comenzaba a afrontar una de las crisis económicas más graves de su historia.