efemérides
El día que Sánchez impuso el estado de alarma en Madrid tras el varapalo de la Justicia a sus restricciones
El Ejecutivo recurrió a una medida excepcional después de que el TSJM rechazara avalar las limitaciones de movilidad que afectaban a nueve municipios madrileños.
El 9 de octubre de 2020, hace exactamente seis años, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobaba un nuevo estado de alarma, esta vez limitado a Madrid capital y otros ocho municipios de la Comunidad de Madrid. La decisión llegaba apenas 24 horas después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechazara ratificar las restricciones de movilidad impulsadas por el Ministerio de Sanidad, entonces dirigido por Salvador Illa.
El Ejecutivo socialista convocó un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar el Real Decreto 900/2020, con el que recuperaba la limitación de entrada y salida de los municipios afectados. La medida tenía una duración inicial de quince días y entró en vigor inmediatamente después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
La resolución judicial del día anterior había supuesto un importante contratiempo para los planes del Gobierno central. Los magistrados consideraron que la normativa utilizada no ofrecía cobertura legal suficiente para restringir un derecho fundamental como la libertad de circulación. La decisión judicial no cuestionaba la situación epidemiológica, sino la habilitación jurídica empleada para imponer aquellas limitaciones.
Ante esa situación, Sánchez optó por recurrir al estado de alarma, una herramienta excepcional prevista en la Constitución, para mantener las restricciones que no habían recibido el aval judicial.
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La medida afectó a Madrid, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz. Sus habitantes quedaron sujetos a limitaciones para entrar o salir de sus respectivos municipios, aunque se contemplaban excepciones por motivos laborales, sanitarios, educativos y otras causas justificadas.
La decisión provocó un enfrentamiento institucional con la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, cuyo Gobierno defendía la aplicación de medidas alternativas para controlar los contagios sin recurrir a un estado de alarma. La presidenta madrileña cuestionó la necesidad de adoptar una decisión de semejante alcance y defendió una respuesta sanitaria más focalizada.
Desde el Ministerio de Sanidad, Salvador Illa justificó la intervención por la evolución de los contagios y la necesidad de reducir los desplazamientos durante el puente del 12 de octubre. El Gobierno central pasó así a asumir la condición de autoridad competente para las medidas contempladas en el decreto, mientras la Comunidad de Madrid conservaba sus restantes competencias y la gestión de sus servicios.
Aquel 9 de octubre de 2020 quedó marcado por una de las principales controversias institucionales de la pandemia: la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de aprobar un estado de alarma después de que la Justicia negara cobertura legal a las restricciones de movilidad que pretendía mantener en Madrid.