Beatriz Biedma mueve ficha contra la 'cloaca' del PSOE y reclama imputar al ex juez señalado por amenazas

La magistrada Beatriz Biedma ha decidido dar un paso más en la investigación de las presuntas maniobras dirigidas contra ella mientras instruía el procedimiento judicial que afectaba a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. La juez ha solicitado a la Audiencia Nacional que llame a declarar como investigado a Luis José Sáenz de Tejada, antiguo miembro de la carrera judicial al que la Guardia Civil sitúa en el entorno de las actuaciones atribuidas a la presunta trama de Leire Díez.

La petición, adelantada este martes por El Mundo, ha llegado al Juzgado Central de Instrucción número 5, cuyo titular, Santiago Pedraz, investiga las supuestas operaciones desplegadas contra distintos miembros de la judicatura y de las fuerzas de seguridad. Biedma considera que las pesquisas deben avanzar sobre la participación concreta del exmagistrado y sus posibles conexiones con quienes pretendían desacreditarla o interferir en su trabajo.

El nuevo escrito adquiere especial relevancia por los testimonios incorporados al procedimiento. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha recogido declaraciones sobre posibles contactos con personas vinculadas al narcotráfico en Badajoz, que habrían sido utilizadas para obtener información sobre la magistrada y valorar actuaciones de intimidación.

Entre esos testimonios destaca el de Cintia Rocho, vinculada al clan de Los Rocho, quien aseguró ante los investigadores que Sáenz de Tejada llegó a plantear la posibilidad de agredir físicamente a Biedma. Según su versión, el exjuez se refería a la magistrada como un obstáculo que debía desaparecer de su camino. Estas afirmaciones constituyen una de las líneas de investigación, aunque todavía no han quedado acreditadas judicialmente.

La propia Biedma considera necesario determinar si las supuestas amenazas formaban parte de una actuación coordinada y, especialmente, quién habría promovido esas iniciativas. Por ello, no se limita a solicitar la comparecencia del exmagistrado, sino que también reclama escuchar como testigos a Cintia Rocho y al empresario Joaquín Parra.

Las declaraciones podrían resultar determinantes para establecer cómo se produjeron los contactos, qué información circulaba sobre la juez y si existían instrucciones compartidas entre los presuntos implicados.

La investigación también ha puesto el foco sobre la actividad pública de Sáenz de Tejada. Los agentes han examinado numerosas publicaciones y vídeos difundidos en internet en los que cuestionaba las decisiones judiciales de Biedma. El informe policial contabiliza 99 grabaciones relacionadas con la magistrada y su actividad, difundidas entre junio de 2024 y septiembre de 2026.

Para los investigadores, resulta necesario aclarar si esas publicaciones respondían exclusivamente a una confrontación personal o si formaban parte de una estrategia más amplia de presión sobre la instructora del procedimiento contra David Sánchez.

El enfrentamiento entre ambos tiene antecedentes judiciales. Biedma intervino en un procedimiento por violencia machista contra Sáenz de Tejada, que terminó con una condena para el antiguo juez. Esa circunstancia es relevante para determinar si existían motivaciones personales independientes de las presuntas conexiones políticas que ahora se investigan.

La magistrada ya había trasladado a la Audiencia Nacional su preocupación por distintos episodios ocurridos durante la instrucción del caso del hermano del presidente. En su declaración del pasado 8 de octubre explicó que llegó a sentirse observada y relató que una persona había acudido al colegio de sus hijas presentándose como su hermano, pese a que ella no tiene ninguno.

También aseguró haber recibido advertencias de dos abogados sobre posibles actuaciones destinadas a perjudicarla. Aunque reconoció que desconocía si Leire Díez estaba directamente detrás de aquellos acontecimientos, consideró suficientemente graves los hechos como para ponerlos en conocimiento de la Justicia.

Por su parte, Sáenz de Tejada ha rechazado las acusaciones. En un escrito conocido este lunes, 12 de octubre, negó haber mantenido los contactos que le atribuyen los testimonios recogidos por la UCO y cuestionó la investigación policial. El exmagistrado sostiene que las amenazas procedían de otras personas identificadas en un procedimiento judicial diferente y ha solicitado que se examine la actuación de los investigadores.

El nuevo movimiento judicial coincide con una fase especialmente delicada de la causa que afecta a Leire Díez, después de que la Fiscalía Anticorrupción considerase prematuro atribuir responsabilidad penal al PSOE como organización sin completar antes otras diligencias. La investigación continúa abierta para determinar si existió una estructura organizada dedicada a recabar información comprometedora sobre jueces, fiscales y miembros de la Guardia Civil.

La Audiencia Nacional deberá resolver ahora si acepta las comparecencias reclamadas por Biedma. Su decisión marcará los siguientes pasos de una investigación que busca establecer si las presuntas intimidaciones respondieron a iniciativas individuales o a una actuación concertada para obstaculizar un procedimiento judicial que afectaba directamente al entorno familiar de Pedro Sánchez.