Vox abre un frente judicial contra el delegado del Gobierno en Madrid y los promotores de la acampada de Sol

Vox ha dado un paso más en el conflicto generado por la acampada de la Puerta del Sol y ha trasladado el asunto a los tribunales. La formación que preside Santiago Abascal ha presentado este martes, 13 de octubre, una querella contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aranda, y varios de los responsables de la organización del campamento que permanece instalado en pleno centro de la capital desde finales de septiembre.

El escrito, presentado ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid mediante el ejercicio de la acusación popular, atribuye al representante del Ejecutivo de Pedro Sánchez presuntos delitos de omisión del deber de perseguir delitos y prevaricación administrativa por omisión. En paralelo, dirige la acción penal contra varios promotores de la protesta por un supuesto delito de reunión ilícita.

La iniciativa judicial se produce después de más de dos semanas de ocupación de la plaza, durante las cuales tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid han trasladado a la Delegación del Gobierno diversas advertencias relacionadas con la seguridad, la salubridad y los posibles daños ocasionados en el patrimonio público.

Según consta en la querella, Vox considera que Francisco Martín conocía la existencia de hechos que podían revestir carácter delictivo y que, pese a los requerimientos institucionales recibidos, no promovió las actuaciones necesarias para su esclarecimiento.

Entre los episodios incorporados al documento figura la presunta presencia de cuchillos de grandes dimensiones, piedras y otros objetos potencialmente peligrosos dentro del asentamiento. La formación sostiene que las advertencias municipales sobre estos materiales deberían haber dado lugar a actuaciones dirigidas a identificar a sus posibles portadores y comprobar si existían infracciones penales.

El partido también incorpora las denuncias relativas a los desperfectos registrados en elementos representativos de la capital. En concreto, menciona las pintadas y alteraciones detectadas en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional y edificio declarado Bien de Interés Cultural, así como las actuaciones denunciadas sobre la escultura del Oso y el Madroño.

A estos hechos se añaden diferentes incidentes con profesionales de la información que acudieron a cubrir las protestas. El escrito recoge denuncias de agresiones, amenazas y obstáculos al trabajo de varios equipos periodísticos, circunstancias cuya posible relevancia penal reclama investigar.

La querella recuerda que la Comunidad de Madrid solicitó el pasado 29 de septiembre el desalojo de la acampada en un plazo de 48 horas. El Ayuntamiento también trasladó posteriormente sus preocupaciones a la Delegación del Gobierno, acompañadas de documentación sobre las condiciones de la concentración.

Sin embargo, el delegado del Gobierno defendió la protección constitucional del derecho de reunión para justificar la continuidad de la protesta.

Vox cuestiona que ese argumento pueda utilizarse para evitar la investigación de posibles delitos. La formación distingue entre la decisión administrativa de desalojar una manifestación y la obligación de las autoridades de actuar cuando reciben información sobre conductas que pudieran ser constitutivas de infracción penal.

La actuación judicial no se limita a Francisco Martín. El partido también señala a representantes del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, de la Coordinadora Juvenil Socialista y de la estructura organizativa del campamento.

Entre las personas incluidas en la querella aparecen Alicia del Río, Valeria Racu, Carolina Vilariño, Fernando de los Santos, Carlota F., Marta Hernández y Quico C., además de otros promotores cuya identidad solicita determinar durante la investigación.

En este caso, la acusación se fundamenta en los artículos 513 y 514 del Código Penal, relativos a reuniones ilícitas y a la responsabilidad que pueden asumir sus promotores cuando no adoptan las medidas a su alcance para impedir la presencia de personas armadas o con objetos peligrosos.

El documento también describe la organización interna de la acampada, distribuida mediante asambleas y comisiones encargadas de cuestiones como la ubicación de las tiendas, la distribución del espacio y el funcionamiento del asentamiento. Vox considera necesario determinar quiénes adoptaban las decisiones y qué capacidad tenían para intervenir ante posibles situaciones de riesgo.

La presentación de la querella se produce después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazara el pasado 7 de octubre la petición cautelar de la Comunidad de Madrid para desalojar la plaza, al no considerar acreditada en aquella fase la inactividad de la Delegación del Gobierno.

No obstante, aquella decisión correspondía a la jurisdicción contencioso-administrativa y no resolvía las posibles responsabilidades penales individuales que ahora plantea la formación de Abascal.

Para esclarecer lo ocurrido, Vox solicita que se tome declaración a Francisco Martín y a los organizadores identificados, además de reclamar las grabaciones de las cámaras de seguridad de la Puerta del Sol y sus alrededores correspondientes al periodo comprendido entre el 26 de septiembre y el 8 de octubre.

También reclama la documentación intercambiada entre la Delegación del Gobierno, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, los atestados policiales relacionados con los incidentes denunciados y una valoración técnica de los posibles daños ocasionados en los elementos patrimoniales.

El conflicto adquiere además una dimensión electoral ante la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre. La querella recoge que los impulsores de la acampada han manifestado su intención de prolongar las movilizaciones durante las próximas semanas, aunque no atribuye por ello ningún delito electoral.