La Fiscalía pide 4 años de cárcel para un coronel de la Guardia Civil por amañar un concurso de fusiles

La Audiencia Provincial de Madrid sienta este 13 de octubre a tres acusados por una presunta falsificación documental en un procedimiento de contratación de la Guardia Civil. La Fiscalía solicita cuatro años de prisión para el coronel J. F. P. B. y dos años para cada uno de los otros dos procesados por su supuesta implicación en una maniobra destinada a favorecer a una empresa que aspiraba a suministrar al menos 8.250 fusiles de asalto.

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, los hechos se remontan a septiembre de 2019, cuando la Guardia Civil puso en marcha un procedimiento de licitación para adquirir armamento destinado a diferentes unidades. La convocatoria se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el día 11 de ese mes y establecía una serie de requisitos técnicos que debían cumplir todas las empresas participantes.

Entre las condiciones figuraba la entrega de cinco fusiles de muestra idénticos al modelo ofertado, además de los accesorios y la documentación exigidos en el pliego. El plazo para presentar las ofertas finalizaba el 30 de septiembre de 2019.

La Fiscalía sostiene que el coronel habría intervenido para que la empresa Uniformidad y Suministro de Protección SL pudiera concurrir al procedimiento pese a no disponer de las muestras necesarias dentro del plazo establecido.

El acuerdo para utilizar fusiles de la Guardia Civil

El 18 de septiembre de 2019, B. H. Z., gerente de la citada compañía, se reunió en el Cuartel de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada con el coronel J. F. P. B. y el teniente coronel G. J. P. Durante el encuentro, el representante empresarial les comunicó que no podía presentar a tiempo los cinco fusiles exigidos por las condiciones de la licitación.

De acuerdo con la versión de la Fiscalía, ante el riesgo de que el concurso quedara desierto por falta de ofertas, el gerente y el coronel habrían acordado utilizar cinco armas de la misma clase y calibre pertenecientes a la Guardia Civil, modificando previamente sus elementos identificativos.

El objetivo habría sido hacer pasar esos fusiles oficiales por las muestras aportadas por la empresa para cumplir con los requisitos del procedimiento de contratación.

Ese mismo día, el coronel ordenó a una brigada retirar cinco fusiles del almacén central y trasladarlos al laboratorio balístico, donde se llevaban a cabo las pruebas de las armas presentadas por las empresas que participaban en las licitaciones.

La acusación también atribuye al coronel la orden de elaborar un justificante de recepción de material pese a que la empresa no había entregado realmente las muestras. Para ello, habría recurrido a una agente de la Guardia Civil destinada en la Oficina Técnica del Servicio de Armamento y Equipamiento Policial, encargada de recibir el material presentado por los licitadores.

Según el Ministerio Público, la agente recibió instrucciones para redactar un recibo que acreditara una entrega que no se había producido.

Cinco días después de la reunión inicial, el coronel regresó al laboratorio balístico acompañado por un guardia civil que actuaba bajo sus órdenes y por el teniente coronel. Este último, según el escrito de acusación, conocía la actuación que presuntamente se iba a llevar a cabo.

Los tres habrían procedido entonces a embalar, precintar y etiquetar los cinco fusiles para que cumplieran las condiciones establecidas en el concurso.

Cada paquete contenía, además del arma, dos cargadores de 30 cartuchos, una caja para su conservación y transporte, un estuche de limpieza y un manual de instrucciones en castellano. De esta manera, las muestras reunían los elementos exigidos en el pliego de prescripciones técnicas.

Etiquetas de la empresa sobre las identificaciones originales

La Fiscalía sostiene que los acusados colocaron en los embalajes pegatinas con el logotipo de Uniformidad y Suministro de Protección SL y una referencia al expediente de contratación. Las nuevas etiquetas se pusieron sobre los adhesivos originales, que identificaban el número de serie de cada fusil y acreditaban que las armas pertenecían a la Guardia Civil.

Una vez preparados los paquetes y obtenido el recibo que supuestamente certificaba la entrega de las muestras, la empresa presentó su oferta el 27 de septiembre de 2019, tres días antes de que expirara el plazo de la licitación.

La documentación incluía el justificante de recepción firmado por uno de los acusados, un requisito imprescindible para poder participar en el procedimiento de adjudicación.

De acuerdo con la acusación, toda esta operativa habría permitido a la compañía superar una de las condiciones necesarias para concurrir al concurso público, pese a no haber aportado las muestras de fusiles en los términos exigidos.

La Fiscalía reclama hasta cuatro años de prisión

Por estos hechos, el Ministerio Público acusa al coronel J. F. P. B. de un delito de falsedad en documento oficial y solicita para él una pena de cuatro años de prisión. Para B. H. Z. e I. G. L., los otros dos procesados, reclama dos años de cárcel para cada uno por el mismo delito.

El juicio está señalado para este 13 de octubre, a las 10:00 horas, en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid. La causa examina la presunta utilización de armamento oficial y documentación irregular para facilitar la participación de una empresa en un contrato público de gran volumen. Las responsabilidades penales de los acusados deberán determinarse en el procedimiento judicial.