Iustitia Europa lleva a la Audiencia Nacional la incursión naval de Marruecos y exige investigar a Sánchez

Iustitia Europa ha solicitado a la Audiencia Nacional que investigue la presunta entrada de buques de guerra marroquíes en aguas de soberanía española durante la crisis fronteriza de Ceuta, registrada a finales de julio y principios de agosto de 2026. La formación, que ejerce la acusación popular unificada en las diligencias previas 64/2026, pretende esclarecer qué ocurrió durante aquellos movimientos militares, qué información recibió el Gobierno de Pedro Sánchez y qué decisiones adoptaron las autoridades españolas.

El escrito, fechado este miércoles 14 de octubre y firmado por el abogado Luis María Pardo y el procurador José Miguel Gil Mayoral, reclama diez diligencias de investigación dirigidas a los principales organismos responsables de la defensa, la inteligencia y la seguridad nacional. La petición se produce después de conocerse informaciones sobre la presencia de una fragata y varias patrulleras militares marroquíes en aguas españolas, coincidiendo con la entrada masiva de inmigrantes que ya investiga la Audiencia Nacional.

La acusación popular considera necesario abrir una investigación específica sobre el despliegue naval de Marruecos y su posible relación con los acontecimientos registrados en la frontera terrestre. Para ello, solicita al Ministerio de Defensa, al Estado Mayor de la Defensa y a la Armada los partes de operaciones, diarios de navegación, órdenes militares y comunicaciones correspondientes a los días investigados.

Entre las unidades españolas sobre las que reclama documentación figuran el Buque de Acción Marítima Rayo y las fragatas Santa María y Navarra, identificados en las informaciones periodísticas recogidas por el escrito. Iustitia Europa pretende reconstruir sus movimientos y conocer qué instrucciones recibieron ante la presencia de embarcaciones militares marroquíes.

Una de las principales exigencias afecta directamente a la Presidencia del Gobierno. La formación pide que el Departamento de Seguridad Nacional de Moncloa entregue los informes, valoraciones y actas relacionados con la gestión de la crisis. El objetivo es determinar cuándo tuvieron conocimiento las autoridades españolas de los movimientos navales, cómo interpretaron lo sucedido y si relacionaron las posibles incursiones con la entrada masiva por tierra.

La solicitud también alcanza al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y al Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS). La acusación reclama todos los informes elaborados sobre la actividad militar marroquí y plantea solicitar al Consejo de Ministros la desclasificación de aquellos documentos que puedan permanecer protegidos por la normativa sobre secretos oficiales.

En este sentido, el escrito señala que, según la revisión realizada por la propia acusación, los 40 documentos difundidos por el Gobierno el pasado 9 de septiembre no contienen referencias a las incursiones navales. Iustitia Europa considera necesario comprobar si existen otros informes de inteligencia o comunicaciones oficiales que permitan reconstruir lo ocurrido.

La Guardia Civil también figura entre los organismos a los que se pretende requerir documentación. La formación solicita los registros del Servicio Marítimo, las alertas del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), las comunicaciones con la Armada y las órdenes transmitidas a los agentes desplegados en Ceuta. Especialmente, reclama conocer si se recibieron instrucciones para vigilar, interceptar o evitar intervenir ante las embarcaciones marroquíes.

La iniciativa judicial incorpora igualmente una investigación sobre las relaciones diplomáticas entre España y Marruecos durante aquellos días. Iustitia Europa pide al Ministerio de Asuntos Exteriores y a Defensa que aporten las posibles notas de protesta, comunicaciones oficiales y respuestas del Gobierno marroquí, así como el contenido de los contactos mantenidos entre autoridades militares de ambos países.

Además, reclama que se soliciten a Frontex, al sistema europeo EUROSUR y al Centro de Satélites de la Unión Europea las imágenes y los datos de vigilancia disponibles sobre los movimientos de los buques. Con esta información pretende contrastar los registros españoles y determinar las posiciones exactas de las unidades marroquíes.

La acusación advierte también de la necesidad de conservar urgentemente los archivos de radar, los registros de posicionamiento y las comunicaciones militares correspondientes al periodo comprendido entre el 29 de julio y el 10 de agosto. Según explica en su escrito, determinados sistemas pueden sobrescribir automáticamente la información, lo que dificultaría la recuperación de pruebas relevantes para el procedimiento.

Desde el punto de vista penal, Iustitia Europa solicita que se examine la posible relevancia de los hechos en relación con los delitos contra la paz o la independencia del Estado. La formación menciona expresamente el artículo 590 del Código Penal, aunque precisa que cualquier eventual responsabilidad dependerá de las circunstancias que puedan acreditarse durante la investigación.

La petición se incorpora al procedimiento que ya examina la crisis fronteriza de Ceuta bajo la instrucción de la magistrada María Tardón. En el mismo escrito, Iustitia Europa señala que el Partido Popular también ha solicitado investigar las incursiones navales y que sus peticiones de diligencias han sido incorporadas a esta iniciativa.

La Audiencia Nacional deberá pronunciarse sobre las diligencias reclamadas, entre las que figura identificar a los mandos militares y responsables de seguridad que tuvieron conocimiento de los movimientos de los buques marroquíes, determinar a qué autoridades trasladaron la información y esclarecer las decisiones adoptadas por los organismos dependientes del Gobierno de Pedro Sánchez.