Más Madrid pide topar el alquiler y respalda la acampada de Sol mientras sus cargos declaran hasta ocho partidas inmobiliarias
Manuela Bergerot reclama precios máximos, un impuesto desde la tercera vivienda y expropiar a los grandes acaparadores. Hugo Martínez Abarca encabeza el recuento con cuatro viviendas, dos locales y dos plazas de garaje.

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot (d), y la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre
La vivienda se ha convertido en uno de los principales frentes políticos de Más Madrid. Su portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha defendido fijar precios máximos para los alquileres —también los de temporada y por habitaciones—, establecer un impuesto disuasorio a partir de la tercera vivienda y expropiar inmuebles de fondos y grandes acaparadores para destinarlos al alquiler asequible. En ese debate resumió su posición con una frase: "Las casas no son activos financieros, son hogares".
Ese discurso coincide con las declaraciones patrimoniales de varios representantes de la formación en la Asamblea de Madrid y en el Ayuntamiento de la capital. El recuento de las partidas inmobiliarias localizadas sitúa a Hugo Martínez Abarca en cabeza, con ocho. La clasificación incluye a los cargos con dos o más apuntes; no es una tasación de los bienes ni acredita que estén destinados al alquiler.
Ocho partidas en la declaración de Martínez Abarca
El diputado autonómico declara cuatro viviendas —con participaciones que van del 50% al 100%—, dos locales comerciales y dos plazas de garaje. Marta Lozano Sabroso, también diputada regional, suma seis partidas: cuatro viviendas, un garaje y una finca rústica. En el grupo municipal, Sara Ladra Álvarez figura con seis partidas, aunque dos corresponden a una misma vivienda habitual.

Diputados y Concejales de Más Madrid
El detalle de los diputados autonómicos incluye bienes de distinta naturaleza y derechos de titularidad diferentes. Por ejemplo, la información publicada sobre Alicia Torija señala que sus dos viviendas y el solar proceden de una herencia y figuran en nuda propiedad. En el caso de Juan Varela-Portas, además, existe una discrepancia entre el recuento difundido en 2026 y una información anterior.
En las declaraciones municipales, las partidas tampoco son necesariamente viviendas completas: el portal recoge porcentajes de participación y derechos distintos. Por eso, el recuento no permite concluir que todos esos bienes se alquilen ni calcular los ingresos que generan.
Apoyo a la acampada y choque con Almeida
La postura de Más Madrid ante las protestas de la Puerta del Sol ha sido otro elemento central de la disputa. Rita Maestre describió la manifestación y la acampada como expresión de un "clamor social" y sostuvo que la vivienda "no puede ser una mercancía en manos de especuladores y de fondos buitre". También criticó que el Ayuntamiento pidiera desalojar el campamento.
Bergerot, por su parte, llevó a la Asamblea las medidas reclamadas por el Sindicato de Inquilinas para el denominado "Decreto Maricarmen": renovación automática de contratos, freno a las subidas vinculadas al IPC y cambios para limitar los alquileres de temporada y por habitaciones. La portavoz defendió que la iniciativa se aprobara "sin mover una coma". masmadrid.org
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, defendió en Cibeles el acuerdo mediado por la Empresa Municipal de la Vivienda para que Maricarmen Abascal pudiera regresar a su casa con un nuevo contrato de ocho años y una renta limitada al 30% de sus ingresos netos. En esa comparecencia afirmó que el Ayuntamiento estaba "en la solución y no en la algarada" y dijo que, si los acampados no estaban conformes con el decreto, podían ir a protestar a Moncloa. Maricarmen falleció horas antes de firmar el contrato.
La tensión continuó tras los incidentes del 12 de octubre en Sol. Almeida acusó también a los acampados de "provocar" y dijo que condenaba las actuaciones "de un lado y de otro".
El contraste entre las propuestas de Más Madrid y las declaraciones patrimoniales de algunos de sus cargos resulta políticamente llamativo. Pero los registros consultados no demuestran por sí solos que esos bienes estén alquilados, qué rentas generan o que sus titulares tengan la propiedad plena de cada uno.