El nuevo movimiento de la jueza Tardón que pone el foco en Aina Calvo, la número dos de Marlaska

La investigación judicial sobre la invasión de Ceuta del pasado mes de julio amenaza con alcanzar a uno de los principales despachos del Ministerio del Interior. La jueza María Tardón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, estudia llamar a declarar como testigo a Aina Calvo, secretaria de Estado de Seguridad y número dos de Fernando Grande-Marlaska, para esclarecer las comunicaciones mantenidas antes de la entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos.

La posible comparecencia de Calvo, adelantada este miércoles por Moncloa.com, se plantea después de que distintos testimonios incorporados a la causa hayan situado a la responsable de Seguridad entre los altos cargos que recibieron advertencias sobre el deterioro de la situación fronteriza. Por el momento, no consta que la magistrada haya acordado formalmente su citación.

Uno de los elementos que ha dirigido la atención hacia la Secretaría de Estado de Seguridad es la declaración de Gonzalo Sanz, antiguo jefe de gabinete del exdelegado del Gobierno en Ceuta Miguel Ángel Pérez Triano. Durante su comparecencia judicial del pasado 30 de septiembre, Sanz identificó a Aina Calvo como interlocutora de la Delegación del Gobierno durante las jornadas anteriores a los acontecimientos del 30 y 31 de julio.

Según su testimonio, los responsables de la Administración del Estado en Ceuta habían trasladado a Interior su preocupación por la creciente presión en la frontera desde el 28 de julio. Aquellas comunicaciones se produjeron cuando los servicios policiales ya habían elaborado informes sobre el riesgo de una entrada multitudinaria desde territorio marroquí.

La declaración del antiguo jefe de gabinete se suma a la ofrecida por el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, quien también señaló directamente a la Secretaría de Estado de Seguridad. Vivas explicó ante la magistrada que el 28 de julio contactó con Aina Calvo para reclamar la declaración de un mando único que permitiera coordinar la respuesta institucional y policial ante una situación que consideraba cada vez más preocupante.

De acuerdo con su versión, la secretaria de Estado devolvió la llamada al día siguiente y le comunicó que no se establecería ese dispositivo extraordinario. La decisión se habría sustentado en los informes manejados por Interior, que entonces no habrían considerado necesaria la activación de aquella medida.

Sin embargo, la documentación policial incorporada al procedimiento recoge diferentes advertencias anteriores a la crisis. La Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional había registrado información sobre la situación fronteriza el 22 de julio, mientras que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras elaboró nuevas comunicaciones al día siguiente.

A estos antecedentes se añadieron otras notas informativas de los días 28 y 29 de julio, así como documentación procedente de la Guardia Civil. Especialmente relevante resulta la alerta emitida por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras el 29 de julio, en la que se contemplaba un escenario de riesgo extremo ante posibles entradas coordinadas a nado y mediante saltos a la valla.

La existencia de estos documentos ha llevado a la instructora a examinar el recorrido de la información dentro de la Administración, los destinatarios de las comunicaciones y las decisiones adoptadas desde los órganos responsables de la seguridad fronteriza.

La investigación también ha puesto el foco en las advertencias procedentes de los servicios de Inteligencia. La magistrada ha solicitado la desclasificación de otras 19 comunicaciones del Centro Nacional de Inteligencia dirigidas a Gonzalo Sanz, que se sumarían a los documentos previamente difundidos por el Ejecutivo.

Estos intercambios resultan relevantes para reconstruir las horas anteriores a la entrada masiva y determinar hasta qué punto los organismos responsables de la seguridad del Estado conocían los preparativos que se estaban desarrollando al otro lado de la frontera.

Tardón ya había requerido oficialmente la incorporación a las actuaciones de los informes y comunicaciones publicados por Moncloa sobre la situación de Ceuta entre el 1 y el 31 de julio. La magistrada solicitó, además, que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes remitiera copias autenticadas de aquella documentación.

La causa judicial ha adquirido una dimensión superior a la investigación de las entradas irregulares. En un auto dictado el pasado 8 de septiembre, la instructora recogió indicios de que los acontecimientos no respondían exclusivamente a movimientos espontáneos de personas, sino que podían formar parte de un proceso organizado con antecedentes identificables.

La resolución judicial examinaba la posible existencia de actuaciones favorecidas desde Marruecos y describía las consecuencias que tuvo la llegada masiva sobre los dispositivos españoles de control fronterizo. La magistrada también analizaba la sucesión de acontecimientos previos, las circunstancias de las entradas y los efectos posteriores sobre los servicios públicos y las capacidades de respuesta de Ceuta.

Entre los posibles delitos objeto de investigación figuran conductas contra la integridad territorial del Estado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y de organización criminal. La instructora también ha abordado las circunstancias relacionadas con la muerte de 83 personas cuyos cuerpos fueron recuperados en aguas territoriales españolas, según los datos recogidos en la resolución.

En paralelo, Tardón ha admitido la personación de la Ciudad Autónoma de Ceuta como acusación particular, en su condición de perjudicada por los acontecimientos investigados. La decisión permite que la Administración ceutí intervenga directamente en el procedimiento y solicite diligencias relacionadas con los hechos.

La posible citación de Aina Calvo introduciría en las declaraciones judiciales a una de las principales responsables de la estructura de mando del Ministerio del Interior. La secretaria de Estado ocupa el cargo desde junio de 2025 y anteriormente ejerció como delegada del Gobierno en Baleares, secretaria de Estado de Igualdad y alcaldesa de Palma de Mallorca por el PSOE.

Su posición institucional no implica aforamiento, por lo que podría comparecer ante la Audiencia Nacional sin necesidad de acudir al Tribunal Supremo. La declaración que actualmente estudia la magistrada tendría carácter testifical y no supone, por sí misma, la atribución de responsabilidad penal.