La promesa que persigue a Sánchez: de las condenas del procés a la amnistía de Puigdemont

El 14 de octubre de 2019, Pedro Sánchez comparecía ante los medios de comunicación en el Palacio de la Moncloa para pronunciarse sobre una de las sentencias más importantes de la historia reciente de España. El Tribunal Supremo acababa de condenar a los principales dirigentes del procés por su participación en el desafío independentista de Cataluña. Aquel día, el presidente del Gobierno en funciones lanzó un mensaje de firmeza sobre el cumplimiento de las penas impuestas por la Justicia.

La declaración institucional quedó registrada en los archivos oficiales de la Presidencia del Gobierno. Sánchez aseguró que el Ejecutivo respetaba la decisión del alto tribunal y defendió que las condenas debían ejecutarse en los términos establecidos por los magistrados.

"El acatamiento de la misma significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento", afirmó el dirigente socialista ante las cámaras.

Sus palabras llegaron después de que el Tribunal Supremo impusiera penas de entre nueve y trece años de prisión a nueve dirigentes independentistas. La condena más elevada correspondió al entonces líder de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, sentenciado a trece años de cárcel por sedición y malversación.

Sánchez acompañó aquella declaración con otra afirmación que también quedó recogida en la transcripción oficial de la Moncloa: "Nadie está por encima de la ley y todos estamos obligados a su cumplimiento". El presidente defendió además la independencia del Tribunal Supremo y calificó el procedimiento judicial como un ejemplo del funcionamiento del Estado de derecho.

En aquel momento, el debate político estaba centrado en las consecuencias de la sentencia y en la posibilidad de que los condenados recibieran algún tipo de medida de gracia. El Partido Popular, dirigido entonces por Pablo Casado, reclamaba al Ejecutivo que descartara expresamente los indultos.

Aunque Sánchez no anunció formalmente una decisión sobre esa posibilidad durante su comparecencia, su insistencia en el cumplimiento íntegro de las penas fue interpretada entonces como un rechazo a cualquier medida que pudiera alterar la ejecución de las condenas.

El presidente también presentó la resolución del Supremo como el cierre de una etapa marcada por el enfrentamiento institucional entre la Generalitat y el Estado. Defendió que la Justicia había actuado con garantías y sostuvo que los dirigentes independentistas habían sido juzgados por sus actuaciones y no por sus ideas políticas.

Sin embargo, el escenario comenzó a cambiar durante los años posteriores. El 22 de junio de 2021, el Consejo de Ministros aprobó los indultos parciales a los nueve dirigentes independentistas condenados a prisión. La decisión permitió su salida de la cárcel, aunque mantuvo las penas de inhabilitación que continuaban vigentes.

La medida fue defendida por el Gobierno como una iniciativa destinada a favorecer la convivencia en Cataluña. Por el contrario, el Partido Popular y Vox cuestionaron la decisión y denunciaron el cambio de posición del presidente respecto a sus compromisos anteriores.

El siguiente paso llegó en 2023, cuando Sánchez necesitó el respaldo de distintas formaciones parlamentarias para lograr una nueva investidura. Las negociaciones con Junts y Esquerra Republicana situaron la amnistía en el centro de los acuerdos políticos que permitieron la continuidad del Gobierno de coalición.

En mayo de 2024, el Congreso de los Diputados aprobó definitivamente la Ley de Amnistía, destinada a extinguir determinadas responsabilidades vinculadas al proceso independentista catalán. La norma comprendía hechos relacionados con el referéndum del 1 de octubre de 2017 y otras actuaciones desarrolladas durante el procés.

De esta manera, la posición política que Sánchez había defendido públicamente en octubre de 2019 quedó contrastada con las decisiones adoptadas posteriormente por su Ejecutivo. Primero llegaron los indultos a los dirigentes condenados y después una ley que permitió revisar las consecuencias jurídicas de numerosos procedimientos relacionados con el independentismo.

La aplicación de la amnistía, no obstante, ha dependido de las decisiones de los órganos judiciales competentes y del alcance de la norma en cada procedimiento. Las causas penales y las reclamaciones contables han seguido vías diferentes, con resoluciones y situaciones procesales que no deben confundirse.

Precisamente, este miércoles, 14 de octubre de 2026, exactamente siete años después de aquella declaración de Sánchez, el Tribunal de Cuentas ha dictado una nueva resolución que vuelve a situar las consecuencias del procés en la actualidad.

El órgano fiscalizador ha aplicado la Ley de Amnistía a Carles Puigdemont y a otros 34 antiguos altos cargos de la Generalitat investigados por las responsabilidades contables derivadas de los gastos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y de las actividades de promoción internacional del independentismo catalán.

Entre los beneficiados por la resolución se encuentran también el expresidente Artur Mas, el exvicepresidente Oriol Junqueras y antiguos consejeros como Raül Romeva, Jordi Turull, Toni Comín y Lluís Puig.

La sentencia, de 69 páginas, absuelve a los 35 demandados por la Fiscalía y Sociedad Civil Catalana después de considerar que no ha quedado acreditado que los gastos investigados fueran financiados con recursos procedentes del presupuesto de la Unión Europea. El Tribunal de Cuentas también ha ordenado levantar las medidas cautelares adoptadas durante la tramitación del procedimiento.

Esta absolución afecta a la responsabilidad contable y no equivale, por sí misma, a la extinción de todas las responsabilidades penales que pudieran existir en otras causas.

La coincidencia del calendario recupera así las declaraciones realizadas por el presidente el 14 de octubre de 2019, cuando exigía el cumplimiento íntegro de las condenas del Supremo. Siete años después, en la misma fecha, el Tribunal de Cuentas aplica a Puigdemont y a otros 34 encausados la amnistía aprobada en 2024, durante el mandato del mismo presidente que entonces defendía la ejecución de aquellas sentencias.