El día que Sánchez blindó a Marlaska en plena polémica por la purga de mandos de la Guardia Civil

El 15 de octubre de 2020, el Gobierno de Pedro Sánchez logró evitar una nueva reprobación parlamentaria de Fernando Grande-Marlaska, en plena crisis por los ceses y dimisiones registrados en la cúpula de la Guardia Civil. El ministro del Interior llevaba meses en el centro de la polémica tras la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos, una decisión que había desencadenado un enfrentamiento entre el Ejecutivo y los principales partidos de la oposición.

Aquel jueves, el Congreso de los Diputados rechazó una iniciativa de Ciudadanos, apoyada por el Partido Popular y Vox, que reclamaba responsabilidades políticas al ministro por su gestión del Instituto Armado. Los votos de los partidos que respaldaban al Ejecutivo impidieron que prosperara la censura parlamentaria, en un momento especialmente delicado para Marlaska.

La controversia había comenzado en mayo de aquel mismo año, cuando el Ministerio del Interior decidió apartar a Diego Pérez de los Cobos de su puesto como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. La destitución se produjo mientras agentes de la Policía Judicial investigaban, por orden de una magistrada, las circunstancias en las que se habían permitido las manifestaciones del 8 de marzo de 2020, celebradas días antes de la declaración del estado de alarma por la pandemia.

El motivo recogido en la propuesta oficial de cese hacía referencia a la falta de información sobre el desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en funciones de Policía Judicial. Aquella justificación abrió una importante controversia, puesto que las diligencias se encontraban bajo dirección judicial y estaban sujetas a las correspondientes obligaciones de reserva.

Marlaska había defendido inicialmente que la destitución respondía a una reorganización de los equipos de la Guardia Civil. Sin embargo, el contenido del expediente administrativo provocó nuevas críticas de la oposición, que acusó al Ministerio del Interior de intentar conocer actuaciones relacionadas con una investigación judicial políticamente sensible.

Las consecuencias alcanzaron rápidamente a la dirección del Instituto Armado. El teniente general Laurentino Ceña, entonces director adjunto operativo de la Guardia Civil, presentó su dimisión tras el cese de Pérez de los Cobos. Posteriormente también abandonó su puesto el teniente general Fernando Santafé, responsable del Mando de Operaciones.

La sucesión de salidas agravó la crisis interna y situó a Marlaska bajo una intensa presión parlamentaria. Los partidos de la oposición exigieron explicaciones sobre las decisiones adoptadas y reclamaron la dimisión del ministro, mientras el Gobierno mantuvo su respaldo al titular de Interior.

El Congreso ya había rechazado una primera reprobación de Marlaska el 25 de junio de 2020, cuando una iniciativa del Partido Popular obtuvo 151 votos favorables, 167 contrarios y 29 abstenciones. La mayoría parlamentaria que sostenía al Gobierno volvió a impedir que prosperara la censura.

Casi cuatro meses después, el 15 de octubre, Ciudadanos volvió a llevar el asunto a la Cámara Baja. La formación insistió en la necesidad de exigir responsabilidades por la destitución del coronel y por la crisis generada en la cadena de mando de la Guardia Civil. El Partido Popular y Vox respaldaron la iniciativa, pero el rechazo de los grupos contrarios a la reprobación permitió que Marlaska superara otro enfrentamiento parlamentario.

La controversia no terminó con las votaciones del Congreso. El conflicto acabó llegando a los tribunales y, el 28 de marzo de 2023, el Tribunal Supremo anuló definitivamente la destitución de Diego Pérez de los Cobos, estimando el recurso presentado por el coronel contra la decisión del Ministerio del Interior.

En su sentencia, el alto tribunal cuestionó la justificación utilizada para apartar al mando de la Guardia Civil, al considerar que la exigencia de información sobre unas diligencias judiciales sometidas a reserva resultaba contraria a las obligaciones propias de la Policía Judicial. El Supremo recordó que la magistrada instructora había ordenado expresamente mantener la absoluta reserva sobre aquella investigación.

La resolución judicial se produjo casi tres años después de que Marlaska superara su segunda reprobación parlamentaria. Durante aquel periodo, el ministro permaneció al frente de Interior con el respaldo de Pedro Sánchez, pese a las críticas de la oposición y al procedimiento judicial abierto por el coronel destituido.