El cerebro financiero de Plus Ultra tiene las respuestas que pueden complicar judicialmente a Zapatero

La investigación sobre el millonario rescate de Plus Ultra entra este viernes en una fase especialmente delicada para el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado a declarar a Simon Leendert Verhoeven, considerado el presunto cerebro financiero del entramado investigado, cuya intervención en las operaciones económicas de la aerolínea podría aportar información decisiva sobre el destino de los 53 millones de euros concedidos por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Su comparecencia llega en un momento en el que las pesquisas judiciales no se limitan a examinar las circunstancias que rodearon la aprobación del rescate, sino que también tratan de reconstruir qué ocurrió con el dinero público una vez que llegó a las cuentas de la compañía y quiénes pudieron beneficiarse de las operaciones financieras posteriores.

En este escenario aparece el nombre de Zapatero, investigado por su presunta intermediación en las gestiones relacionadas con el rescate. La declaración del empresario neerlandés podría incorporar nuevos elementos a una causa que también examina las relaciones económicas y empresariales mantenidas alrededor de la compañía aérea.

Verhoeven comparece después de haberse negado inicialmente a declarar al alegar que su defensa no había tenido acceso suficiente a las actuaciones judiciales. Ahora, tras disponer de más tiempo para examinar el sumario, vuelve ante el magistrado en una declaración señalada como una de las más relevantes de la investigación.

El empresario fue detenido el pasado 21 de agosto en el aeropuerto de Fráncfort, después de que las autoridades españolas dictaran una orden internacional de búsqueda y captura. Tras su entrega a España, el juez acordó dejarlo en libertad con medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte y la prohibición de abandonar el territorio nacional.

Una de las principales incógnitas se encuentra en los préstamos negociados por Verhoeven antes de que Plus Ultra recibiera el respaldo económico del Estado. El magistrado pretende determinar si parte del dinero público terminó utilizándose para cancelar obligaciones contraídas con sociedades financieras relacionadas con el investigado.

La cuestión adquiere especial relevancia después de que antiguos responsables de la aerolínea hayan declarado que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) conocía que 19 de los 53 millones de euros concedidos se destinarían al pago de deudas.

Según la información publicada por Moncloa.com, el juez trata de reconstruir las operaciones que precedieron a la concesión de la ayuda y los movimientos realizados inmediatamente después de que el dinero llegara a la aerolínea.

Entre las entidades que participaron en la financiación previa figuran Wailea Investment, Allpa Wira Trading, Panacorp y Valerian Corporation, sociedades cuyas operaciones están siendo examinadas por los investigadores.

Plus Ultra había recibido diferentes préstamos entre octubre de 2020 y febrero de 2021. Una parte de esas cantidades fue devuelta después de que la compañía obtuviera los primeros fondos públicos.

Uno de los movimientos identificados corresponde a un préstamo de 500.000 dólares concedido por Wailea Investment en octubre de 2020. Tras recibir el primer desembolso estatal, la aerolínea devolvió 522.379,73 dólares, incluidos los intereses.

Una situación similar se produjo con Allpa Wira, que había aportado otros 500.000 dólares en noviembre de 2020. Después de varios intentos fallidos, la compañía realizó el 4 de mayo de 2021 una transferencia de 519.983,01 dólares a una cuenta bancaria en Mauricio.

También se investigan las operaciones relacionadas con Panacorp y Valerian Corporation, que recibieron devoluciones mediante transferencias a entidades bancarias situadas en Puerto Rico y Gibraltar.

Los movimientos están bajo el análisis de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que atribuye a Verhoeven un papel destacado en una presunta estructura internacional dedicada al blanqueo de capitales.

Las pesquisas sitúan al financiero como una de las personas que habrían proporcionado cobertura documental a determinadas operaciones mediante sociedades y contratos de inversión o préstamo.

De acuerdo con la hipótesis policial, algunas cantidades que llegaban a Plus Ultra eran posteriormente enviadas a sociedades instrumentales vinculadas con Verhoeven. Los investigadores siguen el rastro de operaciones relacionadas con cuentas en Gibraltar, Suiza, Montenegro, Reino Unido e Isla Mauricio.

La causa tiene antecedentes internacionales. En octubre de 2024, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra siete personas después de recibir información procedente de las autoridades de Suiza y Francia sobre una presunta organización dedicada al blanqueo de capitales de origen venezolano.

En aquella investigación apareció también Rodolfo Reyes, antiguo accionista mayoritario de Plus Ultra, que continúa en paradero desconocido y cuyo papel resulta relevante para reconstruir las decisiones financieras adoptadas por la aerolínea.

La dimensión política del procedimiento se encuentra en la presunta intervención de Zapatero para facilitar la concesión del rescate. Los investigadores examinan sus relaciones con empresarios vinculados a Plus Ultra y los pagos que se habrían canalizado mediante determinadas sociedades.

En este apartado aparece Julio Martínez Martínez, empresario relacionado con el expresidente y vinculado a Análisis Relevante, una de las mercantiles examinadas en las diligencias.

Las declaraciones prestadas por antiguos directivos de la aerolínea han situado también bajo el foco judicial las comisiones relacionadas con las gestiones para obtener la ayuda estatal.

Según las informaciones publicadas sobre esas comparecencias, el antiguo consejero delegado Roberto Roselli confirmó ante el instructor referencias a una comisión vinculada a Análisis Relevante, de la que una parte habría estado destinada al denominado “grupo Zapatero” por su intervención en el rescate.

El magistrado trata de esclarecer qué gestiones se realizaron realmente, quiénes participaron en ellas y qué relación tuvieron los pagos investigados con la decisión de conceder los fondos públicos.

La declaración de Verhoeven puede resultar relevante para conectar las dos vertientes de la investigación: los movimientos financieros realizados antes y después del rescate y las posibles actuaciones de intermediación destinadas a conseguir la aprobación de los 53 millones.

El financiero está investigado por presuntos delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. Su comparecencia está prevista para este viernes ante el juez Calama, que deberá determinar qué información puede aportar sobre los préstamos, las sociedades involucradas y los destinatarios del dinero