Sánchez encuentra en la Diputación Permanente la vía para aprobar decretos que no saca adelante en el Congreso
El Ejecutivo consigue convalidar las medidas sobre la DANA y Oriente Medio tras sus derrotas parlamentarias, mientras el PP denuncia un “uso electoral” de este órgano en plena precampaña.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha conseguido este viernes, 16 de octubre, sacar adelante dos nuevos reales decretos-leyes a través de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, un órgano parlamentario que ha asumido determinadas competencias de la Cámara tras su disolución. La convalidación de las medidas relacionadas con la DANA de 2024 y la crisis en Oriente Medio llega después de que el Ejecutivo sufriera varias derrotas parlamentarias, entre ellas el rechazo de dos decretos de vivienda el pasado 2 de octubre.
El Gobierno ha encontrado así una nueva vía parlamentaria para tramitar sus iniciativas en plena precampaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La principal diferencia es que ya no se enfrenta a las votaciones de los 350 diputados que integraban el Pleno del Congreso, sino a las de los 69 representantes de la Diputación Permanente.
La situación ha provocado críticas de la oposición, especialmente del Partido Popular, que ha denunciado un supuesto uso electoral de este órgano por parte del Ejecutivo. Los populares consideran que el Gobierno pretende aprovechar el calendario parlamentario posterior a la disolución de las Cortes para impulsar medidas en las semanas previas a las elecciones.
La polémica tiene un antecedente inmediato. El pasado 2 de octubre, el Congreso rechazó dos reales decretos-leyes sobre vivienda promovidos por el Ejecutivo. En aquellas votaciones, el PP y Vox se posicionaron en contra de las iniciativas, que no consiguieron reunir los apoyos necesarios para continuar vigentes.
Sin embargo, apenas unos días después de aquella derrota, el Consejo de Ministros volvió a aprobar medidas relacionadas con la vivienda mediante otros dos decretos, abriendo la posibilidad de que fueran examinados por la Diputación Permanente.
Esta decisión ha generado un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición, que cuestiona la oportunidad política de recuperar iniciativas rechazadas por el Congreso cuando las Cortes ya están disueltas.
La Diputación Permanente, presidida por Francina Armengol, cuenta con 69 integrantes. De ellos, 27 corresponden al Partido Popular, 25 al PSOE y seis a Vox, mientras que el resto se reparte entre otras formaciones políticas.
Esta composición supone una aritmética diferente a la del Pleno, aunque el Gobierno sigue necesitando reunir apoyos suficientes para conseguir la convalidación de sus decretos.
La primera reunión de este órgano tras la disolución de las Cortes ha servido para convalidar dos iniciativas aprobadas por el Consejo de Ministros el pasado 29 de septiembre. Ninguna de las dos corresponde a los decretos de vivienda rechazados anteriormente, cuya nueva tramitación continúa pendiente.
El primero de los textos convalidados contempla medidas relacionadas con las consecuencias de la DANA que afectó a numerosos municipios españoles entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, especialmente en la Comunidad Valenciana.
El decreto introduce cambios en el régimen de devolución de determinados anticipos concedidos a los damnificados por las inundaciones. La posibilidad de no reintegrar esas cantidades queda condicionada al cumplimiento de requisitos económicos y patrimoniales establecidos en la normativa.
El segundo decreto aprobado corresponde al Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. La norma prorroga distintas medidas económicas relacionadas con el incremento del precio de la energía y los combustibles, entre ellas las limitaciones a determinadas subidas del gas y la extensión de los descuentos a los carburantes hasta finales de año.
También contempla actuaciones dirigidas a sectores especialmente afectados por los costes energéticos, como el transporte, la agricultura y la pesca.
El PP denuncia el uso electoral de la Diputación Permanente
La utilización de la Diputación Permanente para tramitar decretos del Gobierno ha provocado las críticas del Partido Popular, especialmente por la intención del Ejecutivo de someter de nuevo a votación las medidas sobre vivienda que no consiguieron superar el Pleno del Congreso.
Los populares han denunciado que Sánchez pretende utilizar este órgano como una plataforma electoral durante las semanas previas al 29 de noviembre.
La controversia aumentó cuando Francina Armengol convocó la reunión de este viernes sin incluir en el orden del día los dos decretos de vivienda. Desde el PP interpretaron ese aplazamiento como una decisión vinculada a los intereses electorales del Ejecutivo, al considerar que el Gobierno buscaba acercar su votación al inicio de la campaña.
La diferencia política reside en que los decretos se someten ahora a un órgano de composición reducida, mientras que las iniciativas anteriormente rechazadas fueron examinadas por el Pleno.
La polémica coincide, además, con el expediente sancionador abierto por la Junta Electoral Central contra Pedro Sánchez por su comparecencia del pasado 6 de octubre en La Moncloa, en la que anunció las nuevas medidas de vivienda. El organismo electoral aprecia una posible vulneración de las obligaciones de neutralidad institucional durante el periodo electoral, a raíz de las denuncias presentadas por el PP, Vox y Se Acabó la Fiesta.
En este contexto, la convalidación de los decretos sobre la DANA y Oriente Medio supone el primer resultado favorable al Ejecutivo en la Diputación Permanente desde la convocatoria electoral.
La próxima prueba parlamentaria llegará con los decretos de vivienda, cuya anterior versión fue rechazada por el Congreso. Su votación permitirá determinar si Sánchez consigue reunir en la Diputación Permanente los apoyos que no obtuvo ante los 350 diputados del Pleno.