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Salvar al soldado López: el "decreto Maricarmen" cuela una excepción para los desahucios de Muface
La norma permite que Casa 47 gestione los inmuebles del Fondo Especial de Muface, dependiente del Ministerio de Óscar López, mientras deja a los organismos públicos de vivienda fuera de una de las nuevas protecciones para inquilinos vulnerables
El ministro para la Transformación Digital, Óscar López
La "maldición de Maricarmen" no descansa ni los sábados. Desde que el PSOE decidió convertir el caso de la anciana de 87 años en bandera de su campaña sobre vivienda, prácticamente cada día aparece un nuevo galletazo que deja expuesta alguna contradicción. El último estaba escondido en la letra pequeña del mismísimo "decreto Maricarmen". Sanchismo style.
El Real Decreto-ley 29/2026 presume de reforzar la protección de las personas vulnerables sin alternativa habitacional. Su artículo 2 establece hasta el 31 de diciembre de 2030 una suspensión especial para determinados procedimientos de desahucio. Pero incorpora una excepción que confronta a lo ocurrido esta semana.
Ese régimen no se aplica a los entes y organismos públicos cuya finalidad sea promover y gestionar vivienda social y asequible. Y el mismo decreto permite, unas páginas después, que Casa 47 gestione los inmuebles del Fondo Especial de Muface y los dedique a vivienda asequible, aunque la mutualidad conserve su titularidad.
Precisamente Muface. El organismo dependiente del Ministerio de Óscar López que esta semana volvió a colocar al dirigente socialista víctima de la "maldición". Su departamento desestimó el recurso de un inquilino que pretendía continuar en la vivienda que había ocupado su madre hasta fallecer. La resolución fue adoptada por delegación, López dijo que él no la había firmado y las redes sociales le dieron una lección de procedimiento administrativo. A él, al ministro de la Función Pública.
La excepción, descubierta por Vozpópuli, no significa que los inquilinos vulnerables de Muface queden sin protección. El propio artículo 2 contempla otro procedimiento para demandantes distintos de los incluidos en la suspensión especial, en el que intervienen los servicios sociales y la Administración competente si no existe alternativa habitacional. Lo que cambia es qué protección puede invocarse dependiendo de quién gestione la vivienda.
La letra pequeña llega, además, cuando Muface prepara la salida progresiva de su patrimonio inmobiliario. Su Fondo Especial cuenta con 204 inmuebles y, según la información publicada, 86 son viviendas. El decreto abre ahora la posibilidad de que algunos terminen gestionados por Casa 47, sin especificar cuáles ni qué ocurrirá con sus actuales contratos.
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La "maldición de Maricarmen" suma así otro capítulo. Primero fueron los negocios inmobiliarios de la pareja de la dimitida Montse Mínguez; después, el expediente de Muface que alcanzó a Óscar López. La Alcaldesa de Granada también se llevó lo suyo. Ahora resulta que el decreto convertido en bandera electoral también necesita llegar hasta la letra pequeña para descubrir a quién protege, de quién y bajo qué condiciones.