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Crece la guerra en el Constitucional por la "ley de nietos": Vox combate el recurso de Gabilondo

Los de Abascal reclaman inadmitir el amparo del Defensor del Pueblo y rechazar sus cautelarísimas, sumándose al frente abierto por Iustitia Europa para mantener las restricciones sobre determinadas inscripciones del CERA antes del 29N

Santiago Abascal, durante un pleno en el Congreso

Santiago Abascal, durante un pleno en el CongresoSergio R Moreno

Mariola López
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La batalla por la llamada "ley de nietos" ya se libra a tres bandas y con el calendario electoral corriendo. Vox se ha personado ante el Tribunal Constitucional para combatir el recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, contra las medidas cautelares adoptadas por el Tribunal Supremo sobre determinadas inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

El movimiento llega después del de Iustitia Europa, que también presentó sus alegaciones ante el Constitucional para pedir que mantenga las resoluciones cautelares dictadas por el Supremo los días 10 de septiembre y 12 de octubre y rechace la petición de Gabilondo de levantarlas de manera urgente.

Vox persigue ahora el mismo resultado inmediato. Su primera batalla es procesal: sostiene que el recurso del Defensor del Pueblo es "prematuro" porque la vía judicial ordinaria todavía no se ha agotado. Recuerda, además, que el plazo de personación de los afectados para formular alegaciones permanece abierto hasta el próximo 22 de octubre.

La formación cuestiona igualmente que exista una "lesión constitucional actual" y que se haya justificado suficientemente la especial trascendencia constitucional exigida para el amparo. Gabilondo, sostiene Vox, "se limita a discrepar de una ponderación que la Sala Tercera hizo dos veces, de forma motivada y con voto particular".

El partido reclama por ello que el Constitucional inadmita el recurso o, subsidiariamente, lo desestime. Y pide expresamente que tampoco conceda las medidas cautelarísimas y cautelares solicitadas por el Defensor del Pueblo, porque entiende que podrían comprometer "la correcta conformación del censo" para las elecciones del 29N.

Vox defiende además que las resoluciones del Supremo no anulan la nacionalidad española de los afectados ni establecen una privación definitiva de su derecho al voto. El objetivo de las cautelares, argumenta, es preservar "la legalidad, objetividad y transparencia del censo electoral" mientras continúa el procedimiento.

El reloj es precisamente uno de los elementos que convierte la disputa jurídica en una carrera electoral. Iustitia Europa ya advirtió en el escrito que el primer periodo operativo del CERA se producirá entre el 24 y el 30 de octubre y alertó de posibles "efectos irreversibles" si las inscripciones recuperasen su operatividad antes de resolverse la controversia.

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