Portugal da un golpe sobre la mesa y barre las acampadas de Lisboa y Oporto
Las autoridades portuguesas ordenan retirar las tiendas instaladas en las principales plazas de ambas ciudades.
Acampada en Portugal
Portugal ha decidido actuar contra las acampadas que llevaban días ocupando espacios públicos de Lisboa y Oporto. Las autoridades portuguesas han desplegado un amplio operativo policial para desmantelar las instalaciones levantadas por los colectivos que protestan contra la crisis de la vivienda. La intervención, desarrollada durante la madrugada de este martes, 20 de octubre, se ha saldado con 55 detenidos en la capital portuguesa, según las informaciones difundidas sobre el dispositivo.
La decisión del Ejecutivo portugués contrasta con la situación que se vive en Madrid, donde la Puerta del Sol continúa ocupada por una acampada con reivindicaciones similares. Mientras las autoridades portuguesas han optado por ejecutar el desalojo tras advertir a los manifestantes, la concentración instalada en uno de los lugares más emblemáticos de la capital española permanece activa.
La operación comenzó alrededor de las seis de la mañana, hora portuguesa, después de que las autoridades lanzaran un ultimátum para que los participantes desmontaran voluntariamente sus tiendas de campaña. Ante la negativa de parte de los concentrados, la Policía de Seguridad Pública (PSP) puso en marcha un dispositivo para recuperar los espacios ocupados.
En Lisboa, el principal escenario de la intervención fue la plaza del Rossio, situada en pleno centro de la ciudad. Allí permanecían instalados desde el sábado numerosos manifestantes que reclamaban medidas para facilitar el acceso a la vivienda y protestaban contra las políticas inmobiliarias del Gobierno portugués.
Los agentes rodearon el campamento equipados con escudos y acompañados de unidades caninas. A través de megafonía, comunicaron a los participantes que debían abandonar inmediatamente la plaza y retirar sus pertenencias.
Sin embargo, algunos manifestantes decidieron desafiar la orden policial y organizaron un cordón humano para impedir el avance de los agentes. La resistencia obligó a intervenir a las unidades antidisturbios, que procedieron a desalojar a quienes se negaban a abandonar el lugar.
El dispositivo terminó con varias detenciones, que las informaciones difundidas cifran en 55. Algunos de los participantes denunciaron posteriormente supuestas agresiones policiales durante la intervención, aunque no consta que estas acusaciones hayan sido acreditadas.
Una vez desmantelada la acampada del Rossio, parte de los manifestantes se desplazó hasta la cercana plaza de Figueira. Allí mantuvieron una reunión para reorganizar sus protestas y anunciaron que continuarán movilizándose para exigir cambios en las políticas de vivienda.
La intervención policial también se extendió a Oporto, donde otro grupo llevaba diez días instalado en la plaza de Dom João I. Los participantes habían convertido este espacio en uno de los principales puntos de protesta contra el encarecimiento de los alquileres y las dificultades para acceder a una vivienda.
De hecho, la noche anterior al operativo, 35 manifestantes participaron en una votación para decidir si mantenían la acampada. La decisión fue continuar con la protesta, pero la llegada de los agentes y la advertencia de posibles detenciones provocaron finalmente la retirada de las tiendas.
El Gobierno portugués ha defendido abiertamente la actuación de las fuerzas de seguridad. El ministro de Administración Interna, Luís Neves, ha sido contundente al recordar que "la ley está para cumplirse", una declaración con la que ha justificado la intervención en los espacios ocupados.
Neves ha insistido en que el derecho de manifestación está reconocido y debe respetarse, pero ha advertido de que su ejercicio no permite incumplir la legislación vigente. De esta forma, el Ejecutivo portugués ha respaldado la actuación policial después de que expirara el plazo concedido a los concentrados para abandonar las plazas.
Las movilizaciones se enmarcan en un movimiento de protesta contra la situación del mercado inmobiliario portugués. Entre sus principales exigencias figuran la construcción de más vivienda pública, el establecimiento de alquileres asequibles, la paralización de determinados desalojos y la imposición de restricciones a las grandes operaciones de compra de inmuebles por parte de fondos de inversión.
Los organizadores también rechazan la reforma de los arrendamientos que impulsa el Gobierno portugués, al considerar que las medidas previstas podrían facilitar los procedimientos de desahucio y modificar las condiciones de los contratos de alquiler.
La situación guarda similitudes con la acampada que permanece instalada en la Puerta del Sol de Madrid, donde los participantes han llegado a organizar el espacio mediante una distribución de tiendas, pasillos y accesos internos para mantener la protesta.
En el caso madrileño, la presencia de las tiendas también ha generado quejas por las dificultades de movilidad y accesibilidad. La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA) ha trasladado a la Delegación del Gobierno las reclamaciones recibidas por los obstáculos que afectan al tránsito de personas con discapacidad en el entorno de la acampada.