El PP extremeño rompe el silencio sobre el caso Biedma y exige al PSOE que salga del "burladero"

El caso de la jueza Beatriz Biedma vuelve a sacudir el escenario político extremeño. El Partido Popular ha decidido llevar a la Asamblea de Extremadura las presiones y el presunto hostigamiento sufridos por la magistrada que investigó al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez. Los populares quieren que el Parlamento autonómico se pronuncie públicamente y condene cualquier intento de intimidación contra quienes desempeñan su trabajo en el ámbito judicial, institucional o periodístico.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha cargado contra el PSOE por su falta de respuesta ante unas informaciones que considera de "extrema gravedad". A su juicio, los socialistas están tratando de levantar un "telón de acero" alrededor de este asunto para evitar explicaciones sobre las presuntas maniobras de hostigamiento a Biedma.

"Desde el Grupo Parlamentario Popular seguimos esperando. Pasan los días, pasan las noticias sobre uno de los asuntos más dramáticos y más chapuceros de los que estamos viviendo últimamente como son las cloacas del Partido Socialista, y ante esta situación la respuesta sigue siendo la misma: un silencio totalmente vergonzoso", ha denunciado Sánchez Juliá.

La iniciativa llegará este jueves a la Asamblea de Extremadura mediante una propuesta de pronunciamiento que buscará una condena institucional de las "presiones, el acoso y las actitudes mafiosas" denunciadas contra la magistrada, así como contra funcionarios públicos, periodistas y otras personas que se encuentran desempeñando sus responsabilidades profesionales.

El objetivo de los populares es que la Cámara extremeña exprese su respaldo a Beatriz Biedma y defienda la independencia judicial frente a cualquier intento de presión o intimidación.

Sin embargo, el PP ha querido dirigir también sus críticas al portavoz socialista, José María Sánchez Cotrina, al que reclama una posición pública sobre lo ocurrido. Sánchez Juliá considera que el PSOE no puede permanecer al margen de un asunto de esta trascendencia y le ha exigido que sea él mismo quien defienda la postura de su grupo cuando se debata la iniciativa.

"Queremos saber qué opina de todo esto el señor Sánchez Cotrina, que intenta escaquearse, pero no le vamos a dejar que se meta detrás del burladero cuando desde el núcleo del Partido Socialista han montado unas cloacas para perseguir a una jueza", ha afirmado el dirigente popular.

Con estas declaraciones, el PP eleva la presión política sobre los socialistas extremeños y sitúa el próximo debate parlamentario como una oportunidad para conocer su posición institucional respecto a los hechos denunciados. Las acusaciones sobre la existencia de una operación de hostigamiento forman parte de una controversia que requiere esclarecer las responsabilidades de quienes pudieran haber participado en ella.

La propuesta se debatirá en el pleno del jueves 22 de octubre, una cita en la que el PP pretende que los grupos parlamentarios fijen su posición sobre la protección de la magistrada y la condena de las actuaciones denunciadas.

Durante su comparecencia, Sánchez Juliá también se ha referido a la ampliación de la red eléctrica extremeña. El portavoz popular ha atribuido al Ejecutivo de María Guardiola los avances conseguidos en la planificación de nuevas subestaciones, aunque ha advertido de que la comunidad continúa necesitando más capacidad eléctrica para atraer grandes proyectos industriales.

En concreto, ha alertado de que la planificación estatal podría comprometer inversiones cercanas a los 3.000 millones de euros, especialmente las relacionadas con la implantación de centros de datos. Por ello, ha anunciado que su partido continuará reclamando al Gobierno central las infraestructuras necesarias para garantizar el desarrollo económico de Extremadura.