El PSOE esgrime el secreto profesional ante los contratos que reclama Pedraz
El juez exige los contratos con abogados y consultoras para comprobar si los trabajos pagados por el partido socialista se realizaron realmente. Ferraz pide más tiempo y consulta al Consejo General de la Abogacía
El juez Santiago Pedraz
El PSOE ha encontrado un nuevo asidero para ganar tiempo ante Santiago Pedraz: el secreto profesional. Ferraz ha pedido una prórroga al juez de la Audiencia Nacional y ha consultado al Consejo General de la Abogacía Española antes de entregar los contratos con abogados, despachos y consultoras reclamados por el magistrado.
El movimiento llega después de que el partido dejara sin responder durante dos semanas el primer requerimiento. Pedraz pidió la documentación el pasado 6 de octubre y, al comprobar que no había recibido "contestación alguna", reiteró la orden y concedió al PSOE un plazo de 48 horas.
Lo que reclama el juez va bastante más allá de una lista de abogados. Quiere conocer las contrataciones realizadas entre 2021 y 2025 y acceder a contratos, notas de encargo y documentación interna que permita acreditar qué servicios se contrataron, cuánto se pagó y cómo justificó Ferraz que esos trabajos habían sido efectivamente realizados.
Ese es precisamente uno de los puntos sensibles de la investigación. Pedraz trata de reconstruir el circuito del dinero y comprobar si determinados pagos correspondieron realmente a los servicios profesionales que figuraban sobre el papel o pudieron servir para financiar actividades diferentes a las formalmente contratadas.
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La investigación está vinculada a las actividades atribuidas a Leire Díez y a las pesquisas sobre el dinero empleado para sufragarlas. Los investigadores analizan, entre otros extremos, la intervención de despachos y profesionales y si determinadas facturaciones pudieron actuar como vía para hacer llegar fondos destinados en realidad a otras actuaciones.
Ferraz esgrime ahora que revelar la identidad de determinados abogados puede permitir conocer también el objeto de sus asesoramientos y afectar a la estrategia jurídica del partido. Su Servicio Jurídico ha trasladado la cuestión al Consejo General de la Abogacía y solicita que Pedraz amplíe el plazo mientras espera una respuesta.
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El secreto profesional, sin embargo, no había quedado fuera del requerimiento judicial. Pedraz estableció expresamente que la información debía facilitarse siempre que no perjudicara ese derecho en los términos legalmente establecidos. También preservó el derecho a no aportar documentación que pudiera resultar autoincriminatoria.