Pedraz acorrala a Sánchez a 40 días de las elecciones: le da 48 horas para explicar los pagos de la cloaca

El juez Santiago Pedraz ha puesto el reloj en marcha. A apenas 40 días de las generales del 29-N, el instructor del caso de las cloacas exige al PSOE que en 48 horas entregue la relación completa de letrados, despachos y consultoras contratados entre 2021 y 2025, junto con los contratos, las facturas y los expedientes internos que justifican cada pago. No es un requerimiento rutinario: es un ultimátum tras meses de silencio de Ferraz.

La investigación ya ha acreditado que el partido canalizó fondos hacia Leire Díez —la fontanera— mediante despachos de abogados y facturas por servicios de comunicación que los investigadores consideran simulados. La gerente Ana María Fuentes declaró que se limitaba a ejecutar órdenes de la Secretaría de Organización; ahora Pedraz quiere saber quién autorizó realmente esas contrataciones, para qué se usaron y si sirvieron para financiar las maniobras destinadas a desactivar causas como Koldo, el caso del hermano o el de Begoña Gómez. La UCO ya ha certificado transferencias superiores a 43.000 euros a Díez a través de intermediarios vinculados al entorno socialista.

Pedraz había rechazado imputar al PSOE como persona jurídica “en este momento”, siguiendo el criterio de Anticorrupción de que aún faltaban diligencias. Este nuevo requerimiento no es un paso atrás: es el siguiente eslabón para determinar si existe un defecto estructural de control en Ferraz y un beneficio para el partido. El magistrado también ha imputado al exviceministro venezolano Nervis Villalobos y ha incorporado datos del Supremo sobre pagos en metálico desde la sede socialista.

A 40 días de las urnas, el mensaje es claro. Sánchez puede seguir hablando de mayorías progresistas y de la hucha de las pensiones, pero la justicia le exige ahora explicaciones concretas sobre quién pagó, a quién y con qué finalidad real. El cerco judicial no se ha disuelto con la convocatoria electoral; se ha acelerado. Y Ferraz tiene 48 horas para responder o asumir las consecuencias de no hacerlo.